lunes 27, junio 2022
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Porteadores y movilidad urbana

El 24 de junio de 2010, el periódico Al Día consignó el siguiente titular y noticia: “Avances en negociación con porteadores” “ El jerarca Francisco Jiménez indicó que se lograron conciliar posiciones entre los representantes de los porteadores, el Foro Nacional de Taxistas y el Foro Nacional de Transporte Público (modalidad autobús), entre otros”.

El resultado de la “conciliación” entre estos actores fue la Ley del Servicio Especial Estable de Taxis, Ley número 8955, cuyos resultados negativos los preví en aquel entonces y por no estar de acuerdo con esa “conciliación”, publiqué mi posición en un medio de comunicación nacional indicando que: “… La figura del porteo aparece por primera vez en el país por la influencia de la Ley Española… En ese sentido, el porteador como auxiliar del Código de Comercio Español del siglo XVIII. Luego por Decreto N° 104 del 6 de junio de 1853, el Congreso Constitucional de Costa Rica elevó a Ley de la República el Código de Comercio Español.

Posteriormente, aparece nuestra primera Ley General de Transportes, promulgada por la Ley N° 7 del 29 de noviembre de 1909, “Ley sobre Transportes” la cual adopta la figura del porteador contemplada en el Código de Comercio autorizándose el porteo de personas y cosas y deroga las disposiciones del porteador del Código de Comercio de 1853. Esta normativa distingue entre empresarios particulares y empresarios públicos.

Entre los años 1909 a 1961 la figura del porteo se mantiene intacta, pero olvidada en el tiempo, ya que a partir de 1926, con la Ley de Tránsito, se introducen otras figuras de transporte de personas tales como vehículos de alquiler y los destinados al transporte de personas desde garajes autorizados y comparten el espacio público con carreteras, carretones y caballos. Es así como a partir del año 1935, son regulados con los vehículos ruleteros y los que funcionaban desde sitios de paradas en calles públicas. El concepto taxi aparece por primera vez mencionado normativamente en el año de 1960, con la Ley N° 2658 del 16 de noviembre de 1960, que más que una nueva legislación en materia de transporte público es la primera legislación de taxis en Costa Rica.

Luego se promulgó el Código de Comercio en 1964, y contempla en los artículos 323 y siguientes la figura del porteador como auxiliar del comercio, y ahí se configura el porteo de personas. Este Código contempla la derogación del Código de Comercio de 1853, salvo el Título III del Comercio Marítimo, que deroga igualmente la Ley de Transportes de 1909 y el Código de Comercio de 1961, que nunca entró en vigencia.

Contemporáneamente se dictó la Le N°3503 del 10 de mayo de 1965 que es la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores. Esta normativa se promulga como una normativa especializada en materia de transporte público, contemporánea al Código de Comercio de 1964, pero su vigencia es posterior a la normativa de comercio, entre sus características podemos anotar que con esta Ley, que además tiene carácter de Ley Especial, se variaron las condiciones otorgadas en un inicio al porteador en el Código de Comercio, ya que en adelante tenía que ser concesionario o permisionario para poder transportar personas en forma remunerada. Con esta regulación las empresas públicas de porteadores reguladas en el Código de Comercio quedaron tácitamente derogadas.

Tanto la jurisprudencia de la Procuraduría General de la República como la de la Sala Constitucional han venido perfilando y delimitando cuales son técnicamente los limites operacionales del porteo de personas. Del contenido de las principales sentencias de la Sala Constitucional, se derivan los siguientes aspectos sobre el porteo:

El porteo, en cuanto a transporte de personas es una actividad lícita, pero residual y limitada (considerando IV Voto 5850-04)

Está prohibido al porteador transitar en la vía pública ofertando los servicios o en busca de demanda de pasajeros (considerando V Voto 5850-04)

El porteador no puede hacer uso de taxímetros o “marías”.

Los vehículos de los porteadores no pueden utilizar logotipos o rótulos similares a los taxis de servicio público.

Los porteadores deben tener locales u oficinas comerciales para contratar clientes del servicio privado.

Las autoridades de Tránsito están facultadas para controlar que los porteadores no invadan la actividad propia de los taxis de servicio público…”

El planteamiento realizado era regular la materia con lo que ya había planteado la Sala Constitucional desde el año 2004, en el Voto 5850-04 que estipuló lo siguiente: La jurisprudencia de esta sala define con precisión la línea divisoria entre las actividades que pertenecen al derecho privado de las del derecho público: “Una actividad privada que satisface necesidades o intereses de carácter general, será objeto del interés estatal y estará legitimado por el Estado para intervenirla mediante la Legislación declarándola servicio público”

Sin embargo, el camino escogido fue otro, lo que llevaría a las consecuencias y gollerías que hoy lamentamos.
Movilidad Urbana

Mientras en las principales ciudades del mundo y América Latina se discute la necesidad de garantizar una movilidad urbana sustentable, creando nuevos marcos legales regulatorios que reconocen el derecho a la movilidad con criterios distintos a los que solo priorizaban el uso del automóvil, aquí en nuestro país los porteadores pretenden reinar con sus vehículos, en las intransitables y caóticas ciudades de nuestro país.

El esfuerzo de varios sectores de la sociedad civil, de diputadas y de diputados de distintos partidos políticos, académicos y otros, por una movilidad sustentable, reflejado en el Primer Congreso de Movilidad Urbana realizado recientemente, puede no tener éxito si cedemos al chantaje que los empresarios dueños de los SEETAXI por la fuerza nos quieren imponer.

En este orden de cosas, de una vez por todas se debe legislar adecuadamente para ordenar este sector del transporte público, para que el caos que pretenden perpetuar no tenga éxito y cese la explotación por parte de unos pocos de los verdaderos operadores de este servicio.

CANABUS propone la formulación de una nueva legislación que mantenga la eliminación del porteo y que transforme a los SEETAXI en taxis formales, mediante estudios de demanda de la Universidad de Costa Rica o del Instituto Tecnológico de Costa Rica de manera que se satisfagan las necesidades de servicio público en este tipo de vehículos y se elimine cualquier forma de corrupción en la adjudicación de estas placas y se respete el espíritu de la Ley de Taxis, “una placa por cada operador”.

(*) Alfredo Villalobos Salazar
Presidente de Asociación Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus).

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