domingo 25, septiembre 2022
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Defensa de campesinos paraguayos imputados dice que Justicia «dilata» proceso

Asunción, 3 jul (EFE).- La defensa de los campesinos imputados por la «masacre de Curuguaty», un enfrentamiento que terminó con la muerte de once labriegos y seis policías paraguayos en 2012, criticó hoy que el Poder Judicial «dilata por capricho el proceso» y los mantiene sumariados, lo que dificulta su labor.

«Este capricho por dilatar el proceso demuestra que el objetivo principal es demostrar quién manda», declaró uno de los integrantes de la defensa, el abogado Vicente Morales, según un comunicado de la ONG Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-PY).

Los once campesinos, que llevan tres años procesados sin juicio, primero en prisión y luego en arresto domiciliario, excepto uno de ellos, Rubén Villalba, que permanece encarcelado, serán juzgados el próximo 27 de julio.

Morales recordó que él y el otro abogado defensor, Guillermo Ferreiro, están sumariados por supuestamente retrasar el proceso, cuando en su opinión es el Poder Judicial el que ha postergado hasta en cuatro ocasiones el juicio oral.

«Nosotros presentamos incidentes, ese es nuestro trabajo, objetamos las decisiones que consideramos desacertadas, es nuestra obligación y responsabilidad», expresó Morales.

«Ellos dicen que dilatamos, pero esas dilaciones llevan 15 minutos resolverlas en una audiencia y aquí vamos un año y medio sin juicio oral con estas personas procesadas»,añadió.

El juicio estaba previsto para el pasado 22 de junio y fue postergado «por falta de salas en el Palacio de Justicia de Asunción», según comunicó el Poder Judicial a la defensa y la Fiscalía.

«Esto agregado al lamentable estado en el que se encuentran los procesados, madres y padres jóvenes humildes que no pueden salir a trabajar y uno de ellos que continúa en prisión», manifestó el abogado.

Más de 300 policías acudieron a Curuguaty, departamento de Canindeyú, el 15 de junio de 2012 a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras que reclamaban para la reforma agraria en ese distrito, cuando se produjo un tiroteo que aún no se sabe cómo se originó.

El sangriento episodio propició una semana más tarde la destitución en un juicio parlamentario del entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012).

El suceso se produjo en los terrenos de Marina Cué, llamados así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usados por un destacamento de la Marina.

Unas tierras por las que la empresa Campos Morombí, que dice ser la titular de las mismas, mantiene un litigio que dura ya casi una década, mientras que los campesinos de la zona afirman que son propiedad del Estado.

La firma pertenece a la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un histórico directivo del Partido Colorado durante la época de Stroessner.

La masacre ha cobrado relevancia internacional porque organizaciones nacionales e internacionales han denunciado la falta de imparcialidad en la investigación y han exigido que el uso de la fuerza por parte de la Policía y la muerte de los 11 campesinos sean igualmente investigadas. EFE

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