San José, 1 Oct (Elpaís.cr) – Veinticinco años después de la Declaración del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra este jueves 1 de octubre, la Defensoría de los Habitantes presentó un informe que sostiene que los esfuerzos realizados para favorecer esta población no son siendo suficientes para revertir las condiciones de desigualdad y discriminación que presenta esta población
Al mismo tiempo, la incorporación de la perspectiva de vejez en las políticas públicas se ha tornado tardía para la definición estrategias que permitan conciliar las necesidades de los adultos mayores, pues los casos atendidos en la Defensoría, le han demostrado a la institución que la discriminación hacia población adulta mayor sigue siendo evidente en ámbitos como la salud, la protección social y el transporte público.
En relación con el derecho a la salud, las zonas que más denuncias presentan respecto a las listas de espera en cirugías de remplazo de cadera en Ortopedia, de próstata en Urología y cataratas en Oftalmología, al igual que por plazos amplios para procedimientos diagnósticos como radiografías, ultrasonidos, gastroscopias, entre otros.
Hay además, debilidades en procedimiento de referencia interhospitalaria, con lo que para la Defensoría de esta forma se comprueba que el sistema de gestión de citas no se ha contemplado la perspectiva etaria, ni tampoco el trato preferencial que por derecho tiene esta población.
En cuanto al derecho al uso del transporte público mediante un descuento tarifario se registraron también quejas sobre los malos tratos continuos que sufren las personas mayores, que pasan por ofensas y humillaciones, lo que las obliga a renunciar al disfrute del derecho, dada la debilidad en la fiscalización que le corresponde al CTP respecto a la prestación del servicio y el respeto del derecho en cuestión.
Respecto a la protección social, destacan denuncias sobre la debilidad de la gestión del Régimen No Contributivo de Pensiones administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el otorgamiento de pensiones a las personas mayores en condición de pobreza y que conforme se eleva la demanda del beneficio aumenta la tardanza en la resolución de las solicitudes presentadas por las personas eventualmente beneficiarias.
Otro tema recurrente de queja, versa sobre los servicios dispuestos para la atención de las personas víctimas de maltrato, violencia intrafamiliar y abandono social, que resultan insuficientes dada la falta de implementación del componente contenido en la política de vejez y envejecimiento que debe orientar el fortalecimiento de los mecanismos existentes para su atención, así la administración de los hogares de ancianos, centros diurnos y las diversas modalidades de atención de la Red de Cuido Integral de la Persona Adulta Mayor
«A la Defensoría la reseña anterior le demuestra que el enfoque tendiente a posicionar a la población adulta mayor como colectivo específico titular de derechos, si bien es un proceso de acción progresiva, muestra un rezago lesivo a los derechos de esta población y plantea importantes desafíos al Estado para responder a sus demandas en un país que se encuentra en plena transición demográfica, la cual se traduce no sólo en una mayor cantidad de persona mayores, sino de personas que viven más años», sostuvo el órgano, por lo que es criterio de la Defensoría, «que es necesario incrementar las medidas orientadas a sensibilizar y capacitar sobre el envejecimiento y los derechos de las personas mayores a los diversos actores sociales, públicos y privados».
La institución además quiere hacer énfasis en el empoderamiento de las personas mayores para que éstas también contribuyan a impulsar el desarrollo de la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento.
