lunes 8, agosto 2022
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La huida del fiscal venezolano y nuestra situación

Lo recientemente sucedido en Venezuela, donde el Fiscal de la acusación contra el dirigente López, quien fuera condenado a 14 años de prisión, huye del país con su familia y declara luego que fue obligado a presentar pruebas falsas en contra del acusado, presionado por sus superiores (del Poder Judicial Venezolano) y el Ejecutivo (Maduro), (en caso de que fuera cierto y no una jugada magistral de CIA, cosa que no sería extraño dada la larga historia de intervenciones y otras cosas aún peores en América Latina), resultaría la prueba fehaciente de la descomposición absoluta y total de un gobierno que impide el juego democrático y cuyo presidente recibe la visita de “pajaritos” que le hablan.

Procuro no referirme a los incidentes de los países que han optado por estilos de gobiernos diferentes al nuestro, por más que hayan sido el producto de elecciones al parecer libres y limpias, pues los ciudadanos de cada país tiene el derecho soberano de escoger su propio camino. Sea hacia la superación o hacia el abismo.

Además, suficiente basura tenemos localmente que barrer en Costa Rica, como para andar preocupándonos de lo que suceda en Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador o Bolivia.  Si no vean Ustedes lo que acaba de suceder: el Partido Libertario y tres de sus dirigentes, son condenados en un juicio, en donde se logró comprobar totalmente que estafaron al Tribunal Supremo de Elecciones por una suma mayor a los doscientos millones de colones. Y cómo su máximo dirigente, el actual diputado Otto Guevara, “se hace el loco” y no renuncia a su curul en la Asamblea Legislativa, cosa que debería hacer por decencia básica y elemental.

Pues bien, lo sucedido en Venezuela, al parecer, es ya la fase final de lo que está manifestándose en nuestro país, en donde el Poder Judicial ha ido perdiendo credibilidad progresivamente, aunque no ha llegado a estos extremos.

Personalmente me siento sumamente preocupado por el creciente cuestionamiento de la ciudadanía a uno de los pilares de la democracia, como es el Poder Judicial. Pues la pérdida  de confianza en la justicia no sólo debilita este poder del Estado, sino que hasta atenta contra la estabilidad económica y la cohesión social.

Nuestra democracia representativa se encuentra en franco declive, lo cual tiene su origen en el funcionamiento oligárquico de los partidos políticos, y en la colonización que han hecho grupos de poder e influencia de las instituciones. La estructura y funcionamiento de los partidos sólo formalmente pueden ser considerados democráticos. La concentración de un poder omnímodo en la muy reducida cúpula dirigente del partido ha alejado a los partidos de la sociedad, y debilitado el necesario vínculo de confianza entre los electores y los elegidos. La relación de confianza entre los representados y sus representantes se ha roto porque estos no se sienten vinculados a aquellos, sino a la cúpula del partido que los incluyó en las listas. El representante de algún grupo de fuerza en su interior aspira a ser incluido en las listas, puesto que de esa inclusión depende su posibilidad de ser finalmente elegido. Y en ocasiones, esa inclusión en las listas, o el lugar que se ocupe en ellas, depende de la voluntad de una sola persona.

Por otro lado, los partidos han penetrado en instituciones que, por su propia naturaleza, deben ser ajenas a lo lógica partidista: entre ellos el Poder Judicial, pasando por Instituciones que deberían gozar de una absoluta independencia, para poder ejercer funciones básicas para la preservación del Estado Constitucional, los cuales han sufrido el asalto de los partidos políticos.

Junto con la democratización de los partidos, el fortalecimiento de la independencia de la Justicia (ordinaria y constitucional) es el otro gran reto que todo proyecto de regeneración debe afrontar. La independencia judicial y su integridad están íntimamente conectada al correcto funcionamiento de una sociedad democrática y a los derechos de la ciudadanía. Más allá de su evidente vinculación teórico-política, existe también un nexo jurídico-positivo entre estas nociones.

La independencia judicial no es solo garantía de la tutela de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en procesos judiciales concretos, sino que, más allá de ello, la independencia del Poder Judicial en su conjunto es un presupuesto de la división de poderes y, por tanto, de una comunidad política que limita el poder y minimiza la arbitrariedad de quienes lo ejercen. Los ciudadanos y las ciudadanas necesitan de tribunales independientes, capaces de aplicar la ley de manera neutral y de defender sus derechos frente a los ataques de terceras personas, y en particular de actores más poderosos.

Sin embargo, la percepción generalizada en nuestro país es que la judicatura no es independiente ni neutral.

El nivel de desconfianza de la ciudadanía en la Justicia muestra una situación alarmante. Y parte del hecho de que el nombramiento de los jueces supremos, que depende de la Asamblea Legislativa, cubre con un manto de duda sobre la integridad con que se ha escogido a cada uno de ellos, y se piensa que más bien obedecen a las influencias que los partidos políticos desean tener en la administración de justicia. Y últimamente, con el destaparse el escándalo de los regímenes de administración de los recursos humanos a su interior, y de cómo los jueces mismos sentencian a favor de lo inaceptable, utilizando argucias y alambicados argumentos, hacen dudar también de cómo se maneja a su interior la administración de la justicia.

Estas son las primeras señales que indican que el camino de la corrupción ya se inició en el Poder Judicial, y que si vemos una luz al final del túnel es porque se nos viene un tren encima, y no otra cosa. Y quiera el destino que nuestra suerte no sea que acabamos de ver en nuestra hermana Venezuela.

¿Cuáles son las causas de esta desconfianza hacia unas instituciones que, a priori, deberían ser los guardianes de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos? A falta de mayor evidencia empírica, pueden apuntarse una serie de hipótesis.

Para empezar, es obvio que el nivel de politización de las altas instituciones de la Justicia y el carácter explícito e indisimulado de esta politización proyecta una sombra de duda, a ojos de la ciudadanía, sobre la Justicia en su conjunto. Si bien la literatura en Ciencia Política ha mostrado que prácticamente cualquier alta jurisdicción del mundo responde en cierta medida a líneas de fractura ideológicas o partidistas, la crudeza de episodios en nuestro país como el del Tribunal Constitucional en su sentencia como el caso de la reelección presidencial para favorecer a Oscar Arias ha mostrado a la ciudadanía una imagen del tribunal muy alejada de la idea de neutralidad e imparcialidad que se espera de él y que legitima su función en una sociedad democrática.

Una segunda hipótesis tiene que ver con la parcialidad de clase de la Justicia. La idea de “una justicia para ricos y otra para pobres” está fuertemente arraigada en el imaginario colectivo. Pero cuando la desigualdad crece tanto y tan rápidamente en un país como ha ocurrido en los últimos años, el sesgo social de las instituciones judiciales se acentúa. El acceso a la Justicia se vuelve más difícil para un número más alto de ciudadanos y ciudadanas. Frente a ello, que supone como mínimo una erosión del derecho a la tutela judicial efectiva, los poderes públicos no solo se han mostrado inactivos, sino que incluso su actividad ha ido en ocasiones en sentido contrario al que cabría esperar.

Una tercera hipótesis, en fin, tiene que ver con la pérdida general de confianza de la ciudadanía en todas las instituciones políticas. La frecuencia e intensidad de los casos de corrupción y la crisis económica y fiscal, entre otros factores, han desencadenado una fuerte crisis de confianza de las ciudadanas y los ciudadanos en las instituciones del Estado, y la Justicia no podía ser una excepción, máxime cuando por alguno de los motivos arriba apuntados existe una generalizada percepción de colusión de intereses y conductas entre actores e instituciones de los distintos poderes.

La falta de confianza de la ciudadanía en su judicatura puede desincentivar el recurso a los tribunales, ante la expectativa de que estos no tutelarán de forma “efectiva” sus derechos, perpetuando así su vulneración. El énfasis se pone en el lugar equivocado si se cree que esta pérdida de confianza en la Justicia es un riesgo para la estabilidad de las instituciones del Estado: lo es, sobre todo, para los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. No se trata de un matiz menor, pues las soluciones a adoptar pueden variar radicalmente según se tenga en mente una u otra perspectiva.

