viernes 28, enero 2022
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Carta de la sociedad civil global sobre la agenda futura de negociaciones de la OMC

Adhesión de Patria Justa, Colectivo Sindical Latinoamericanista.

Estimados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC):

En representación de organizaciones de la sociedad civil provenientes de más de 100 países del Norte y Sur global, así como grupos de consumidores, ambientalistas, sindicatos, agricultores y otros sectores que abogan a favor del desarrollo; nos dirigimos a ustedes con referencia a la dirección equivocada que están tomando las negociaciones actuales de la OMC y para solicitarles que le cambien sustancialmente el rumbo a las negociaciones, previamente a la Conferencia Ministerial que se realizará en diciembre en Nairobi.

Es indispensable evaluar las políticas comerciales internacionales en términos de si contribuyen a distintas metas mundiales tales como la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, el desarrollo sustentable, la conservación ambiental, la estabilidad financiera, un mayor acceso a los servicios públicos de calidad, la creación de buenas fuentes de trabajo y la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Ahora, tras 20 años de experiencia con la OMC y su modelo de globalización agenciada por las grandes empresas transnacionales, es claro que este modelo particular de comercio le ha fallado a los trabajadores, agricultores, comunidades pobres, el medioambiente; mientras que facilita el enriquecimiento sin límites de unos pocos privilegiados.

Ya que su mandato es profundizar la liberalización y aumentar el comercio, en lugar de garantizar que el comercio sea un motor para el desarrollo y los demás objetivos mencionados anteriormente, la OMC es la institución equivocada para gobernar el sistema mundial de comercio.

Desafortunadamente, algunos miembros pretenden profundizar este modelo fallido e incluso expandirlo, por lo que es urgente cambiar de orientación. Se debe dar prioridad a la transformación del sistema, comenzando por mejorar las peores normas.

Es bien conocido que la mayoría de los países en desarrollo se dan cuenta de que las conclusiones de la Ronda de Uruguay generaron una serie de acuerdos en el marco de la OMC que los dejó en desventaja en el sistema mundial de comercio.

Desde ese momento, comenzaron a circular propuestas para mejorar los desequilibrios más profundos, a través de lo que se conoció como la «Agenda de Implementación». Los países en desarrollo no querían una nueva ronda de negociaciones sobre «acceso al mercado», que es una posición que comparte la sociedad civil.

Cuando los países en desarrollo acordaron iniciar una nueva ronda en 2001, se hizo con la promesa (y mandato) específico de que la ronda se centrara en los asuntos de desarrollo, entre ellos corregir los problemas existentes y la falta de equilibrio imperante en la OMC, enfocándose particularmente en mejorar las normas agrícolas tan supremamente sesgadas.

Desafortunadamente, desde entonces, algunos países desarrollados han insistido una y otra vez en relegar la agenda de desarrollo, a la vez que insisten en que sus asuntos de «acceso al mercado» tengan un papel prioritario en las negociaciones. Por lo tanto, casi 14 años después del inicio de la Ronda de Doha, los asuntos de desarrollo que los miembros acordaron priorizar siguen sin resolverse en el marco de la OMC. En este momento, este desequilibrio de las negociaciones no puede seguir manteniéndose.

La agenda equivocada: Mayor liberalización de bienes y servicios y nuevas listas de deseos de las grandes empresas

Se deben suspender inmediatamente las negociaciones para liberalizar aún más el «comercio de los servicios» a través de la expansión del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).

El fuerte control público de los servicios públicos y privados es crucial para la democracia, el interés público y el desarrollo, así como para el funcionamiento ordenado del mercado de los servicios.

La desreglamentación del sector financiero que se alentó, en parte a través de las normas del AGCS de la década de 1990, tuvo como resultado la reciente crisis financiera mundial y la consiguiente ola de recesiones a nivel mundial.

Además, nos oponemos particularmente a la inclusión de cualquier servicio público tal como la salud y los seguros, el suministro de agua potable y energía, la distribución postal, la educación, el transporte público, el saneamiento y otros que deben proporcionarse como servicios públicos accesibles y de calidad en interés del público.

Antes que se discuta cualesquier nuevas negociaciones sobre servicios, se deben evaluar las potenciales implicancias para los consumidores, trabajadores y el interés público, en especial ya que están relacionadas con el desarrollo futuro de los servicios para los países en desarrollo.

