miércoles 18, mayo 2022
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Pobladores de Palmar Sur duermen en la calle mientras Gobierno define solución

San José, 5 Ago (ElPaís.cr) – Luego de que 100 familias fueran desalojadas en Palmar Sur de Puntarenas por aprobación de la Procuraduría General de la República (PGR), el Gobierno aún no logra un acuerdo para ponerle fin al conflicto que viven los vecinos de la zona.

En una reunión mantenida la noche de este pasado lunes, el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, mantuvo una reunión con familias desalojadas de la comunidad de Chánguena,  donde se definió que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) les ayudará económicamente para el pago de alquiler de vivienda. Poco más de 30 familias han recibido la asistencia.

Sin embargo, aún hay un significativo número de familias e incluso diputados indignados con lo sucedido, que reclaman el por qué el Gobierno no reaccionó ante la decisión tomada por la PGR de aprobar el desalojo total de una finca en Palmar Sur a favor de un empresario costarricense.

El Gobierno asegura que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y la Universidad Nacional (UNA) están coordinando una propuesta para dotar estas familias de empleo.

El socialcristiano, Gerardo Vargas Rojas recalcó que Oscar Echeverría (empresario) no le pertenecen las tierras, ya que según dijo “ni es propietario ni arrendatario”.

Para Rojas , lo sucedido responde ante lo sucedido hace más de un año, donde la Procuraduría firmó un acuerdo conciliatorio con el empresario, quién tuvo un contrato de arrendamiento firmado en 1991 pero venció el 29 de junio del 2011.

“La PGR negoció con Echeverría para detener un proceso judicial planteado contra el Estado y esto generó el desalojo de quienes han poseído, cultivado y cuidado esas tierras durante más de una década”, indicó el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Legisladores de diferentes fracciones, sindicatos e incluso la Defensoría de los Habitantes se han pronunciado al respecto, alegando que estas personas fueron tiradas a la calle sin ningún tipo de ayuda ni protección social, lo que causó que algunas de estas familias hayan tenido que dormir a un lado de la carretera Interamericana Sur.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA), Carlos Hernández manifestó que el pueblo costarricense tiene derecho a saber que el contrato en ningún momento fue renovado, y que más bien  en una segunda parte legal se interpusieron causas penales contra el arrendante por incumplimiento del contrato, daños y perjuicios, proceso que aún está abierto ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

“Es indescriptible lo que acontece en Osa, tenemos por un lado un Gobierno que se doblega ante la solicitud de desalojo, a todas luces llena de vicios de un magnate que reclama tierras que según la misma Procuraduría no le pertenecen, ni sobre las cuales le asiste ningún derecho, por otra parte más de 80 familias son desalojadas con violencia, sin ninguna consideración, con base a una orden judicial que es inaplicable en la actualidad por vicios ya señalados”, indicó Hernández.

Cabe recordar, que en el año 2014, Echeverría Heigold interpuso una solicitud de desalojo que no se realizó en el 2012 y al mismo tiempo amenazó al Estado por varios millones de colones si no cumplían y este fue aprobado la semana anterior bajo el argumento que era un asunto de interés público.

Tres días antes de que se realizará, el Procurador Luis Diego Florez Zúñiga notificó al Contencioso Administrativo que era un acto ilegal, ya que la solicitud estaba apoyada en fallos judiciales del Tribunal Agrario de Corredores, mismo que fue rechazado a Echeverría a causa del vencimiento de su contrato, pero de igual manera se llevo a cabo.

“Exigimos soluciones integrales, esta es gente buena, es nuestro pueblo campesino, víctima de patronos irresponsables que los dejaron abandonados hace años sin pagarles sus derechos laborales, ellos ni piden regalos, piden tierra para trabajar y sacar adelante su familia, piden que no los saquen de lo que han conocido toda su vida como el hogar”, destacó el diputado frenteamplista.

Mientras las críticas llueven al Gobierno, el Ministerio de Seguridad asegura que el desalojo no fue practicado por su voluntad sino por órdenes mayores, y el Ministro de la Presidencia busca la forma junto con otras entidades de solucionar este problema que dejó sin techo a 100 familias.

Entre tanto, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) junto con la Universidad Nacional trabajan en una propuesta para implementar un proyecto productivo para dotar a las familias de una opción de empleo.

En este momento la comunidad de Palmar Sur tiene la propuesta del Gobierno de la República en sus manos. «No hubo grandes objeciones por el fondo de la propuesta, sin embargo, la comunidad tiene algunas dudas sobre la legalidad administrativa y judicial del proceso. Esta mañana conversé con los líderes de estas familias y el diálogo sigue abierto», explicó Alfaro Salas, ministro de la Presidencia.

Acompañando al Ministro de la Presidencia en este encuentro estuvo el Presidente del INDER, Ricardo Rodríguez.

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2 COMENTARIOS

  1. al presidente LGS en lugar de ir a hacer el papel de devoto a la Basílica de Cartago para que lo vean, podría asumir una actitud menos hipócrita y mostrar un poquito de agallas y ver la necesidad de esta gente. En eso se basa el evangelio de Cristo, en amar al prójimo de verdad, no ir a hacer alardes de devoción ni aparecer vestido de payaso en la televisión sólo para que lo vean.

  2. Igual si el ministerio de seguridad no hubiera acatado la orden judicial serían otros los que lo estarían atacando, ya no por el desalojo, sino por pasarse la institucionalizad del país por desacatar una orden judicial; lo cierto del caso es que tanto la izquierda como la derecha aprovecharán cualquier situación para ladrar contra luis Guillermo Solis. Ladran sancho, señal de que cabalgamos.

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