viernes 12, agosto 2022
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Víctimas de acción militar celebran decisión de tribunal sobre expresidente Uribe

Bogotá, 16 oct (dpa) – Familiares de víctimas de una cuestionada operación militar ejecutada hace 13 años en Medellín celebraron la decisión de un tribunal de enviar al Congreso de Colombia un expediente para una eventual investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe por presuntos vínculos con paramilitares.

El Tribunal Superior de Medellín decidió enviar a la Comisión de Acusación del Congreso la copia de un expediente sobre la «Operación Orión», cumplida en octubre de 2002 por fuerzas combinadas del Ejército y la Policía en una comuna marginal de esa ciudad en contra de supuestas milicias urbanas de la guerrilla.

Según denuncias de habitantes de la Comuna 13 de Medellín, la operación dejó 12 muertos y un centenar de desaparecidos. Una de las quejas más graves que se ha hecho desde esa época es que en la acción participaron miembros de grupos paramilitares de ultraderecha que usaban pasamontañas y vestían uniformes camuflados, aunque carecían de insignias militares.

La operación se cumplió al inicio del primer periodo de Uribe como presidente (2002-2006), quien desde hace años es acusado por diversos sectores políticos y sociales de tener nexos con bandas armadas de ultraderecha no solo cuando ejercía el cargo de jefe de Estado sino desde que fue gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997).

«La Sala (del Tribunal de Medellín) ratificará la orden de expedir copias para investigarlo (a Uribe) por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir (grupos urbanos armados) vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República», señaló el tribunal en un pronunciamiento.

En la misma declaración, el tribunal cuestionó a los generales retirados del Ejército y la Policía Mario Montoya y Leonardo Gallego, respectivamente, de quienes dijo que comandaron la «Operación Orión» y permitieron acciones conjuntas de las fuerzas estatales de seguridad con el Bloque Nutibara, una banda que formaba parte de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Luz Elena Galeano, portavoz de la Corporación Mujeres Caminando por la Verdad, que reúne a familiares de víctimas de la «Operación Orión», celebró que el Tribunal Superior de Medellín hubiese decidido enviar el expediente al Congreso.

«Me parece maravilloso (…) Que se investigue a todos los responsables, agentes estatales y la fuerza pública que estuvo en los hechos. Todo eso fue en conjunto con la fuerza pública, la Cuarta Brigada (del Ejército), el presidente Álvaro Uribe, el general Mario Montoya. Eso fue toda la cúpula militar en comunión con los paramilitares», dijo Galeano a la cadena radial Caracol.

Por su parte, Adriana Arboleda, coordinadora de un programa de víctimas del conflicto armado de la Corporación Jurídica Libertad, calificó de «oportunas» las nuevas denuncias en contra de Uribe por la «Operación Orión» y por una masacre ocurrida cuando era gobernador de Antioquia.

Uno de los miembros del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Pinilla, dijo que la Comisión de Acusación del Congreso es el órgano encargado de investigar a Uribe por la «Operación Orión», pues cuando ocurrió ya ejercía el cargo de jefe de Estado.

El envío del expediente a esa célula de Congreso ocurrió poco después de que el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, dijera que un tribunal especial que se creará en el marco del proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC debe asumir la investigación de denuncias contra Uribe por presuntos vínculos con paramilitares cuando fungía de gobernador, que están en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Uribe, que ahora es senador, aseguró que los constantes señalamientos en su contra por presuntos nexos con paramilitares son una «persecución política» de la guerrilla de las FARC y del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

En referencia al envío del expediente al Congreso por la «Operación Orión», Uribe dijo que el Tribunal Superior de Medellín es una corte «prevaricadora», al tiempo que catalogó al magistrado Pinilla de «subversivo».

Varios dirigentes del Centro Democrático, partido de derecha radical dirigido por Uribe, aseguran que el gobierno y el grupo guerrillero acordaron en el proceso de paz que el ex presidente sea juzgado por las acciones de los paramilitares, aunque ambas partes lo han negado.

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1 COMENTARIO

  1. Son demasiados sucesos y «coincidencias» que vinculan a Uribe con el paramilitarismo. Pero en Colombia hay demasiados políticos y empresarios (el poder fáctico) que también están embarrados hasta las narices con el paramilitarismo (algunos lo llaman Terrorismo de Estado) y harán lo posible por neutralizar cualquier iniciativa que pudiera poner a Uribe y a ellos mismos detrás de las rejas. Para hacer más difícil la aplicación de justicia en el caso Uribe, es más que evidente que el dicho expresidente está cobijado por el gobierno de USA, que sin lugar a dudas sabe muy bien de todas estas acusaciones y evidencias en contra de Uribe, pero que se hace el de la vista gorda para que su protegido se encargue de combatir en Suramérica cualquier persona o movimiento que medio-huela a izquierda, como evidentemente hace al organizar actos terroristas en contra del Gobierno venezolano u otros colombianos que desaparecen con suma frecuencia (sindicalistas por citar un ejemplo). Hay que celebrar que de alguna manera la justicia quiere abrirse paso en Colombia, al igual que hay que tener en cuenta de que en Colombia, el poder fáctico se ha encargado de mutilar la justicia por décadas. Habrá justicia esta vez?

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