martes 28, noviembre 2023
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Argentina elige un nuevo presidente tras 12 años de kirchnerismo

Por Cecilia Caminos (dpa), Buenos Aires, 24 oct (dpa) – Argentina celebrará mañana elecciones presidenciales en un histórico cambio de ciclo político, con el fin de 12 años de gobierno kirchnerista, en medio de incertidumbre acerca de si el oficialista Daniel Scioli obtendría un triunfo en primera vuelta o si habrá una segunda ronda con el opositor Mauricio Macri.

Los comicios, que marcarán el cierre de un ciclo de doce años de gobierno kirchnerista, se realizarán bajo amplias medidas de seguridad y control para evitar irregularidades, ante la posibilidad de que el resultado se defina por un estrecho margen.

Unos 32 millones de ciudadanos fueron convocados a votar el domingo presidente y vicepresidente, 130 diputados nacionales (sobre un total de 257), 24 senadores nacionales (sobre un total de 72), 43 legisladores para el Parlamento del Mercosur (Parlasur). En once de las 24 provincias se elegirán gobernadores, legisladores provinciales, intendentes y concejales.

Los sondeos apuntan a un escrutinio de alta tensión y el director nacional electoral, Alejandro Tullio, informó que los primeros resultados se conocerán a partir de las 23:00 horas.

El candidato presidencial del Frente para la Victoria (Fpv) oficialista, el peronista Daniel Scioli, lidera la intención de voto y está cerca de ganar en primera vuelta, mientras que el postulante de la coalición opositora de centroderecha Cambiemos, Mauricio Macri, apuesta a recortar su ventaja para forzar una segunda ronda.

El tercer candidato con alta intención de voto, el peronista disidente Sergio Massa de la alianza UNA, no alcanzaría en tanto a pelear por un lugar en una eventual segunda vuelta.

En Argentina para ganar en primera vuelta se necesita más del 45 por ciento de los votos o más del 40 por ciento y una ventaja de diez puntos porcentuales sobre el más cercano contendiente.

El alto porcentaje de indecisos y ciudadanos que podrían cambiar su voto a último momento, que algunas consultoras estiman en cerca de un 30 por ciento, podría ser clave para definir la elección.

Gran parte de la atención estará centrada en la provincia de Buenos Aires, donde vota el 37 por ciento del padrón electoral nacional. Allí se postula como candidato a gobernador del FpV el actual jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, un peronista histórico pero uno de los funcionarios de peor imagen pública; mientras que por Cambiemos compite María Eugenia Vidal, una figura ascendente que aspira a ser la primera mujer en gobernar el distrito.

Los centros urbanos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza también tendrán un peso crucial en los comicios.

Scioli, gobernador desde 2007 de la provincia de Buenos Aires y ex vice de Néstor Kirchner (2003-2007), se presenta como el candidato que puede «garantizar la gobernabilidad» con el apoyo del aparato político peronista, los sindicatos y las provincias gobernadas por el justicialismo. Aunque el político, de 58 años, evita una confrontación abierta con el gobierno, asegura que no será un presidente «de transición» ni un títere del kirchnerismo.

«Voy a ejercer con plenitud las facultades constitucionales», afirma Scioli, quien anticipa que de llegar a la presidencia va a «mantener lo que ya está, cambiar algunas cosas, corregir otras y trabajar para lo que falta».

Macri, de 56 años, se postula en tanto como el candidato «del cambio». Expresidente del club de fútbol Boca Juniors, empresario y alcalde desde 2007 de la ciudad de Buenos Aires, lidera el partido de centroderecha PRO. Basa su campaña en la promesa de «pobreza cero, luchar contra el narcotráfico y unir a los argentinos» luego de doce años de kirchnerismo que abrieron una «grieta» en la sociedad entre los denominados K y anti-K.

Massa, de 43 años, se estableció como el tercero en discordia y evitó una polarización electoral entre Scioli y Macri. En caída antes de las primarias de agosto, el diputado peronista disidente y líder del Frente Renovador se recuperó e incluso sumó apoyo en los últimos meses con una campaña agresiva de propuestas concretas, algunas polémicas, para reactivar la economía y luchar contra la inseguridad y el narcotráfico con ayuda de las Fuerzas Armadas.

También se postulan a la presidencia Margarita Stolbizer, de la coalición de centroizquierda Progresistas; Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT); y el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá. Lejos de poder pelear siquiera un lugar en una eventual segunda ronda, aspiran a fortalecer sus espacios en el Congreso.

Los resultados que proyectan las encuestadoras advierten que el FpV perdería la mayoría propia en la Cámara de Diputados, pero lograría mantenerla en el Senado, por lo cual al próximo presidente -cualquiera sea- le tocará gobernar a través de acuerdos con aliados parlamentarios.

La herencia que recibirá el próximo presidente luego del gobierno del fallecido Néstor Kirchner y los dos mandatos de Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-actual) es compleja.

Entre los desafíos pendientes figuran una economía estancada, con problemas en varios sectores productivos y una inflación cercana al 25 por ciento anual, exiguas reservas de divisas en el Banco Central, alta emisión monetaria, un déficit estimado en un siete por ciento del PIB, un peso sobrevaluado y con el tipo de cambio desdoblado (oficial y paralelo) por las amplias restricciones en el mercado de divisas.

Argentina necesitará atraer inversiones y regresar al mercado financiero internacional, para lo que tendría que garantizar reglas sin alteraciones unilaterales y buscar un acuerdo en los litigios con fondos especulativos de inversión, tenedores de bonos en moratoria.

La pobreza, estimada en casi un 29 por ciento de la población por un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA), es otro desafío a resolver por el presidente que asumirá el próximo 10 de diciembre. El amplio sistema de asistencia social que implementó Fernández de Kirchner sacó a miles de familias de la indigencia y llevó a muchos niños de regreso a la escuela. Fue el sostén para sacar de la pobreza extrema a parte de la población, aunque el gobierno no mide ese índice desde 2013.

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