jueves 19, mayo 2022
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No a la Minería de Agua: La Nueva Ley del Recurso Hídrico No Debe Desecharse

Los titulares noticiosos destacaron nuevamente ayer los efectos de El Niño en nuestro Pacífico Norte y la sequía en Guanacaste, “la provincia de los pozos secos”. Los programas radiales trajeron las quejas de los vecinos de diversas localidades de esa provincia pidiendo con urgencia medidas que habiliten la utilización del acuífero de Nimboyores y la utilización más eficiente del embalse del Lago Arenal.

Mientras esto pasa un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa buscan llevar a la muerte el proyecto que se inició por iniciativa popular y luego fue consensuado por una amplia representación de sectores para dar gestión integral a los recursos hídricos del país. Representan esos y esas diputados y diputadas los intereses especiales de sectores que se oponen a este proyecto de ley pues no están de acuerdo con que las jerarquías de usos favorezcan el uso de consumo en los hogares por encima de otros usos como el riego ineficiente o las canchas de golf. Esos mismos intereses se oponen a que el agua sea un derecho humano reconocido en cantidad y calidad y de dominio estrictamente público.

Asimismo, han infiltrado y tratan de confundir a los sectores ambientalistas y ecologistas en tanto el proyecto “no es perfecto” porque se incluye el agua como un bien económico o se han cambiado los porcentajes 100% paritarios en los consejos de cuenca que se plantearon al principio en el proyecto. Se pretende confundir al ambientalismo tratando de asegurar que el que el agua sea un bien económico implica su privatización sin mencionar la imposibilidad que los principios de dominio público y de derecho humano crean.

Más allá, estas justas preocupaciones pueden discutirse y enmendarse en una comisión, donde perfectamente, por ejemplo, se podría modificar la denominación del agua a “bien social con valor económico” si es del caso. Pero enterrar este proyecto significa la mayor regresión ambiental al manejo integral y sostenible de este recurso que se pueda pensar, perpetuándose una injusticia ambiental enorme en beneficio de unos pocos. Es una situación de falta de regulación adecuada que nos lleva a continuar con patrones de más de 70 años de “minería de agua”.

La razón de la oposición férrea de los sectores afiliados a la agricultura, según lo refiere el Diputado Edgardo Araya, radica en que la Cámara de Agricultura no logró, al declararse inconstitucional, que el proyecto disminuyera las áreas de protección, conforme lo habían negociado para darle su apoyo. Recordemos que el riego y la fuerza hidráulica para la generación de energía son los principales consumidores en cuanto a caudal concesionado en litros por segundo con un cuarenta y ocho y un veintidós por ciento del total nacional respectivamente. El consumo humano tiene en concesión solamente un dieciséis por ciento del total. Las concesiones para riego están fundamentalmente en manos de productores de monocultivos a gran escala para la exportación (piña, banano, palma).

Cada día la competencia entre los usos y el control de la oferta hídrica se va convirtiendo en una fuente de mayor conflictividad. Así, la opinión pública nacional recuerda los conflictos entre los usos turísticos y las comunidades en lugares como Playa Potrero y Sardinal en Guanacaste. A esta competencia se va sumando la necesidad de comprender los efectos de la falta de aplicación de la normativa respecto a desechos que contaminan las cuencas y fuentes acuíferas. Así por ejemplo, los medios han destacado la contaminación de aguas con Bromacyl de la que se acusa a los productores de monocultivos.

Entre los entuertos que ayudaría a resolver el proyecto de ley, está el de lograr una fijación más científica y apropiada del precio del agua mediante su evaluación respecto a una variedad de factores que hoy día no se toman en cuenta en el canon del agua. Por ejemplo, ¿es lógico que un generador hidroeléctrico pague 0,12 o el agropecuario 1,29 colones por metro cúbico mientras el consumidor humano paga 1,46 si de alguna forma el consumo de estos otros usuarios termina generando des-economías o externalidades que perjudican el bienestar humano por atentar contra servicios ambientales esenciales para ese bienestar?

Precisamente, es en el espíritu de la gestión integral que se puede superar este tipo de contradicciones. El reconocimiento del agua como derecho humano básico y fundamental logra la superación de la pobreza del agua social en cantidad y calidad, redistribuyendo los costos y beneficios de su uso y conservación. Un pago adecuado de todos los sectores permite saldar lo que el Papa Francisco ha llamado la deuda social del agua mediante aportes económicos justos.

