De cal y de arena
Quedaron atrás los años en que nuestro territorio servía de mero puente para el tránsito de las drogas y las operaciones internacionales del narco. Hoy está invadido por el crimen organizado de lo que dan testimonio la ola de asesinatos, la captura de bandas que trasiegan con la droga y los grandes volúmenes de marihuana y cocaína decomisados en tierra y en mar, con la decisiva colaboración de gobiernos amigos. Además el International Narcotics Control Strategic Report (marzo 2015) advierte que nuestro territorio está entre los preferidos por la delincuencia transnacional organizada para hospedar sus delitos financieros. Esto evoca las advertencias en 2001 de la ex subsecretaria de Defensa de los Estados Unidos, Ana María Salazar, de que se nos meterían los narcos y toda clase de bandidos si no adoptábamos los providencias jurídicas y estratégicas idóneas para encarar un desafío como el que encaró Colombia, años más atrás. Por las infidencias que infiltró Wiki Leaks se supo que los diplomáticos estadounidenses aquí acreditados informaron que “Costa Rica sigue siendo un punto importante de transferencias de drogas, personas, dinero y armas. Su marco legal todavía está muy abierto al lavado de dinero”. El mismo rumbo llevan unas declaraciones del fiscal general, Jorge Chavarría, cuando en agosto de 2011 confesó sus temores de que los carteles internacionales penetren las municipalidades costeras para obtener inmunidad y control territorial. Y las notas del jefe de la Unidad de Lavado del OIJ, Reynaldo Velásquez (CRhoy, 22/I/13) al decir que el país es un paraíso para el lavado de dinero. Y la tremenda denuncia del director de la DIS, Mariano Figueres, en “Matices” días atrás de que aquí se lavan US$ 4.200 millones al año. Chavarría hoy va más allá y advierte que ya atravesamos el punto de no retorno.
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La presencia del crimen organizado deja abundantes evidencias en la escalofriante ola de asesinatos, en el decomiso de simbólicas cantidades de droga, en la inseguridad reinante y en la percepción de que esto está derramado por todo rumbo. En contraste, la reacción de los cuerpos del Estado llamados a enfrentar el reto es lenta; el mismo Chavarría se ha quejado de que el Ministerio Público no se ha modernizado y carece de autonomía, en tanto el Departamento de Estado en un “Informe Internacional sobre Estrategia y Control de Drogas” del 2013 consignó que nuestras instituciones gubernamentales, en particular la rama judicial, carecen de adecuados controles internos y procesos para prevenir, detectar e investigar la corrupción de funcionarios públicos”. En medio de un contexto tan peligroso y desafiante, el Congreso tramita una ley para cerrar el cerco a los capitales atesorados por el crimen organizado, sin ver que la ley 8754 ya prevé esta sanción que nadie recuerda; la Corte Suprema de Justicia se percata de que en ciertos estrados ha habido resoluciones en causas ligadas al narcotráfico que dejan grandes dudas; el Tribunal Supremo de Elecciones abre los ojos ante la proximidad del dinero sucio presente en los partidos y el Partido Liberación Nacional depura los requisitos éticos para llegar a las instancias de gobierno municipales. ¿Vamos bien o estamos llegando tarde?
(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista