Ciudad de Guatemala, 28 sep (dpa) – La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dijo temer por la vida de un acusado que confirmó ante un juez que el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti recibieron sobornos dentro de la estructura criminal «La Línea».
A su vez, el juez que conoce el proceso del caso de defraudación aduanera, Miguel Ángel Válvez, ordenó al gobierno garantizar la seguridad del procesado.
Se trata de Salvador Estuardo González Álvarez, alias «Eco», quien, de acuerdo al manifiesto del organismo antimafias de la ONU para Guatemala: está «en una situación de gravedad pues su integridad se encontraría amenazada y en riesgo».
En un comunicado, la CICIG pidió al gobierno de Guatemala «asumir la responsabilidad y adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Salvador Estuardo González Alvarez», alias «Eco».
González confirmó este lunes ante el juez Gálvez que el expresidente guatemalteco Pérez y la exvicepresidenta Baldetti recibieron parte de los millonarios beneficios económicos de la red de defraudación aduanera «La Línea».
De acuerdo con la declaración de González ambos recibieron el 50 por ciento de los sobornos que se cobraban en la operación para «agilizar los trámites aduaneros».
El monto de los sobornos asciende a al menos 3,7 millones de dólares entre mayo de 2014 y abril de 2015, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
González es considerado como uno de los implicados de más alto nivel en la estructura «externa».
El juez Gálvez, antes de resolver convocar a las partes procesales para continuar la audiencia el martes, ordenó al ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación (Interior) y del Sistema Penitenciario, garantizar la vida del procesado.
En su declaración, González reconoció formar parte de la organización y declaró ser quien llevaba el control de la distribución de los recursos. Por ello -indicó- decidió identificar a Pérez y Baldetti con la «guía» de «El 1» y «La 2».
Estas claves están contenidas reiteradamente en las interceptaciones telefónicas que la Fiscalía y la CICIG presentaron como evidencias.
González dijo que el contacto con el mandatario y la vicemandataria fue el secretario privado de esta última, Juan Carlos Monzón, actualmente prófugo, a quien conocía desde la adolescencia.
Explicó que a la primera que conoció fue a Baldetti, con quien acordó la reactivación de varias sociedades anónimas de su propiedad para «dar la apariencia legal a sus transacciones».
Explicó que como parte de las claves empleadas también identificaron a la CICIG como «las cinco letras», ante las investigaciones que ésta cumplía por este caso.
También dio detalles de una reunión con el presidente Otto Pérez y el entonces titular de la Superitendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Muñoz, quien está detenido, en la que se discutió con el mandatario un plan para aumentar la recaudación. Producto de ello se realizaron 52 cambios en las aduanas, indicó.
González también reveló que se contactó a la exintendenta de Aduanas, Claudia Méndez -a quien Gálvez decidió procesar la semana pasada-, para explicarle el proyecto y ofrecerle el cinco por ciento de los beneficios.
Indicó que «una vez» le entregó una caja de regalo que contenía unos 6.418 dólares, pero que ella respondió que no quería recibirlo más.
El abogado de Baldetti, Mario Cano, estuvo presente durante la audiencia y argumentó que González dijo «suponer» pero no reconoció que su clienta haya recibido «de su mano» algún soborno.
La estructura criminal «La Línea» fue desarticulada por la CICIG y la Fiscalía el 16 de abril, cuando fueron detenidas 22 personas. Posteriormente, el 21 de agosto, un juez ordenó la detención de Baldetti, mientras ambos organismos plantearon una solicitud para el despojo de inmunidad a Pérez.
El mandatario guatemalteco renunció al cargo la noche del dos de septiembre y al día siguiente el juez Gálvez lo envió a prisión provisional.
