San José, 30 Set (ElPaís.cr) – Con un fuerte llamado a nivelar la cancha para competir en igualdad de condiciones llegó la Rectora de la ULACIT, Silvia Castro Montero, a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación a referirse a las propuestas para reformar el Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), a las cuales se opusieron ya que según dicen se necesita una ley completamente nueva.
A diferencia de los colegios profesionales y de otras versiones que ha escuchado la Comisión, Montero junto con Rosa Monge Monge, Presienta de la Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE), se opusieron al proyecto de ley que propone una reforma al Conesup para generar mayores controles a las universidades privadas.
“Costa Rica ocupa una ley integral para la educación privada”, acotó Castro Montero, quién también destacó que el principal problema es que las universidades privadas no se pueden calificar dentro de un solo cupo, esto debido a que según dijo hay unas muy buenas y otras no tanto.
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Castro Montero indicó a los legisladores que para fiscalización por parte del CONESUP se destinan menos de 28 mil colones por sede ya que en la actualidad el 36% del presupuesto se dirige al pago de dietas de los miembros.
Otro de los puntos señalados por la Rectora de la ULACIT es que únicamente dos carreras nuevas por año se aprueban en el país. Castro Montero agregó la imposibilidad de la actualización de carreras cada cinco años tal y como se plantea en el texto del Ministerio de Educación, así como pide más escalas de sanciones, la acreditación de otras carreas ejemplo Derecho y Contaduría y se presentan plazos muy largos al CONESUP para responder acciones de las universidades.
«El proyecto además amplia el plazo de caducidad de revisiones de títulos a cuatro año luego de efectuada la inscripción, lo cual afecta la seguridad jurídica de los graduados (…) Hay buenas intenciones pero existen pésimas consecuencias, des-incentivos a la innovación y a la inversión en este sector, además el texto en mención contiene clausulas judicialmente cuestionables», dijo la Rectora de la ULACIT.
Para la Rectora también es ilegal la estructura de costos que se plantea en el texto presentado por el Poder Ejecutivo ya que viola la libertad de empresa. Asimismo mostró su preocupación con la idea de la acreditación obligatoria de las universidades ya que eso podría ir en detrimento de los niveles de calidad.
Sin embargo, no todas las pronunciaciones de la Rectora fueron negativos respecto al proyecto, ya que según dijo dentro de la propuesta del Ejecutivo se plantea un punto válido y es que los miembros del Consejono podrían tener responsabilidades en cualquiera de las universidades privadas del país, excepto la docencia o la investigación.
Por su parte Rosa Monge Monge, Presienta de UNIRE reafirmó el compromiso de las 24 universidades afiliadas con la calidad de la educación universitaria costarricense, además dijo que esta entidad debe mejorar en cuanto a gestión y funcionamiento legal. Cabe destacar que coincidió con Castro en que el Consejo dura mucho tiempo en aprobar o negar la creación de un centro de estudio.
“Más que un tema de normativa corresponde a una falta de visión y gestión, además se ha incumplido en diferentes ocasiones el deber legal de la institución. CONESUP no debe solo controlar a las universidades privadas sino ser también un facilitador para el desarrollo de las mismas”, sentenció Monge Monge.
La Presidenta de UNIRE señaló a los congresistas que muchas de las debilidades actuales se podrían solucionar con una efectiva labor de fiscalización del consejo encargado del control y regulación de las universidades privadas. Por ahora los diputados de la comisión continuarán analizando la viabilidad del proyecto y recibiendo a la vez otras entidades en comparecencia.
