martes 28, junio 2022
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Las opiniones son libres, los hechos son sagrados

Diputados y diputadas, les agradezco la oportunidad que me brindan. Me da mucha satisfacción estar esta tarde aquí, en el plenario de la Asamblea Legislativa para explicar con mucho respeto algunos aspectos que tienen que ver con la protección del derecho a la libertad de expresión.

El Gobierno de la República, y particularmente el Ministerio de Comunicación, es absolutamente respetuoso de la libertad de expresión,  de la independencia editorial de los medios y  tolerante de la crítica. Es falso que haya amenazas, acoso, intimidación o amedrentamiento como se ha dicho en la Asamblea Legislativa sin ningún esfuerzo de verificación. No nos molestan las informaciones críticas ni aquellas que desfavorecen al Gobierno, las asumimos con naturalidad y espíritu constructivo. Sin embargo sí tenemos la obligación de aclarar información con datos erróneos o falsos, que puede perjudicar a la población o inducirla a equivocaciones.

Sabemos que al asumir puestos públicos los funcionarios y funcionarias nos hemos expuesto de manera voluntaria a un escrutinio más exigente y a un mayor riesgo de recibir críticas  y por esa razón nuestro umbral de tolerancia a la crítica, e incluso a los insultos, debe ser mayor que el de cualquier otro ciudadano. Así lo ha establecido incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, que yo gané en el 2004 en defensa de la libertad de expresión.

Sin embargo, tanto los periodistas como la ciudadanía tienen derecho a  recibir la información correcta. No es extraño que algunos medios de comunicación publiquen noticias que contienen información errónea que al ser reproducida en redes sociales y replicada como cierta por actores políticos termina creando debates públicos basados en premisas falsas, que inducen a error a las audiencias.

Aunque la ciudadanía, como ya dije, tiene el derecho a recibir información correcta, en una democracia también los medios de comunicación tienen el derecho a publicar lo que quieran y como quieran, aunque su información contenga datos erróneos, siempre y cuando no sea difamatoria, calumniosa o injuriosa ni haga apología de un delito, llame a la violencia o atente contra  la moral de la infancia.

Como lo establece el artículo 29 de la Constitución Política: «Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca». El Gobierno es tajante en su respeto a este mandato constitucional.

Creo firmemente que los periodistas y los medios de comunicación deben tener la posibilidad de equivocarse sin que eso implique un riesgo a su patrimonio, ni la posibilidad de sanciones penales o de imposiciones externas de contenido editorial. Más costoso sería para la sociedad y para la democracia el que los medios, por temor a las consecuencias de equivocarse, eviten informar de asuntos que son de interés público.   Pero a la vez, el resto de la sociedad, incluido el aparato estatal, debe tener la posibilidad de mantener un diálogo franco y sincero con los medios de comunicación para que de manera oportuna se aclaren,  corrijan, rectifiquen o desmientan informaciones erróneas o falsas. Una democracia sana no puede permitir que su imprescindible debate público se construya sobre información errónea o falsa.

La sociedad debe entender que en los apresurados ritmos de trabajo de los medios de comunicación las y los periodistas no siempre pueden acceder a tiempo a toda la información deseada, o no pudieron hablar con la fuente que buscaban o no identificaron oportunamente a la fuente más adecuada. En otros casos sí contaron con la información pero por la premura de un cierre de edición  no la pudieron interpretar o plasmar de la forma más adecuada.   Es ahí donde la interacción abierta, sana y constructiva con las fuentes oficiales y con las personas que se puedan sentir agraviadas se vuelve más importante, para aportar los datos correctos y colaborar de manera conjunta en el acercamiento a la verdad, objetivo último del periodismo y del debate democrático.

Por lo general desde el Gobierno optamos por no reaccionar ante imprecisiones en noticias, porque implica un desgaste importante en tiempo y recursos,  además de que los pedidos de rectificación a menudo no son atendidos por algunos medios o ni siquiera son respondidos. Reitero que defendemos la libertad de expresión y somos respetuosos de la independencia editorial de los medios.

Empero, hay algunas informaciones incorrectas, imprecisas o falsas que sí deben ser aclaradas o rectificadas porque llegan a ser asumidas como ciertas por las audiencias y pueden inducir a errores e incluso a acciones, con base en falsas premisas.

