sábado 26, noviembre 2022
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Congreso insiste en que FIV debe ser regulada por ley y no por decreto

San José, 10 Set (ElPaís.cr) – Luego de que la Comisión de Asuntos Sociales terminara de revisar 490 mociones al proyecto de Fertilización In Vitro (FIV), y después de que el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís firmó el decreto ejecutivo que regula esta práctica, hoy dio inicio la discusión del texto en el plenario legislativo.

Varios legisladores aplauden la decisión de Solís Rivera y otros la sancionan, pero la mayoría coincide en que la inseminación y su marco regulatorio debe ser regido por ley y no por el Poder Ejecutivo.

El bloque de partidos «pro vida» y algunos legisladores de otras fracciones que no forman parte de este grupo consideran que firmar el decreto fue un error por parte del Gobierno ya que según dicen, éste no cumple con lo estipulado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el país.

«Es un documento lleno de errores técnicos que deja sin sanción el abuso de la disposición de embriones humanos, yo no creo que ese decreto tarde muchísimo en ser descartado porque obviamente es un adefesio jurídico, y queremos dejar en firme que realmente nos preocupa el criterio con el que el Poder Ejecutivo decidió emitir este decreto», señaló el diputado del Partido Alianza Demócrata Cristiana (PADC), Mario Redondo Poveda.

Fabricio Alvarado, legislador de Restauración Nacional (PRN), manifestó que el decreto no satisface la sentencia de la CIDH y calificó el accionar gubernamental como erróneo y precipitado. Además, coincidió con su compañero Redondo Poveda en que este texto «es un permiso para matar», ya que según dijo  no se tomaron en cuenta todos los argumentos  científicos que presentaron  en contra del procedimiento.

Alvarado adelantó ante el congreso este jueves que los que apoyan FIV deben saber que la lucha no ha terminado, por lo que la siguiente semana presentarán un recurso de in constitucionalidad realizado por expertos en genética y defensores de la vida.

Desde la bancada oficialista, varios diputados expresaron estar satisfechos con la firma del texto por dos razones que calificaron como esenciales, el cumplimiento de la sentencia de la Corte y la aprobación de la técnica ante la falta de consenso legislativo.

«Yo creo que el Presidente viene a ponernos al día con un compromiso internacional y con muchas familias costarricenses pues que lamentablemente no pueden constituir una familia con hijos y lo más importante nos pone en orden en materia de derecho mundial», indicó Franklin Corella del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Emilia Molina, quién también es parte del PAC mencionó que el Presidente fue muy valiente en firmar y a diferencia del bloque pro vida considera que no hay vacíos jurídicos en el texto que tardó seis meses en estar listo. «Mañana el país debe presentar ante la Corte Interamericana un informe de cumplimiento y el decreto es sin duda la mejor forma de hacer constar que hemos avanzado».

Cabe aclarar, que el documento emitido por el Gobierno de la República permite máximo la fecundación de dos óvulos y prohíbe su comercialización, el desecho, la experimentación, la selección y alteración genética, además establece dos años a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que implemente todos los elementos necesarios para su aplicación. El proyecto legislativo diverge bastante de lo estipulado por el Poder Ejecutivo, ya que en el caso del texto en discusión por los diputados solo las mujeres heterosexuales y casadas podrían acceder a la inseminación, además se permitirá la extracción de 8 a 6 óvulos, pero solo se implantarían  2, los demás de guardarían.

«Es desafortunado y me parece un error parte del Gobierno, principalmente porque en la audiencia de hace una semana los jueces fueron claros en decir que ellos no se iban a meter en la forma de regulación y si la Sala Constitucional ha sido clara diciendo que es materia de reserva legal el Presidente debe apegarse a ese criterio», comentó el liberacionista Ronny Monge Salas.

Por su parte, el libertario Otto Guevara indicó que la posición del Presidente es «argumentable», pero que realmente la función del decreto no es regular FIV sino cumplir con la sentencia y llenar el vacío que la Asamblea Legislativa no ha podido.

Apesar de las opiniones encontradas y en discordia por parte de los 57 miembros del congreso, los diputados esperan poder aprobar el proyecto en unas dos semanas, al menos en primer debate, sin embargo no todos comparten esa postura ya que aún tienen la fe de que este expediente legislativo sea archivado.

Entre tanto, el liberacionista Antonio Álvarez Desanti calificó de «valiente» la decisión del mandatario, quien con el decreto vino a llenar un incumplimiento de la Asamblea Legislativa, ordenado por un tribunal suerior como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, hizo ver que la prohibición vigente para la FIV castiga a los más pobres, quienes necesitan de los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, ya que quienes tienen dinero pueden viajar a Panamá, Colombia o Estados Unidos.

Álvarez también criticó que la CCSS señalara que cada tratamiento cuesta más de 80 mil dólares, y sostuvo que las clínicas privadas cobre unos diez mil dólares, cerca de cinco millones de colones. «Debemos investigar esos cálculos de la Caja», propuso.

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3 COMENTARIOS

  1. Me parece bien ya que en materia de Derechos Humanos quienes no los defienden que luego no los exijan. Por otra parte el presidente hizo lo correcto como jefe de estado ya que representa a una democracia solida y afirmada en el respeto y el derecho de todos y todas las personas que integran esta patria a los Derechos Humanos.

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