Resulta irónico que los sectores agropecuarios que piden al país hoy que apoye tesis con las que comulga la comunidad ambientalista, como la soberanía alimentaria, se oponga a este esfuerzo en pro de la sostenibilidad en el manejo de este esencial recurso para su actividad. Los llamamos a reflexionar.

La Fundación Neotrópica se manifiesta urgiendo a los legisladores a atender esta necesidad superando los intereses especiales que han obstaculizado la aprobación de esta ley. No se debe desechar este proyecto por el interés nacional. Reconocemos los esfuerzos de la titular de AyA y del Ministro del Ambiente en la negociación en estos días. Llamamos a que ese apoyo decidido visibilice también el compromiso y liderazgo del Presidente de la República y del Ministro de la Presidencia, cuyos papeles son imprescindibles en esta coyuntura. Aplaudimos la acción del plenario este lunes retrasando la discusión por quince días más y llamamos a todos los sectores sociales y patrióticos a integrarse en esta lucha por el bien común y de las futuras generaciones del país.

(*) Bernardo Aguilar González
Director Ejecutivo, Fundación Neotrópica

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4 COMENTARIOS

  1. Camaradas, aqui nadie se encuentra confundido. Solamente es un asunto de versiones que apoyan un proyecto y versiones que no opoyan un proyecto. No es el contexto del traicionado plebiscito del TLC que nos dejamos pasar simplemente por un TSE que conto los votos. Y porque algunos que estaban al frente de lo NO dejaron que se montara una maquinaria politica que luego los arruino y que la historia TARDE O TEMPRANO SE LOS COBRARA y les pasara la factura.

    Se conoce que algunas figuras que se dicen «ambientalistas de Costa Rica», han participado en las ceremonias y las misas de los MAGNATES DE LA COMERCIALIZACION DEL AGUA en Korea, Italia, Brasil, Roma y otras mas.

    Asi que no vengan en acusaciones que solamente tienen el interes de NO DISCUTIR LOS ELEMENTOS DE FONDO de un Proyecto de Ley que contiene más defectos que virtudes.

    • Compañero/a,

      Si ud quiere hacer acusaciones a nuestra Fundación, háganos el favor de identificarse. Actuar bajo un seudónimo podría dejar entrever falta de legitimidad en sus motivos o el que Ud. es un instrumento. disfrazado de ambientalista, de las cámaras que se oponen a este proyecto por intereses especiales.

      • De hecho, los costarricenses recuerdan la estrategia de las mineras en el conflicto de Crucitas de tratar de desviar la atención de los verdaderos responsables del daño ambiental tratando de presentar a los ambientalistas como fragmentados mediante topos o mercenarios que hacían las alegaciones más increíbles. La misma estrategia ha sido usada por otros megaproyectos como los proyectos de marinas en Osa. Muchos tratándose de aprovechar de las debilidades en la gobernanza ambiental del país por carecer de leyes adecuadas como es el caso aquí.

  2. Camarada Bernardo, igual que usted somos desconocidos en este universo y mundo. Lo importante es que podamos compartir algunos argumentos, beneficios y perjuicios del citado proyecto de Ley. En lo particular no tengo verdades absolutas, no las busco. Le dejo un criterio de la Sala Constitucional, con respecto al tema del expediente 17742, parece interesante de compartirlo y de ir aclarando los enredos y contradicciones existentes:

    “ En cuanto al segundo aspecto, se tiene claro que el SENARA es una institución autónoma del Estado (conforme se desprende de su ley de creación, no.6877, la opinión jurídica de la PGR OJ-138-2005 y el organigrama del sector público del MIDEPLAN) que fue creada como tal, por su especialidad técnica. Así entonces, como ente autónomo, goza de autonomía administrativa. En este sentido, consideramos que, ningún órgano (que por definición tendría menor categoría que una institución autónoma) ni tampoco un Ministerio (que corresponde a la Administración Central) pueden arrogarse las competencias de una institución autónoma, sin violar su autonomía administrativa. Ello sucede cuando se posibilita en el transitorio XII trasladar los empleados del SENARA al DINA y cuando en el art.129.2 se elimina la competencia de aguas subterráneas del SENARA. Máxime en el caso de esa competencia específica, puesto que, no queda claro en el proyecto, a quién se le está trasladando o si dicha competencia se está eliminando, lo cual supondría, en este último caso, una violación adicional al principio de no regresividad en materia ambiental. Por lo tanto, consideramos que en cuanto a este aspecto, también existen vicios de inconstitucionalidad” (Sala Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Voto 2014-12887 de las 14:30 horas del 08 de agosto del 2014).

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