Pongo unos pocos ejemplos: El 2 de mayo hubo un derrame químico frente a la playa de Puntarenas y el Gobierno declaró una veda temporal  en una zona del Golfo de Nicoya que podría haber sido afectada, para que las personas no se bañaran o consumieran productos de esa área. El 3 de mayo el Gobierno ofreció una conferencia de prensa en la que señalaba que la alerta roja había sido levantada, y el agua era apta para bañarse y pescar. Sin embargo, el 4 de mayo un titular del Diario Extra decía exactamente lo contrario: «Prohibido comer pescado tras derrame químico». Llamé al Diario Extra para explicar que esa información era errónea y que afectaba seriamente a los pescadores y  comercios de Puntarenas. Esa tarde el Diario Extra publicó una información en su sitio web titulada: «Sin riesgo consumo de pescado».  Como se ve en este ejemplo, el interés del Gobierno simplemente se concentra en que la información sea correcta.

En Elmundocr, el 22 de mayo, la señora Rocío Alvarez Olasso, (quien se identificaba como directora de ese medio y ahora es funcionaria de la fracción legislativa del Partino Liberación Nacional) señaló un presunto pago irregular a funcionarios en Casa Presidencial y una supuesta relación sentimental entre un asesor y una persona del entorno del Presidente, todos hechos falsos. El señor Mauricio Gordiano Muñoz reconoció que esa información era falsa y con la mediación del abogado que se identificó como asesor legal de ese medio, Ewald Acuña, fue publicado un derecho de respuesta. En otras dos ocasiones que han publicado informaciones que hemos considerado erróneas, he intentado conversar con personeros de este sitio web sin éxito y tampoco han publicado los derechos de respuesta. Hemos preferido no acudir a la Sala Constitucional para no aumentar la tensión, aunque tenemos ese derecho.  También sin éxito he intentado explicarle al señor Muñoz que para que un medio de comunicación emergente gane credibilidad es prudente aplicar una serie de procedimientos básicos. De acuerdo con lo que me ha dicho esta persona, no tienen formación periodística y no les interesa conocer esos procedimientos. Le he ofrecido incluso textos básicos de periodismo y ética periodística pero han interpretado el ofrecimiento como una ofensa. Cualquier persona puede ejercer el periodismo, de acuerdo con decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no es necesario pertenecer a un colegio para hacerlo; sin embargo, es sano y conveniente que quien quiera ejercer el periodismo se preocupe por conocer los rudimentos básicos de esta disciplina, aunque no sea una obligación legal.

Es necesario aclarar que quien suele llamarme o escribir es el señor Muñoz y no a la inversa, y que cada vez que llama para quejarse por alguna solicitud de aclaración que yo he pedido, me grita e insulta de manera airada e irrespetuosa para la dignidad de cualquier persona.    De hecho, el 14 de julio en el auditorio de la Casa Presidencial, después de una larga conferencia de prensa el señor Muñoz me trató a gritos e insultos porque yo no pude atenderlo cuando él quería. Le pedí 15 minutos pero esta persona reaccionó de manera descontrolada y publicó un mensaje en twitter donde decía falsamente que yo había dejado plantados a tres periodistas. Él no quiso concretar la entrevista y poco después yo atendí con normalidad a los otros dos comunicadores de CR Hoy y Amelia Rueda.com a quienes había ofrecido responder preguntas adicionales. El video de ese incidente lo pueden ver en mi página oficial del ministro de comunicación en la red Facebook. Después de que este señor me gritó e insultó, un fotógrafo de la Casa Presidencial grabó al señor Gordiano Muñoz hasta que saliera de las instalaciones, ante la posibilidad de que en su descontrol profiriera nuevos insultos o dañara el edificio. Después de ese incidente, el señor  Muñoz ni los representantes de su medio han tenido ningún inconveniente para ingresar a la Casa Presidencial ni para hacer las preguntas que desee.

El pasado domingo 20 de setiembre, elmundocr publicó falsamente que solo Costa Rica y algunos países árabes habían rechazado recibir refugiados sirios. Esa información generó ruido en las redes sociales sobre bases falsas y yo opté por llamar a la persona que había escrito esa información para aclararle la posición reiterada del Gobierno de Costa Rica. El redactor de esa nota, un joven de unos 20 años sin formación periodística, se sintió ofendido porque dice que yo lo llamé «muchachito».  Tras una conversación de dos minutos ese redactor me colgó el teléfono. Después, una vez más y como suele ser usual en él, recibí una llamada del señor Muñoz en el que insistió en su andanada de insultos contra mi persona. Intenté explicarle la posición del Gobierno acerca del tema pero me colgó el teléfono. Yo le envié por mensaje un texto en el que explicaba con detalle la posición la posición del Gobierno de Costa Rica y el señor Muñoz respondió con insultos como: «para mí son más grandes las evidentes deficiencias en su mediocre gestión», o «es un mediocre ministro con título u atestados pero con actitud y eso se le reconoce» o «lástima la educación pública que recibió, que para cuando tuvo que ser funcionario público, fuera un simple desperdicio de recursos».

