Hace algunos años trascendió al público que una Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa había calificado con ‘cero’ la entrevista que sostuvo con el doctor Miguel Gutiérrez Saxe, con la paladina intención de contrarrestar su elevado puntaje restante, con respecto a otro candidato. En dicha peripecia la Comisión, que actuaba como una administración pública, incurrió en una clara desviación de poder, porque no usó sus facultades para constituir la mejor terna posible en terminos de preparación técnico-profesional, honestidad, experiencia, etc, (tal como los intereses del País lo requerían) sino para tratar de colocar en el alto cargo vacante a alguien proveniente del aparato mismo del trístemente célebre Bipartido.
En la actual carrera por una magistratura de la Sala Penal de la Corte, me enteré (muy tardíamente) de que se postuló para el puesto una persona que, entre 1983 y 1987 había sido Actuario del Juzgado V de Instrucción de San José; Actuario del Juzgado II de Instrucción de San José; Agente Fiscal de San José; Juez de Instrucción de Turrialba; Agente Fiscal de Puriscal; Agente Fiscal de Alajuela; Juez de Instrucción de Cañas; Juez de primera instancia de Curridabat y Juez I Penal de San José.
Y que en 1987 se desempeñó como Juez del Tribunal Superior de Limón; y entre 1989 y 1992 habia ejercido como Abogado litigante y como Juez Suplente de los Tribunales Superiores de San José;
Que entre 1992 y 1995 había fungido como Juez integrante del Tribunal Superior Segundo Penal, Sección III; y sucesivamente como Letrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia. Que entre 1995 y 1997 había servido los cargos de Juez del Tribunal Superior Cuarto Penal de San José. (Tribunal de Apelaciones.); y Juez del Tribunal Superior Primero Penal de San José, Sección Segunda;
Que contemporánemente, entre 1996 y 1998, había sido Integrante del Comité Auxiliar de la Comisión de Asuntos Penales de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; que entre 1999 y 2003 había servido como Juez del Tribunal de Casación Penal; y que durante los años de su desempeño como Juez en material Penal recibió de la Asamblea Legislativa el nombramiento de Magistrado Suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
Que en ese ultimo año fue nombrado por la Corte Suprema en el cargo de Fiscal General de la República; cargo que desempeñó hasta el 2010; y en el que según es notorio, lidió muy gallardamente contra la delincuencia organizada y la corrupción, lo que incluyó sendas investigaciones y enjuiciamientos de dos expresidentes de la República. Al final del periodo esa persona fue también Presidente pro tempore del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos;
Y entre el 1 de agosto de 2010 y el 3 de setiembre de 2013, con rango de Secretario General Adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Francisco Dall’Anese Ruiz sirvió las delicadísimas funciones de Comisionado Internacional de Naciones Unidas contra la Impunidad en la República de Guatemala.
¿Qué pensar acerca de la defenestración, por parte de la Comisiópn de Nombramientos de la Asamblea, de este ciudadano que inició su Carrera judicial en 1983, que durante casi treinta años la ejerció irreprochablemente sirviendo numerosos cargos (entre ellos los de Juez de Casación Penal y Fiscal General de la República) y la remató con brillantez en 2013, luego de desempeñarse tres años más, repito, como Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con rango de Secretario General Adjunto de la ONU?
Aunque no conozco la lista completa de los candidatos al puesto vacante, me atrevo a asegurar que, por sus atestados, su experiencia de juez y de fiscal, su honestidad y su firmeza, su cultura juridical, su formación científico-técnica, su independencia, su liderazgo y su conocimiento del medio judicial y forense, Francisco Dall’Anese es la mejor opción posible en este certamen. ¿Será que la Comisión no compara los curricula? ¿Por qué ni siquiera figuró en la terna? ¿Por qué ésta se encuentra ocupada por tres personas, todo lo dignas que se quiera, pero que palpablemente no tienen los merecimientos de Dall’Anese? ¿Por qué la Comisión no cumplió con su sagrado deber de escoger a los mejores? ¿Es el abuso perpetrado arrogantemente porque se sabe impune?
Este asunto, siendo como es un verdadero escàndalo, ha pasado en silencio por una sencilla razón: porque en Costa Rica aceptamos cobardemente la vigencia de una vergonzosa tradición, según la cual se ve como normal que el poder corrupto acostumbre meter sus pezuñas en algo tan sagrado como la Justicia.
Como sabemos, la Comisión de Nombramientos tiene en sus manos la preparación de la terna de los candidatos al cargo de Magistrado de la Corte Suprema; y debe hacerlo sobre la única base de la idoneidad de los postulantes, medida con raseros científicos objetivos. En otras palabras, tienen el deber ineludible de seleccionar a los mejores. Pero lo que ocurre en la realidad es completamente distinto: con mucha frecuencia los miembros de la Comisión obedecen consignas partidarias que nada tienen que ver con la idoneidad del candidato, sino con intereses personales y partidistas deleznables. Especialmente tratándose de la materia penal, es vox populi el interés que hoy tienen algunos miembros de las cúpulas políticas en preparar en altas esferas judiciales un clima favorable a sus designios.
Y si esto ocurre en Comisión, la cosa es todavía peor en las votaciones plenas, durante las cuales se tercian los más groseros cambalaches con tal de conseguir los ansiados 38 votos. Estas prácticas no solo envilecen el ambiente parlamentario sino que son violatorias del espíritu del artículo 121 inciso 3 constitucional, que confiere a la Asamblea el poder de elegir a los magistrados de la Corte; porque la única manera jurídicamente apropiada de entender dicho poder es flanqueado por el deber (poder-deber que pesa sobre todos y cada uno de los diputados), de procurar que la elección recaiga en la persona más idónea para el cargo, por encima de los intereses de las cúpulas partidistas. El País necesita desesperadamente una Justicia docta e independiente, que sepa escuchar la voz de su Pueblo.
(*) Walter Antillon Montealegre es Abogado