Por estas y otras razones, que figuran en una carta con fecha 16 de septiembre de 2014, a la que adhirieron 345 organizaciones de la sociedad civil, nos oponemos al plurilateral Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA) que se propone y a la posible expansión del AGCS en el marco de la OMC.

Por razones similares nos oponemos a que continúen las negociaciones para liberalizar aún más el comercio de bienes a través del pilar del Acceso al Mercado de Productos No Agrícolas (NAMA).
En las negociaciones se está enfocando la atención en sectores que son de particular interés para las empresas de los países desarrollados, en lugar de enfocarse en las oportunidades de exportación para los países en desarrollo.

Esto pondría en riesgo el crecimiento del empleo y la promoción del desarrollo industrial, en particular en los países en desarrollo. La transformación estructural que requieren muchos países africanos y PMA para generar fuentes de trabajo y disminuir la pobreza, aspectos clave de las Metas de Desarrollo Sostenible que se proponen, requiere que se protejan las industrias incipientes, que se promuevan las exportaciones con valor agregado, la transferencia de tecnología y otras herramientas que utilizaron todos los países desarrollados en su camino al desarrollo.

Además, la crisis mundial del empleo que significa que decenas de millones de personas continúan sin trabajo, no puede resolverse con una mayor liberalización del comercio de bienes.

Cualquier negociación futura sobre el comercio de bienes -entre ellas las negociaciones del NAMA, pero también aquellas de acuerdos plurilaterales propuestos, tales como la expansión del Acuerdo sobre Tecnologías de la Información (ATI-II) y las negociaciones sobre Bienes Ambientales-, se debe enfocar en la generación de fuentes de trabajo y la agenda de Trabajo Digno, desarrollada por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), junto con el movimiento mundial de trabajadores, en lugar de enfocarse en la agenda estrecha de reducción de los impuestos para las empresas.

La expansión del ATI y el ATI mismo, a través del establecimiento de metas de aranceles cero para los productos industriales, contradicen la naturaleza misma del espacio político necesario para aprovechar las políticas arancelarias como herramienta para promover el desarrollo industrial y la transformación estructural de las economías pobres.

Cualquier discusión sobre el acceso al mercado no agrícola se debe centrar en posibilitar el proceso de desarrollo industrial, incluso a través de la revisión y mejora de las flexibilidades disponibles para los países en desarrollo y cumpliendo con el principio de Trato Especial y Diferenciado; por ejemplo, proporcionando flexibilidades esenciales en el marco del Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC), que les permitan a los países en desarrollo utilizar herramientas en materia de políticas que son de importancia para el desarrollo industrial.

También advertimos a los miembros que nos oponemos firmemente a la inclusión de «nuevos asuntos» en una OMC con fallas fundamentales y que aún tiene que lidiar con las fallas fundacionales de las normas existentes.

Somos, asimismo, conscientes del deseo pernicioso de algunos miembros desarrollados de la OMC de dejar de lado, para siempre, la totalidad del mandato de desarrollo de la Ronda de Doha y remplazarlo con otra agenda de asuntos que promoverían los intereses de lucro de sus empresas.
Los países en desarrollo rechazaron firmemente estos asuntos en el pasado, incluyendo la inversión, las compras gubernamentales y la transparencia (los llamados «Asuntos de Singapur»). También incluyen las negociaciones sobre comercio electrónico (que ampliarían el dominio empresarial sobre la gobernanza de Internet y erosionarían el principio de privacidad digital y otros derechos digitales); el disciplinamiento de las empresas estatales; y las negociaciones sobre bienes y servicios ambientales (que simplemente se apropian de las connotaciones positivas del concepto «ambiental» para profundizar la liberalización).

Si bien hay muchos aspectos de la Ronda de Doha a los cuales nos oponemos, no cumplir con los aspectos de desarrollo y, a la vez, remplazar ese mandato con uno nuevo que se enfoque únicamente en los asuntos equivocados es el camino diametralmente opuesto a lo que debe dársele prioridad en el marco del comercio mundial.

Y tal como hemos argumentado previamente, debe dársele prioridad al desarrollo antes que a consolidar las listas de compromisos en materia de la Facilitación del Comercio.