En otro ejemplo, el sábado 21 de setiembre el Diario Extra publicó que el presidente Solís viajaría a Nueva York con un equipo de asesores de imagen cuando en realidad viajaba con una pequeña delegación de ministros y una periodista, un fotógrafo y un camarógrafo encargados de transmitir información a todos los medios de comunicación de Costa Rica que no enviaron sus equipos a esta gira presidencial. Llamé a la periodista que escribió la nota para alertarla de la imprecisión y ella más bien me agradeció por llamarla y me pidió que hablara con su jefa. Nunca solicité cambiar la nota, ni su contenido y dejé en manos de la periodista y el medio hacer lo que consideraran conveniente.

El 7 de agosto, la Sala Constitucional anunció su decisión acerca de la reforma procesal laboral. Una decisión compleja y todos los medios informaron el hecho y muchos reportaron de manera equivocada que el fallo era contra la administración Solís Rivera cuando en realidad era en contra del Gobierno anterior. Noticias Monumental se comportó de manera ejemplar: aunque al principio informó de manera equivocada, en el transcurso del día aclaró la información e incluso rectificó con una entrevista a profundidad a un magistrado en la noche de ese día. Otros medios aclararon o rectificaron posteriormente y en un caso se envió un derecho de respuesta que fue atendido y difundido el lunes siguiente.

El 21 de agosto trascendió que la empresa Uber comenzaría a funcionar en el país: después de unas declaraciones del Presidente en las que afirmaba que se aplicaría la ley, CRHoy publicó que el Presidente Solís le declaraba la guerra a Uber, esto se sumó a un tweet de La Nación que reprodujo de manera imprecisa lo que un taxista decía que había dicho el viceministro de transportes. Ese tweet de La Nación fue corregido rápidamente luego de que el Viceministro alertó al periodista del error. Sin embargo, en la noche del 21 de agosto algunas personas comenzaron a perseguir y atacar con bates de béisbol  a carros sospechosos de trabajar para Uber. En la Casa Presidencial planteamos la necesidad de emitir con urgencia un desmentido de la publicación de CRHoy porque la suspuesta declaratoria de guerra a Uber  se estaba tornando en un problema de seguridad en las calles. Antes de emitir el desmentido llamé a la directora de CRHoy, Silvia Ulloa, con quien he mantenido una relación profesional respetuosa, para adelantarle la comunicación que emitiríamos.  Una vez que el desmentido fue enviado ella me llamó para manifestarme su molestia por ese hecho. Al día de hoy esa noticia sigue activa en el sitio web de CrHoy.

El 4 de setiembre CRHoy publicó una noticia titulada: «presidente huye para no explicar cambio a directriz», cuando en realidad el presidente había advertido con antelación que no iba a dar declaraciones a la prensa ese día. Hicimos un desmentido público de esa información y aclaramos que no había contradicción en dos directrices diferentes. Esa noticia también sigue activa en el sitio web.

Tampoco es cierto que se niegue la posibilidad de preguntar a algunos periodistas o o se rechace dar entrevistas a algunos de ellos. Los periodistas más bien han tenido la posibilidad de preguntarle al Presidente casi todos los días de la semana y en algunas ocasiones, por razones de tiempo limitamos la cantidad de preguntas a 4 o 5. En esas ocasiones no todos pueden preguntar. Un reportero en Casa Presidencial, como el de CRHoy, prácticamente pregunta en todas las actividades del Presidente, algunas veces incluso varias veces en un día. El que alguna vez alguien no pregunte, para que otro pueda hacerlo no es un atentado a la libertad de expresión, ni mucho menos.

En este gobierno defendemos la libertad de expresión y somos meticulosamente respetuosos de la independencia editorial de los medios. Nunca se ha impedido o limitado la circulación de una noticia, nunca ningún medio ha sido amenazado de nada, nunca ningún medio ha sido amedrentado o intimidado de nada. Una llamada telefónica de una fuente de información a un periodista o al director de un medio de comunicación para aclarar un dato o hecho erróneo es un procedimiento normal en una relación profesional en aras de llevar al público la mejor información posible y el derecho de rectificación y respuesta es un mecanismo legítimo, adecuado y proporcionado para defender los derechos.

Las y los profesionales de periodismo, estemos donde estemos, trabajamos para acercarnos a la verdad todo lo que sea posible, aunque la búsqueda de la verdad sea un camino difícil, que requiere honestidad intelectual y deseo de aprender y corregir.

Aclaro que al referirme al concepto de periodismo profesional, lo hago en el mismo sentido que lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 5, según la cual «El ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado».

Para acercarnos lo más que se pueda a la verdad se requiere la mayor libertad de expresión posible y la más amplia independencia editorial de los medios de comunicación. Con ese objetivo incluso una sociedad democrática debe ser tolerante con algunos excesos en el ejercicio de la libertad de expresión, con el error e incluso con expresiones que puedan ser  ofensivas o mortificantes.

La legislación costarricense contempla el derecho de rectificación y respuesta a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio. Sin embargo, aunque es un mecanismo legítimo y relativamente sencillo, por lo general es visto por los periodistas y medios de comunicación como una imposición de contenidos que, en caso de no ser admitido por el medio de comunicación, obliga a la persona afectada a recurrir a la Sala Constitucional y, si se acepta la solicitud, el proceso termina con la imposición al medio de la obligación de publicar la rectificación o respuesta.

Cómo periodista y como Ministro de Comunicación prefiero optar por el diálogo franco, sincero y profesional con los y las colegas que en algún momento han publicado información errónea, con el fin de aportar datos adicionales que puedan servir para completar una nota. A los periodistas y a los medios no les gusta que se les imponga contenido, aunque haya un legítimo derecho para que así. La pasión y deber de un periodista con actitud profesional es buscar la verdad y los periodistas valoramos muchísimo la posibilidad de contar con más datos que nos permitan llegar a ese objetivo. En ese sentido, es una práctica común y ordinaria que los periodistas reciban llamadas de sus fuentes para aclarar una información que podría ser errónea, sin necesidad de exigirlo por otras vías legales.

El diálogo con un periodista es el mecanismo de menor impacto sobre la independencia editorial y en el Gobierno preferimos optar por una comunicación franca y asertiva con las y los comunicadores antes que recurrir a otros procedimientos establecidos en la ley que elevan una diferencia puntual a una confrontación judicial. Con mucha frecuencia converso con colegas y directores de medios y en la inmensa mayoría de las oportunidades no hay ninguna queja de intromisión en la libertad editorial.

Es necesario insistir en que aclarar un dato erróneo o pedir una rectificación por una información inexacta a agraviante no es una amenaza, no es  un amedrentamiento, nada tiene que ver con una intimidación. Aclarar un dato erróneo o pedir una rectificación por una información inexacta o agraviante es un derecho fundamental de cualquier persona o institución y para concretar ese derecho este gobierno prefiere el diálogo directo y profesional con el periodista que podría haber cometido un error, antes que iniciar un proceso legal legítimo para obligar al periodista a publicar un contenido.  Aún más, los periodistas profesionales recibimos con agradecimiento cuando una fuente nos advierte de un error en una información, o en un ángulo que ha sido omitido u olvidado, porque eso nos permite acercarnos aún más a la verdad.

Los periodistas profesionales, en los medios o en organizaciones públicas y privadas, ejercemos nuestra disciplina con el afán de acercarnos a la verdad todo lo que podamos, no trabajamos para concentrar poder político, ni para atacar a quien tiene ideas diferentes a las nuestras, ni para acumular dinero, tampoco para ser famosos o influyentes. El norte de los periodistas con una actitud profesional es la búsqueda de la verdad. Debemos tener la más amplia libertad de expresión, el más vigoroso debate público, el mayor contraste posible de ideas y posiciones y el mayor respeto posible a los hechos, a los datos, a la verdad, con el fin de que la sociedad como un todo obtenga la mejor información posible  y pueda conocer los asuntos  públicos, asumir una posición si lo desea y tomar decisiones.

Un aforismo clásico sentencia que «las opiniones son libres pero los hechos son sagrados». Una sociedad democrática sólida como la costarricense no puede permitir que los errores o las falsedades dominen el debate público porque nos encamina a tomar decisiones y actuar sobre premisas equivocadas. En ese mismo debate público todo lo que puedan hacer las voces múltiples y diversas de una sociedad, incluyendo al gobierno, para aportar hechos y datos verdaderos, es un aporte fundamental para el enriquecimiento de la democracia, sin que eso implique nunca una limitación a la libertad de expresión ni una violación a la independencia editorial de los pueblos.   Nadie en una sociedad democrática debería renunciar a recibir y debatir datos y hechos verdaderos, o que al menos son plausibles de ser verdaderos.

