San José, 1 Oct (Elpaís.cr) – La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo en el que se comprobó la problemática que vive la comunidad de Isla Caballo en el Golfo de Nicoya con el tema de no contar con agua potable fija lo que lesiona el derecho a la salud de sus ciudadanos.
Según la Sala, la omisión de las autoridades recurridas es una clara violación al derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos, el cual consiste en prestar esos servicios de una forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente.
El recurso fue presentado por un vecino de la comunidad de apellidos Umaña Leal. El recurrente acusa que su comunidad se abastece de aguas de pozos contaminados. Es por ello, que se ven obligados a trasladarse a Puntarenas o a las islas cercanas por medio de «pangas» o botes para abastecerse de agua potable, situación que resulta muy costosa para las familias de escasos recursos.
Los magistrados ordenaron a la Directora y al Jefe Cantonal de la Región Pacífico Central de Puntarenas, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; al Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Puntarenas y a la Viceministra y la Directora del Área Rectora de Salud Peninsular, del Ministerio de Salud a que adopten, en forma inmediata, las previsiones correspondientes para incluir, en el plazo de un año, a la Comunidad de Isla Caballo, en un proyecto de suministro de agua potable.
Además, se ordena a las autoridades recurridas, que en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, realizar los estudios pertinentes para garantizar la calidad de agua de los pozos existentes en la isla. Por su parte las autoridades de AyA deberán realizar las gestiones necesarias y las actuaciones pertinentes, para abastecer de agua potable a los habitantes de Isla Caballo, por medio de cisternas u otros mecanismos que garanticen permanentemente el acceso al agua mientras se resuelve la situación planteada en este recurso.
Isla Caballo se encuentra a media hora en bote desde Puntarenas y está habitada por cerca de 300 personas pertenecientes a medio centenar de familias que viven, fundamentalmente, de la pesca artesanal
La Sala estuvo integrada por el magistrado Armijo Sancho quien presidió y los magistrados Castillo Víquez, Rueda Leal, Hernández López, Salazar Alvarado, Pacheco Salazar y Salas Torres como ponente.
