miércoles 30, noviembre 2022
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Gobierno tras diálogo para que familias desalojadas en Finca Chánguena acepten dineros para alquiler

San José, 4 Ago  (Elpaís.cr) – El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, se reunió este lunes con representantes de la comunidad de Chánguina ubicada en Palmar Sur, para entregar un documento con las acciones y el acompañamiento de las instituciones públicas para las familias desalojadas de la Finca Chánguina.

Según lo acordado el sábado anterior, Presidencia presentó una propuesta que contiene las acciones del Gobierno de la República para buscar soluciones sostenibles en el corto y mediano plazo, en aras de resolver la problemática que enfrentan en vivienda y tierras.

La propuesta planteada por el Ministro de la Presidencia contempla que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) daría un soporte económico a las familias para el pago de alquiler de vivienda o asistencia para aquellas que si tienen donde vivir.

Desde el domingo el IMAS levantó un listado de las familias que clasifican para ser objeto de esta ayudas. El día de hoy el IMAS se han entregado 31 benefecios y continua atendiendo a las familias de la zona.

Además, el Gobierno anunció que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), junto con la Universidad Nacional (UNA), trabajan en una propuesta para implementar un proyecto productivo para dotar a las familias de una opción de empleo.

«No hubo grandes objeciones por el fondo de la propuesta, sin embargo, la comunidad tiene algunas dudas sobre la legalidad administrativa y judicial del proceso. Esta mañana conversé con los líderes de estas familias y el diálogo sigue abierto», explicó Alfaro.

Acompañando al Ministro de la Presidencia en este encuentro estuvo el Presidente del INDER, Ricardo Rodríguez.

Las familias fueron desalojadas la semana anterior y se ha denunciado en esta semana que hay varias familias durmiendo debajo de puentes y en condiciones similares.

Asamblea Legislativa

Sobre el caso, el Jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Gerardo Vargas Varela, denunció el lunes ante el plenario legislativo un conflicto de intereses entre la Procuraduría General de la República (PGR), y Oscar Echeverría Heigold, un empresario que solicitó el desalojo, que a este domingo se terminó por completar en la zona.

Echeverría asegura que los argumentos son válidos y que la orden fue dada, mientras que en la bancada frenteamplista cuestionan la validez de las acciones tomadas por el Gobierno, aunque estas fueron validadas por un juez.

“No es posible que los únicos emisarios que el gobierno envió a la zona, hayan sido los antimotines. El gobierno protege a este empresario tan cuestionado y violenta a las familias campesinas. Cuando los antimotines sacaban a los niños a la calle, no había nadie del PANI para protegerlos, pero ahora que están en el puente, sí andan allí presionando a los padres”, dijo Vargas Varela.

Según el diputado, hace más de un año la Procuraduría firmó un acuerdo con el empresario, en el cual se le facultaban las tierras. Echeverría tenía un contrato de arrendamiento que se firmó en 1991 y venció en el 2011.

Lo que el frenteamplista reclama, es que ese contrato venció hace cuatro años, pero por algún motivo la PGR re negoció con dicho empresario, se detuvo un proceso judicial contra el Estado y a la vez las tierras volvieron a nombre del empresario causante de los desalojos.

De acuerdo con Vargas Varela, Echeverria Heigold tuvo hasta hace poco deudas millonarias con la CCSS y a pesar de haber recibido créditos cuantiosos de bancos del Estado, se declaró en quiebra. “Este señor tiene un historial de denuncias de violaciones a derechos de trabajadores en sus empresas, estafó a las cooperativas que tenían las tierras y ahora descaradamente quiere arrebatárselas a los mismos trabajadores que explotó durante años”, señaló.

Cabe recordar, que Echeverría Heigold también es recordado por haber sido quien regaló un auto a Oscar Arias, a los pocos días de haber ganado las elecciones.

Para la bancada del FA, Costa Rica debe abrir muy bien los ojos y encender las alertas porque desde su percepción, “el Gobierno está protegiendo a un empresario cuestionado mientras violenta la vida de campesinos”.

Vargas destacó en plenario que estuvo en la zona y que hay familias que están incluso todavía al lado de la carretera Interamericana Sur ya que no tienen donde dormir, y que están dispuestos a bloquear el paso a la frontera con Panamá.

Aunque en el PAC defienden que miembros del Gobierno visitaron la zona, Varela dijo que, “ahí no hubo nadie del Estado más que los antimotines, eso es vergonzoso”.

Ante la exigencia de respuestas gubernamentales, el Ministerio de la Presidencia ya comenzó una investigación para determinar cuáles fueron las causas específicas que dieron luz verde a este desalojo, así como su viabilidad.

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1 COMENTARIO

  1. Las fincas son de una(s) cooperativa(s), inclusive parece que una de ellas es de una empresa de tipo S.A.

    Esas fincas son arrendadas a un empresario, el tipo Echeverría, que contrata a trabajadores. Echcverría va a la quiebra y ahora los trabajadores (y por lo que me cuentan otro montón de «amigos»), quieren hacerse de la tierra.

    Esto no es ni legal ni moral. Pero además el desalojo lleva AÑOS desde que se ordenó. Ni Abel P’al Techo, Ni Arias S. ni la «fírmeme esta» hicieron nada.

    ¿Por que el Estado ahora tiene que andar sacando dineros del erario público para «ayudar» a unos ex empleados cuya querella es con Echeverría y NO con el Estado?

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