Por eso preocupa la posibilidad de que haya medios o periodistas cuya objetivo no sea la de proveer información verdadera a la sociedad sino otras agendas que impliquen el uso de desinformación para lograr sus objetivos, o intentar obtener notoriedad con base en exageraciones o victimizaciones inexistentes.

Aún más, es mi obligación como ministro de comunicación reaccionar cuando una información, declaración o dato sufre una posible distorisión que induce a un error relevante a la ciudadanía. Si no lo hiciera estaría incumpliendo con una tarea básica de mi cargo, y ustedes me interpelarían acerca del por qué lo habría permitido.

Tengo una vida dedicada a la defensa de a la libertad de expresión y a la enseñanza del periodismo en la Universidad de Costa Rica y he aprendido y enseñado que la mejor defensa de  la libertad de expresión es el periodismo responsable, de calidad, que busque sinceramente la verdad. El periodismo que desprecia la verdad atenta contra la libertad de expresión tanto como la censura pues justifica a quienes quieren limitar este derecho.

Esta comparecencia que con gusto hago ante el Plenario de la Asamblea Legislativa debería ser el inicio de una sana discusión democrática acerca de la calidad de la información que recibe la sociedad costarricense de los medios de comunicación tradicionales y digitales, y también acerca de las obligaciones que tenemos las y los funcionarios públicos de actuar siempre con transparencia, apertura y tolerancia ante las críticas de parte del resto de la sociedad.

El debate de fondo es acerca de cómo la sociedad costarricense puede recibir información verdadera, o al menos que aspire sinceramente a la búsqueda de la verdad,  sin que se vea afectada jamás la independencia editorial de los medios;  cómo mejorar mecanismos de autoregulación de los medios de comunicación para que sean ellos mismos quienes analicen críticamente sus falencias y errores y de manera autónoma apliquen procedimientos de control de calidad en beneficio de sus audiencias; cómo fortalecer el diálogo entre fuentes oficiales y medios de comunicación para favorecer al público con la mejor información posible sin afectar jamás la libertad de expresión, la libertad de prensa ni la independencia editorial de un medio de comunicación, y cómo lograrlo evitando recurrir a vías judiciales que impliquen una posible imposición de contenidos o peor aún una criminalización.

También es necesario plantearnos si todos quienes quieren hacer periodismo, aunque no tengan formación en la materia,  deberían procurar cumplir  prácticas profesionales y éticas mínimas o si preferimos no intervenir para impedir limitaciones. En ese sentido, sin que constituya una obligación, el Colegio de Periodistas podría dar un gran aporte en la capacitación de periodistas-ciudadanos o empíricos.

Es necesario plantear si nos interesa debatir como sociedad la relevancia de saber quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Ya esa norma existe para los periódicos impresos pero no para otros medios electrónicos o digitales.

Hay tantas cosas que nos podrían dividir como sociedad, múltiples diferencia de matices y enfoques, pero la búsqueda de la verdad debe unirnos a todos y a todas para defender y fortalecer esta democracia que tanto amamos.

Les agradezco su atención y paciencia. Quedo a sus órdenes para responder sus preguntas.

Buenas tardes.

(*)  Mauricio Herrera Ulloa

Ministro de Comunicación.

Comparecencia ante el  Plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

San José, 29 de setiembre del 2015

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4 COMENTARIOS

  1. La gente no lee periodicos para informarce, los lee para entretenerse.

    No puedo creer que un Ministro no sepa algo tan basico, la gente leera lo que quiere leer la «Verdad» en si para la masa es irrelevante. Como todos los empleados de Recope que se quejan de que la Nacion los ataca y no habla de que el presio del combustible es afectado por los impuestos, hubo una serie de reportages en primera plata hace no mas de un año que hablaba presisamente de eso.

    La gente de izquierda llama a los medio «Neoliberales» aliados de Liberacion pero fueron esos medios los que destaparon incontables echos de corrupcion he inutidad en los gobiernos pasados, hace un mes salio el lider de Liberacion diciendo que los medios tienen una campaña «Enfermisa» contra ellos… ¿Entonces?

  2. Excelente aporte de Mauricio Herrera. La pregunta no solo es quiénes son los dueños de esos medios sino también cuáles son sus intenciones.

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