México, 5 ago (EFE).- La comisión presidencial creada para atender a la población afectada por el derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el estado mexicano de Sonora, informó que los recursos aplicados a la fecha ascienden a 1.204 millones de pesos mexicanos (unos 74 millones de dólares).
A un año del derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora, provocado por la mina Buenavista del Cobre, la Comisión Presidencial para la Atención Inmediata y Permanente de la población afectada presentó este martes el balance de acciones adoptadas.
En rueda de prensa, los funcionarios federales que integran la Comisión informaron que los recursos destinados a partir de septiembre de 2014 para apoyar a los afectados equivalen a 10 veces el producto interno bruto (PIB) de los siete municipios que integran esa región mexicana.
Explicaron que el monto referido se utilizó para el resarcimiento económico directo a la población (mediante pagos en efectivo, cheques o tarjetas de débito), la rehabilitación de pozos y la instalación de tinacos (depósitos de agua) en todas las casas que reportaron algún tipo de afectación vinculada al derrame.
Mikel Arriola, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informó a nombre de la Secretaría de Salud que en cuanto a la atención médica, ha sido del 100 % de los 360 casos detectados con daños en su salud.
Arriola anunció que con fondos del Fideicomiso Río Sonora en septiembre próximo comenzará la construcción definitiva de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora en el municipio de Ures. El objetivo es dar atención médica integral a la población afectada y seguir monitoreando su salud por 15 años.
Mientras tanto, los Comités de Cuenca del Río Sonora, formados por personas afectadas por el derrame, interpusieron cinco amparos denunciando múltiples irregularidades del Gobierno federal y Buenavista del Cobre, subsidiaria de la minera Grupo México.
Con los amparos, la población afectada por el derrame exige que las autoridades garanticen la participación de los Comités de Cuenca en los planes de remediación del derrame, que las mineras respeten el medio ambiente y hacer que Buenavista del Cobre y el Gobierno federal reparen el daño de forma integral.
«Estas acciones buscan reparar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron por el derrame del 6 de agosto de 2014 y que han cambiado la vida de los habitantes de la región del Río Sonora», señaló el abogado de los Comités, Luis Miguel Cano.
«Así como responsabilizar a las autoridades, que han omitido algunas de sus obligaciones, para que protejan a la gente frente a la minera», puntualizó Cano. EFE
