San José, 21 Set (Elpaís.cr) – Las instituciones públicas deberán especificar las políticas que incluyan en este campo, mejorar el manejo de datos y estadísticas diferenciadas por género, e informar de ello al Consejo Presidencial Social.
En este punto el acuerdo unánime del Consejo Presidencial Social se centró en solicitar que las instituciones públicas incluyan acciones diferenciadas para defender los derechos de las mujeres, así como un mejor manejo de datos en este campo.
Además, se acordó trabajar en forma específica en el tema de la reducción del embarazo en las adolescentes.
Así lo ordenó el Gobierno de la República a todos sus órganos, en un acuerdo que fue tomado por el Consejo Presidencial Social, luego de conocer el informe “Segundo Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres”, elaborado por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).
En el informe se realizó una recopilación de la normativa de las últimas décadas en Costa Rica sobre el tema y además una encuesta de percepción sobre los derechos humanos de las mujeres.
El balance mostró avances en áreas como la incorporación femenina al mercado laboral, aún pese a que persisten las condiciones de desventaja salarial respecto de los hombres por los mismos empleos, y un aumento en las denuncias que evidenció menos temores en este campo, pero también detectó retrocesos en áreas como la participación política de las mujeres y el tema de la salud sexual y reproductiva.
“La gente se siente cómoda con el tema, cree que todo el mundo defiende estos derechos humanos y no está viendo que al bajar a lo concreto, muchos derechos se quedan solo en el discurso”, explicó la Ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora.
La jerarca destacó que hay áreas con mejorías, pero en general el resultado muestra «que queda mucho por trabajar» y para ejemplificarlo citó que en el ámbito laboral se mantienen las brechas salariales con los hombres.
Sin embargo, la principal preocupación se presenta en el ámbito de la salud reproductiva y sexual, donde existe especial preocupación por la situación de menores de edad que en su mayoría son embarazadas por adultos.
La Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón aseguró que hay una necesidad de que la institucionalidad adopte posiciones más firmes en este campo.
“Esto es un debate inacabado, debemos emprender todavía grandes transformaciones. Las acciones afirmativas deben permitirnos avanzar más para el ejercicio efectivo y real de los derechos humanos de las mujeres, pero particularmente de nuestras niñas y adolescentes”, concluyó Chacón.
