“Privatising State-Owned Enterprises” (Privatización de las empresas públicas), es un informe publicado en 2003 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que “…contribuye a la difusión de información sobre los métodos y técnicas de privatización de la OCDE. Se basa principalmente en la información que se ha acumulado en el transcurso de vida de la Red de Privatización de la OCDE, y su actividad de divulgación”.
En el prefacio, el informe es claro al indicar que “…proporciona una visión de experiencias de los países de la OCDE para apoyar a los gobiernos en los futuros esfuerzos de privatización”, y que la “experiencia demuestra que se necesita un fuerte compromiso político para la privatización al más alto nivel para superar la inercia burocrática y avanzar el proceso”.
Posteriormente, en 2011, la organización publica “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas”.
En el documento se establece:
“La experiencia de la OCDE también ha demostrado que el buen gobierno corporativo de las empresas públicas constituye un importante requisito previo para llevar a cabo una privatización efectiva desde el punto de vista económico, dado que hará que las empresas resulten más atractivas para los posibles compradores, aumentando su valoración”. (p. 9).
En otras palabras, ¿con dinero público se paga a los privatizadores con cargos públicos temporales “al más alto nivel” para que se encarguen de remozar con fondos públicos –o bien empréstitos que ellos controlan- las empresas públicas que otros debilitaron para luego estas “resulten más atractivas”, “aumentando su valoración” “para los posibles compradores”?
Esta estrategia no es “ganar-ganar”. La estrategia es más bien “ganar-perder”: Con lo público se pagan (viajes, salarios, pensiones, encerronas, cumbres, etc.) a los empleados públicos temporales encargados de “diseñar e implementar las estrategias de privatización”. Una vez logrados los requisitos previos para la privatización que igualmente han sido pagados con fondos públicos, entonces se procede a la venta de los activos estatales. Gana: lo privado; pierde: lo público. ¿Quién en su sano juicio emplea y paga con sus fondos para que luego a quien empleó y pagó le haga perder lo suyo, pero, además, le siga cobrando para mantener lo que es de otros?
Previo a las “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas”, sin embargo, el Instituto de Investigación de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, publicó en 2005 “The Sources of Neoliberal Globalization” (Las fuentes de la globalización neoliberal), por Jan Aart Scholte.
En el apartado sobre la “Dinámicas del Neoliberalismo”, se encuentra “Governance: From statist to decentred regulation” (Gobernabilidad: De estatista a la regulación descentralizada). En el apartado se apunta:
“Las políticas de privatización, liberalización y desregulación han sido interpuestas, no sólo a través de los Estados nacionales, sino también a través de una serie de organismos supraestatales, organismos subestatales y mecanismos reglamentarios privados”.
“Espacios supra-territoriales han requerido al menos un mínimo de regulación regional y transmundial para fines tales como la normalización técnica. Con el tiempo los regímenes multilaterales resultantes han ampliado la escala y el alcance de sus actividades para convertirse en sitios importantes de gobierno. Más en particular, varios de los ejemplos más grandes e influyentes de mecanismos supraestatales –por ejemplo, las instituciones financieras internacionales, el NAFTA, la OMC y la OCDE- se han convertido en canales clave para el fomento de las políticas neoliberales. Las organizaciones como el FMI y el Banco Mundial han sido especialmente influyentes en los países cuyos gobiernos de otra manera se han mostrado más reacios a moverse en la dirección del laissez-faire”.
En “A Vote for Change: Costa Rica Votes in a New President” (Un voto por el cambio: Costa Rica elige nuevo Presidente) (Truthout, abril 2014), dice:
“…en general, la población de Costa Rica está pagando el precio por la apertura del gobierno a las corporaciones multinacionales por la sugerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)”.
“Bajo la supervisión del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), continúa desempeñando un papel cada vez más importante en la privatización de la economía costarricense”.
“Todos estos ajustes y los préstamos vienen de la mano con el Acuerdo Centroamericano de Libre Comercio, firmado como ley en 2007 y puesto en vigencia en Costa Rica en 2009. El CAFTA ha abierto sutilmente la puerta para los grandes inversores para explotar aún más la tierra y los recursos de Costa Rica. Y CAFTA es sólo el comienzo”.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, por su parte ha publicado el documento “Costa Rica Investment Climate Statement” (Declaración sobre el clima de inversiones) (2015).
En este documento se plantea vasta información sobre el país que probablemente la población en general la desconozca. Dentro de esa información se tiene que:
“Gran parte de la infraestructura básica de Costa Rica –puertos, carreteras, sistemas de agua- necesita importantes mejoras. En un importante paso adelante para la infraestructura portuaria, la holandesa APM Terminals irrumpió a principios de 2015 en su largamente demorado megapuerto por USD 1 mil millones en la costa caribeña. Las asociaciones público-privadas, así como las concesiones siguen enfrentándose a numerosos desafíos jurídicos y de procedimiento que han retrasado, o en algunos casos, cancelado proyectos de infraestructura clave. Incluso China, que ha tratado de invertir en dos importantes mejoras de infraestructura, ha visto estos proyectos estancados por preocupaciones burocráticas y legales”.
Dice además la declaración que:
“Los activos totales consolidados de los bancos comerciales públicos del país fueron de aproximadamente USD 12 mil millones de dólares en diciembre de 2013, mientras que los activos totales consolidados de los ocho bancos comerciales privados fueron de aproximadamente USD 5,8 mil millones y los activos totales consolidados de las seis cooperativas de crédito fueron USD 2 mil millones, para activos combinados de todos los grupos de bancos (bancos públicos, bancos privados y cooperativas de crédito) de aproximadamente USD 20 mil millones a diciembre de 2013”.
Y, según el Departamento de Estado, “Costa Rica no tiene una agenda activa de privatización”… pero sí ha tenido una sutil, gradual agenda de privatizaciones…
Vistas estas informaciones, no podemos en realidad decir que no nos encontramos ante el Gobierno del “cambio”; empero ¿el cambio es para concretar las políticas neoliberales para la privatización de los activos públicos?
¿Qué podríamos suponer si: “Presidente Solís reitera compromiso del Gobierno de Costa Rica para ingresar a la OCDE. En el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera, sostuvo una reunión con el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría. Durante este encuentro, el mandatario reafirmó la alta prioridad que tiene el ingreso de Costa Rica a dicha organización”. (XXIV CUMBRE IBEROAMERICANA, 8 de diciembre de 2014)?
¿Es de entenderse el “corre, corre” para terminar de ingresar a tan “distinguido” y “selecto” grupo…? De hecho, ya en la cuenta de Twitter “GobiernoCR” se anuncia “Países de OCDE aprobaron programa de adhesión para Costa Rica”… (1/8/15, 11:50). ¿O deberíamos decir “Programa de privatizaciones de las empresas públicas, entre otros, para Costa Rica”…?
¿Seguros de que los abusos en los salarios de algunos empleados públicos no fueron ocasionados como estrategia de privatización y crear el “descontento” de la población?
Para subsanar ese problema ¿es necesario, por ejemplo, privatizar lo público?
¿Seguros, además, que el problema es lo estatal? ¿O más bien lo serán los privatizadores con cargos públicos temporales de “alto nivel” comprometidos con las privatizaciones y los grupos supraestatales…?
Queda en manos de la población costarricense los cambios que la misma población requiere, no aquellos que nos vengan a contar otros…
(*) Gerardo Barboza
Educador
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