Álvaro Ságot, abogado ambientalista, cuestiona la traída de piedra de Noruega para abaratar costos.
San José, 24 Ago (ElPaís.cr) – La traída de ese material para instalarlo en una obra de la magnitud de APM Terminals en Moín, Limón, “va a causar un impacto ambiental y social, y podría generar problemas mucho mayores de los que ya tenemos”.
“Desde ese punto de vista sí se requiere pasar por el tamiz de la viabilidad ambiental. No se puede pensar que aquí se puede hacer cualquier cosa a la libre, y eso no es posible”, declaró el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez a Elpaís.cr.
Sobre la intención de importar piedras del lecho marino de Noruega o de canteras de esa nación europea, por parte de APM Terminals, Sagot advirtió que el material importado podría traer microorganismos que eventualmente afectarían la biodiversidad del área.
El fin de semana, el director general de APM Terminals, Kenneth Wough, dijo a un medio radiofónico que no descarta traer piedra para rellenar el mar y construir el puerto de la transnacional en Moín, Limón.
En el Caribe costarricense, la transnacional APM Terminals desarrolla obras para construir un megapuerto que rellenaría de piedra 80 hectáreas, lo que según ambientalistas está afectando el ambiente.
“Si estamos hablando de depositar un material del lecho marino de otra parte (Noruega) o de canteras, no sabemos qué tipo de vida contiene ese material, e incluso debemos pensar en una cuarentena para ese material”, dijo Sagot Rodríguez.
Aseguró también que “si estamos hablando de la introducción de alguna especie, molusco o algo, que podría eventualmente afectar esa zona y ante la duda debería buscarse una respuesta objetiva, mediante estudios. Esos estudios también requieren pasar por el tamiz de la Setena”.
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), adscrita al Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), es la institución que aprueba los permisos ambientales para la construcción de diversas obras, y fue cuestionada, tanto por Sagot como por el geólogo Allan Astorga Gätgens, por diversas fallas en los estudios presentados.
Entre tanto, la Federación Ecologista Costarricense (FECON), ha sostenido que en torno al caso prevalecieron intereses políticos en los trámites de permisos para la construcción del megaproyecto, y afectará a la operadora portuaria estatal Japdeva.