Salarios dignos y presupuesto en UCR

El tema de los salarios ha sido muy cuestionado en los dos últimos años por parte de varios diputados de la Asamblea Legislativa, y también por partidos políticos, grupos y personas con intereses económicos muy particulares. Incluso a lo interno de la Universidad de Costa Rica, la administración empezó a señalar la necesidad de una política de contención salarial y a exponer en varios medios que existe un riesgo de insostenibilidad financiera, indicando que en el 2016 podrían presentarse los primeros problemas.

Con esta orientación y de manera sistemática, se han efectuado varias publicaciones en diferentes medios de comunicación, en los que se ha afirmado, con un afán generalizador, que los salarios del sector público son “abusivos” (al igual que las pensiones) y que el pago de “pluses” salariales son desmedidos y podrían constituir uno de los principales causantes de la difícil situación financiera del Estado y hasta del déficit fiscal. Las publicaciones de La Nación del 15 y del 21 de julio de 2015 están enmarcadas en esa línea de ataque a los salarios de la Universidad de Costa Rica, y se complementan con otras en las que se ponen en duda los salarios de instituciones como el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y RECOPE, entre otras.

Aunque son múltiples las críticas, es notorio que el concepto de plus ha sido utilizado de manera inapropiada como si se tratara de una simple regalía y obviando el riguroso sistema de méritos que tiene la Institución, debidamente reglamentado. También se ha atacado la dedicación exclusiva desligándola de su vinculación con la excelencia institucional y se ha enfatizado fuertemente en el porcentaje del 5.5% que se paga por concepto de anualidad. Ha sido el diputado Otto Guevara uno de los primeros en solicitar que éste fuera disminuido. Al respecto, es pertinente informar que el pago de este porcentaje tiene como antecedente un litigio de la Universidad de Costa Rica contra la aplicación de la Ley de Incentivos a los profesionales de Ciencias Médicas, que lo establece en esos términos. A pesar de que la Universidad de Costa Rica presentó varios recursos a los tribunales, la Sala Segunda de Casación, en el 2007, condenó a la Universidad de Costa Rica a reconocerlo a los profesionales en Ciencias Médicas y con el fin de evitar salarios diferenciados entre el personal que ejecuta las mismas funciones, se acordó otorgarlo de manera generalizada.

Sobre el mismo tema de la anualidad, resulta importante informar que la Sala Constitucional mediante Resolución 15460, anuló el tope del pago de treinta anualidades establecidas en el artículo 5 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, por lo que esta ruptura no ha sido una decisión interna de la Universidad de Costa Rica, que pueda endilgársele, sino el resultado de una resolución legal.

Ahora bien, este ataque a los salarios no debe ser analizado de manera aislada, sino en el marco del presupuesto institucional, el que sin duda, posee varias aristas y su uso óptimo depende de una adecuada planificación y del establecimiento de objetivos prioritarios. Por ello, si se requiere una revisión exhaustiva del presupuesto institucional, debe hacerse desde una visión integral e integradora, en la que se contemple si se está afectando negativamente la relación establecida de ochenta por ciento para masa salarial y veinte por ciento para partidas generales.

De acuerdo con lo anterior y como universitario que he venido investigando el contexto en el que se desenvuelve la Universidad de Costa Rica actualmente, y preocupado por el futuro de la Institución, propongo lo siguiente: 1) Efectuar un análisis comprensivo del uso del presupuesto institucional para determinar cómo inciden en el presupuesto total los diferentes rubros que componen los salarios. 2) Revisar el comportamiento de la relación 80/20 (masa salarial y partidas generales) que en el 2015 ha sido 77.36%/22,64% y aclarar si hay afectación negativa al porcentaje destinado a salarios. 3) Efectuar un estudio concienzudo de las resoluciones de los tribunales de justicia en contra de la Universidad de Costa Rica, en materia salarial, para observar las repercusiones que han traído a la Institución. 4) Valorar la pertinencia de sustituir el concepto de pluses salariales en la composición de los salarios, por otro u otros referidos a los méritos del personal. 5) Definir las estrategias apropiadas para informarle al país cómo la Universidad de Costa Rica ha aportado de manera decisiva al desarrollo nacional. 6) Determinar la conveniencia institucional de que en la Universidad de Costa Rica haya salarios diferenciados. 7) No permitir el deterioro de los salarios en el sector público ni en la Universidad de Costa Rica. 8) No ceder a la propuesta del diputado Otto Guevara y de quienes lo secundan para disminuir la anualidad, sin que medien los estudios y las argumentaciones suficientes.
En términos generales esta propuesta tiene el objetivo de enfrentar el proyecto que subyace de devaluar la acción general de la Universidad de Costa Rica, colocándola al mismo nivel que otras y olvidando que en esta, los salarios son el resultado de los méritos que realiza el personal, los cuales implican estudios, publicaciones y capacitación en rubros específicos, así como un sacrificio personal y familiar por años. Por ello, no encuentro razón en descalificar el salario de un académico que ha realizado investigaciones y aportes determinantes en la salud, la ciencia, la educación, el deporte, el ambiente o el arte de este país. Por ejemplo, académicos que se encargan de la investigación y producción de sueros antiofídicos, académicos que han logrado la detección temprana del cáncer y han salvado miles de vidas, académicos que velan por la calidad de la infraestructura vial, académicos que trabajan con total entrega por el desarrollo sostenible… Tampoco encuentro razón para criticar el salario de un chofer cuya función es movilizar con seguridad estudiantes, personal administrativo, docentes, científicos, artistas, deportistas…

Todo lo anterior, independientemente de las decisiones que la Universidad de Costa Rica pueda tomar, las cuales deben generarse con absoluta autonomía y con la convicción de que en el contexto actual se requiere un análisis mesurado, responsable y respetuoso de los derechos de los trabajadores.

(*) Dr. José Ángel Vargas Vargas
Profesor investigador Universidad de Costa Rica