México, 25 sep (dpa) – Padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi un año en el sur de México exigieron hoy al gobierno excluir de las acciones de búsqueda a la Policía federal, a la Marina y al Ejército.
Según dijo el abogado de las familia, Vidulfo Rosales, al diario «Reforma», la petición se realizó en la reunión que sostuvieron el jueves con el presidente Enrique Peña Nieto, a quien además solicitaron que la búsqueda de los jóvenes esté a cargo de una unidad especializada.
Rosales y los padres manifestaron que no confían en la Policía Federal, en la Procuraduría General de Justicia, ni en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), porque ellos contribuyeron a la hipótesis de que los estudiantes, desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado, fueron incinerados en un basurero, versión rechazada por un grupo de expertos independientes.
«Se rompió la confianza con ellos. Ustedes han estado viendo que ellos han estado cuestionando el informe de los expertos. ¿Cómo vamos a caminar con ellos en esta nueva investigación?», dijo el abogado.
Tras levantar un ayuno que iniciaron el miércoles, los padres de las víctimas agregaron que la desconfianza se debe también a que los policías estuvieron involucrados en la desaparición de sus hijos.
«Ellos mismos fueron los que se los llevaron. No queremos que los busquen, queremos que los entreguen ya», dijo Estanislao Mendoza, padre de uno de los estudiantes.
De acuerdo con la PGR, los jóvenes desaparecieron tras ser atacados por policías municipales en Iguala, un municipio del estado sureño de Guerrero. Los agentes estaban aliados con una organización criminal que, tras confundirlos con miembros de un grupo rival, los mató en incineró.
Sin embargo, el grupo de expertos independientes, comandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desacreditó la versión de la incineración en un informe presentado tras seis meses de labores. El gobierno ha propuesto extender el trabajo del grupo por seis meses, pero los padres exigen que sea por un año.
En la reunión del jueves, Peña Nieto anunció una serie de acciones para la investigación que, aseguró, continúa abierta. Asimismo, la fiscalía general dijo hoy que la conclusión de que los estudiantes fueron incinerados no es «una verdad jurídica» y que solo el poder judicial puede declararlos muertos.
La PGR realizará un nuevo peritaje en el que participará el experto peruano José Luis Torero, quien colaboró con el grupo de la CIDH en la investigación sobre la incineración. Al respecto, los padres sostuvieron que apoyarán las nuevas pruebas solo si los expertos independientes están de acuerdo.
«Estamos seguros que el peritaje de Torero es inobjetable», dijo Rosales.