También sabemos que se está presionando a los miembros de la OMC a ratificar el Protocolo de Implementación para la entrada en vigencia del Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio (AFC).
Reiteramos nuestra oposición general al AFC, tal como detallamos en una carta de la sociedad civil mundial del 6 de junio de 2013, particularmente debido a que el AFC implica consecuencias significativas en todos los frentes (regulatorio, institucional y legislativo), requeriría gastos a corto plazo y a largo plazo recurrentes y probablemente aumente las importaciones en algunos sectores mientras que no contribuye al fortalecimiento de las capacidades productivas y comerciales de los países en desarrollo.

Por lo tanto, continuamos solicitándole a los países en desarrollo que retrasen la ratificación y que presenten la menor cantidad posible de compromisos de la Categoría A (vinculantes).
La agenda correcta: Transformación agrícola y trato especial y diferenciado

En su lugar, los países en desarrollo y los Países Menos Adelantados (PMA) han hecho propuestas concretas referidas al mandato de desarrollo -entre ellas, sobre los asuntos de implementación, fortalecer y operativizar el Trato Especial y Diferenciado, la reforma de la agricultura y los asuntos de los PMA-; y son estas cuestiones las que deben volver a priorizarse como agenda en lugar de discutir un mayor «acceso al mercado» para las empresas de los países desarrollados.

Junto con la agenda de trato especial y diferenciado, los miembros deben dar inicio urgentemente a negociaciones para cambiar las normas actuales sobre el comercio de productos agrícolas; y, en particular, para abordar las inquietudes de larga data sobre los subsidios que distorsionan el comercio, que los países desarrollados acordaron reducir o eliminar hace años.

Es escandaloso que se les permita a los países desarrollados, pero no así a los en desarrollo, enormes niveles de subsidios para la exportación, además de ayudas internas que distorsionan el comercio. Es urgente discontinuar estos subsidios dañinos. No se les debería permitir a los países en la OMC perjudicar los mercados de otros miembros.

De manera semejante, si en el futuro hay negociaciones sobre acceso al mercado de productos agrícolas, se les debe permitir a los países en desarrollo proteger su producción nacional; deben poder recurrir a una amplia variedad de productos especiales designados autónomamente y deben tener acceso a un mecanismo especial de salvaguarda práctico y efectivo, en caso que sus mercados experimenten avalanchas dañinas de importaciones.

Paralelamente, urgimos a los miembros a que acuerden inmediatamente una solución en materia de seguridad alimentaria, permitiendo que se incluyan en la ‘Caja Verde’, programas de reservas públicas de granos y alimentos para los campesinos pobres.

Los miembros de la OMC deben superar el bloqueo escandaloso que le ha impuesto Estados Unidos a la propuesta de permitirles a los países en desarrollo establecer programas de almacenamiento y reservas públicas de granos y alimentos, como forma de apoyo a los productores agrícolas empobrecidos, así como para garantizar la seguridad alimentaria de sus poblaciones hambrientas.

Los miembros deben acordar urgentemente eliminar este obstáculo de la OMC al Derecho a la Alimentación.

En conclusión, toda negociación futura sobre comercio debe centrarse en las necesidades de desarrollo que precisan con urgencia los países. Es decir, en normas mundiales de comercio que faciliten en lugar de obstaculizar el desarrollo; incluyendo la transformación de las normas actuales sobre agricultura (entre ellas una solución permanente sobre seguridad alimentaria), y la priorización del Trato Especial y Diferenciado, las propuestas de implementación y las propuestas de los PMA; y debe dejar de lado las agendas del AGCS y de ampliación del NAMA que son de ‘acceso al mercado’, así como otras agendas empresariales de los países desarrollados.

Muchos de los cambios específicos que se requieren urgentemente en el sistema mundial de comercio se detallan en la declaración de Darle la Vuelta a la OMC de la red mundial Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS), a la que adhirieron grupos de la sociedad civil de todo el mundo.

La primera Conferencia Ministerial de la OMC en África no será un «éxito» si promueve políticas que van en contra de los intereses de desarrollo de los países africanos, los PMA y otros países en desarrollo.

Para que Nairobi sea un «éxito» debe cumplir con las aspiraciones de desarrollo y cambiarle el rumbo a la OMC.

Atentamente,
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP, Coordinador, PATRIA JUSTA: Colectivo Sindical Latinoamericanista
San José, sábado 4 de julio de 2015.

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