Irrespeto de los derechos ciudadanos

Una de las características del comportamiento social que históricamente se ha manifestado en nuestro país, tanto a nivel gremial como individual, es el irrespeto de los derechos de los demás ciudadanos, cuando tratamos de hacer valer lo que individual o colectivamente consideramos una lesión a los nuestros. Y no se trata de desconocimiento, ignorancia o cualquier otro justificante, se trata simple y llanamente de egoísmo en su más rastrera expresión.

Estas actuaciones se convierten, entonces, en auténticos delitos de innumerables leyes y en el irrespeto de los más elementales derechos ciudadanos.

Así como en este momento los llamados “porteadores” (entiéndase taxistas informales a quienes los gobiernos anteriores concedieron beneficios desproporcionados a toda lógica) interrumpen la circulación por las vías públicas, manifestando su descontento por el acatamiento del actual gobierno de las disposiciones legales, hasta el punto de convertirse en cómplices de la imposibilidad de atender heridos de un accidente de tránsito y afectar las actividades comerciales y de libre tránsito de todos los ciudadanos, poniendo por encima del interés general sus reclamos particulares, así también existen otras manifestaciones, como las de los empresarios privados, solicitándole al Banco Central la devaluación de la moneda con respecto del dólar norteamericano, para obtener más ganancias, sin importarles los efectos inflacionarios futuros y el aumento del costo de la vida de los ciudadanos.

Los derechos humanos son la base de la ciudadanía democrática de la que nadie puede quedar excluido por principio según consideraciones circunstanciales. Pero en el momento de aplicarlos a defender y sustentar la ciudadanía es precisamente cuando sus títulos más ambiciosos quedan demasiado imprecisos y generales como para ayudar a quienes lo necesitan. Como bien explicó Michael Oakeshott (en su admirable obra «La política de la fe y la política del escepticismo») un derecho viene a ser la forma de reparar la frustración de mi deseo de actuar de determinada manera causada por un abuso del poder establecido.

Pero, me pregunto, en los casos puestos como ejemplo, ¿ha existido algún abuso por parte del poder establecido? O más bien, a quienes protestan o proponen medidas que solamente les beneficiaria a ellos, ¿están pensando el bien colectivo o solamente en sus intereses egoístas?

Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión o de asociación equivale a reparar el abuso de que se me impida practicar sin trabas una u otra, salvo causa justificada y precisada convenientemente por una ley democrática. El derecho a no ser discriminado por mis ideas religiosas, mi raza o mi sexo establece la reparación legal que anula los intentos abusivos de invocar tales causas para excluirme de las actividades que deseo llevar a cabo. Por supuesto, mi derecho a no ser encarcelado arbitrariamente o condenado sin un juicio justo de acuerdo con el procedimiento establecido repara atropellos posibles en estos terrenos que amenazan mi integridad cívica.

En otros casos, el derecho no consiste en reparar un abuso coercitivo sino una carencia que amenaza también el ejercicio de mi ciudadanía. Por ejemplo el derecho a la educación y a la sanidad públicas, así como otras formas de protección social, vienen a reparar deficiencias que obstaculizarían gravemente mi plena condición de ciudadano (que en democracia, no lo olvidemos, exige mi participación en la toma de decisiones y a fin de cuentas en el gobierno del país, imposible cuando se padecen lacras de abandono, miseria e ignorancia).

En todos estos, el derecho que se me reconoce corresponde al reconocimiento de una obligación concreta por parte de las instituciones estatales. Es precisamente esa obligación la que define, concreta y sustancia el derecho invocado. Si tal obligación queda vaga e imprecisa, el derecho mismo estará aquejado por idéntica fragilidad, por mucha que sea su significación en el plano del ideal político o incluso antropológico.

Al tejido social suele atribuírsele tanto la noción de deterioro ético en el comportamiento de determinados grupos, como las de inseguridad y delincuencia generalizadas. También se le confieren cualidades de solución, a través de reiterados llamados a la participación de individuos, familias, asociaciones, comunidades y entidades de los tres niveles de gobierno –a la ciudadanía en general– a participar en los procesos y estrategias planeadas para fortalecerlo, reconstruirlo o bien restablecerlo.

El tejido social regula y determina las condiciones de participación y colaboración existentes entre individuos, familias y grupos, condición por la cual, en el caso de nuestro país, no puede considerarse abatido. Es por su acción que por ejemplo, existen muestras espontáneas de solidaridad hacia quienes han sufrido la inundación de sus casas o testimonios de empatía y colaboración con los vecinos, o existen familias que son espacios abiertos y correspondientes, en el más amplio sentido, para la afectividad, la comunicación y la adquisición de la más básica integralidad humana, fundamentada en el aprendizaje y la práctica de valores.

En este contexto, resulta indispensable el cabal entendimiento del concepto “Tejido Social‟, conocer su función en el complejo entramado de las sociedades, identificar claramente las acciones que inciden directamente en su solidez o debilitamiento y finalmente, orientar las estrategias de prevención social del delito hacia su regeneración permanente.

Con relación a lo actuado por los porteadores, interrumpiendo el libre tránsito de personas en las principales vías del país, debemos recordar que el derecho al libre tránsito implica la facultad que tiene toda persona de poder desplazarse libremente y con total discrecionalidad, por cualquier lugar del territorio nacional, con los límites establecidos por las leyes. El sujeto activo de este derecho es cualquier persona natural, y el sujeto pasivo es el Estado o cualquier persona natural o jurídica, por tratarse de un derecho fundamental.

En general, podemos señalar que el derecho a transitar o circular libremente por el territorio nacional se encuentra reconocido dentro del catálogo clásico de libertades o derechos fundamentales, es decir, dentro del núcleo duro o esencial de derechos reconocidos a toda persona humana en las Constituciones de todo Estado moderno, los cuales representan valores éticos y políticos asumidos por la comunidad, e implican un deber de abstención del Estado y los particulares a fin de no limitar o restringir su ejercicio.

Nadie niega el derecho de protesta de los grupos de ciudadanos particulares, cuando se sienten afectados por una decisión gubernamental, pero debemos recordar que el balance de los derechos depende del equilibrio y el respeto de los otros derechos que tienen todos los demás ciudadanos.  La lesión de los derechos más generales para defender uno en particular se convierte, en este caso, en una lesión grave a la convivencia dentro del tejido social y en muchos casos en delitos claramente definibles.

Por lo tanto, prescindiendo de lo justificado o injustificado que puedan ser las acciones de protesta de grupos específicos, no se puede permitir que las mismas afecten los derechos ciudadanos, pues a partir de ese momento se convierten en delito.

Alfonso J. Palacios Echeverría