sábado 1, octubre 2022
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Por el respeto a la legalidad y en defensa del Plan de Modernización del Transporte Público

El Servicio Especial Estable de Taxi (SEETAXI) como bien lo establece la legislación vigente es un servicio previsto “…para que se brinde de puerta a puerta para satisfacer una necesidad del servicio limitado y dirigido a un grupo de personas distintas…” del que se presta en los otros tipos de transportes remunerados de personas, forma de operación que irrespetan.

La Ley 8955 que regula este tipo de servicio, estableció que su operación tiene que respetar ciertos límites y no invadir las competencias y características establecidas por la Ley Reguladora Transporte Remunerado Personas Vehículos Automotores del 10 de mayo de 1965 y sus reformas (Ley 3503).
De igual manera, en el Transitorio II de dicha Ley (8955) se indicó que corresponderá al Consejo de Transporte Público:

“a) Establecer los requerimientos nacionales de transportación del Servicio Especial Estable de Taxi.
b) El porcentaje de unidades que se autoricen para la prestación del servicio especial nunca podrá llegar a equipararse a los autorizados para la prestación del servicio regular estable de taxi, por ser un mercado residual y limitado.
c) De esta valoración dependerá el número de permisos especiales que podrá otorgar el Consejo de Transporte Público, el cual será, para esta única vez, del treinta por ciento (30%) a nivel nacional de las concesiones autorizadas de taxis por el Consejo de Transporte Público.
d) Para los efectos correspondientes, el Consejo de Transporte Público llevará un registro de control de todos los permisos autorizados. ”

Lo señalado en el punto c), producto del dictamen de la Procuraduría General de República, es lo que genera la disconformidad de los porteadores sin que exista justificación para ello.

Recientemente nuestra organización participó en el 1er Congreso de Movilidad Urbana, auspiciado por diversas Diputadas y Diputados, en donde participaron académicos y diferentes representantes de la Sociedad Civil, ahí se discutió sobre el caos al que están sometidas nuestras ciudades, sobre los efectos negativos en la calidad de vida provocados por ese desorden y los daños a la economía de todas y todos los habitantes.

La necesidad de repensar las ciudades para dar prioridad a los peatones, ciclistas y a los distintos tipos de transportes de personas, se contrapone con el interés de algunos que pretenden mantener el caos en nuestras ciudades, cediendo el interés público a favor de intereses particulares.

CANABUS manifiesta a la opinión pública nacional, al Poder Ejecutivo y en especial a las autoridades del CTP-MOPT, nuestra férrea posición de respeto al marco legal vigente y a los planes de modernización concertados y a no permitir que aprovechándose de este momento de crisis nacional, un sector trate de imponer por la fuerza soluciones anti técnicas que en nada contribuyen con las necesidades del país, sin razón y en detrimento del bien común.

(*) Alfredo Villalobos Salazar
Presidente de Asociación Cámara Nacional de Autobuseros (CANABUS).

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