Alfonso J. Palacios Echeverría

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11 COMENTARIOS

  1. Agreguemos a todo esto que el presidente se dedica a hacer lobby (visitas vergonzosas incluidas) para su política fiscal con personajes siniestros (y siniestras) de la política nacional que el pueblo detesta y desea, de una vez por todas, desaparecer del escenario nacional. Si luis guillermo no tiene la capacidad (con el equipo de gobierno del que dijo es muy capaz) de manejar el asunto fiscal, entonces que lo diga, se vaya y deje el lugar a alguien que sí sepa lo que tiene que hacer. Esa actitud también genera desconfianza aparte de los mal que maneja el poder judicial y de la mediocridad del Tribunal Supremo de Elecciones.

  2. Que tirada con el régimen izquierdista de Venezuela, esto vendrá a afectar la ya muy maltrecha imagen del Frente Amplio en Costa rica.

  3. No es cierto como dice el autor que exista una percepción generalizada en el país de que la judicatura no es independiente ni neutral. En los estudios del Estado de la Nación, el Poder Judicial resulta con un índice alto de confianza ciudadana. Por que no le gusten «políticamente» las consecuencias de ciertos fallos no es prueba de corrupción.

  4. Adolfo. El comentario esta fuera de lugar, pues simplifica Usyed a una percepcion personal suya unos argumentos solidos y extensos del articulista. No esta diciendo el autor que politicamente esta en desacuerdo con ciertos fallos )y ya se nota que Usted se refiere a lo del murcielago de la paz…) para que fuera de nuevo presidente. Por otro lado, el informe del Estado de la Nacion no siempre es absolutamente imparcial. O no se habia dado cuenta a estas alturas…
    Por su comentario, tan simplista, senota que le pego duro el articulo. Eso eslo que usca este medio: que los lectores reaccionen y piensen.

    • Extrano que «venga en picada» la izquierda, sobretodo cuando America Latina ha dado un viraje en esa dirección.El asunto es muy sencillo, Venezuela tiene las reservas probadas de gas y petróleo más grandes del mundo y ningún buitre deja ir una presa tan suculenta. Ahí no importan costos ni muertos.

  5. Me hizo gracia eso de la izquierda viene en picada. No es que defienda a Maduro, pero creo que hay numerosos ejemplos de gobiernos realmente malos, porque veo una contradicción de mencionar el aspecto de la CIA y aún así mencionar el gobierno del cuestionado mandatario. Aparte del buen comentario, seguir usando a Venezuela como una forma de consolarnos con nuestro intervenido sistema político y judicial es agravar la realidad.

  6. «en caso de que fuera cierto y no una jugada magistral de CIA, cosa que no sería extraño dada la larga historia de intervenciones y otras cosas aún peores en América Latina».
    Pienso que el señor Palacios está enterado de cómo actúa el Gobierno de USA. Una persona informada entiende que USA compra a todo tipo de personas y medios para desestabilizar gobiernos a su antojo. Ni para que mencionar que son capaces de MATAR mujeres, niños, hombres y viejecitos con tal de adueñarse de algún recurso que les resulte importante para su agenda geo-política (el petróleo es uno de sus manjares favoritos). No creo que haga falta citar ejemplos, porque en realidad la evidencia es abundantes en los noticieros comunes y solo un necio insistiría en lo contrario.
    Estando al tanto el articulista de estos métodos de los gringos, me parece un error utilizar algo que PODRIA SER un montaje, para aludir a situaciones del acontecer nacional. Sin entrar en juicios prematuros, al menos este caso del fiscal venezolano contiene en sí mismo un grado de duda inherente, y que por lo tanto, en honor a la justicia, no debería usarse como base para sustentar planteamientos.

  7. Habemos muchos ciegos en Costa Rica , hechos a mano y a la medida , para no ver lo que esta de frente y echar la culpa al vecino .
    El Juez , vive en un pais democratico Venezuela, Tiene arraigo por su estatus social, familiar, vocacional , profesional y politico. No veo como una persona en su sano juicio se expone a huir del pais con su familia , pudiendo hacerlo voluntariamente. Echar sobre sus hombros una vil calumnia , no solo sobre Maduro , su administracion , sino sobre su pais , su carrera futura y la vida de su esposa hijos y familiares, no tiene ni pies ni cabeza.

  8. Acerca del fiscal venezolano que huyó a EEUU.-

    «fue obligado a presentar pruebas falsas» dice ese fiscal. Cómo lo obligaron, lo extorcionaron acaso, le pusieron un puñal en la espalda? El era el encargado de recabar la prueba, si era tan de pellizco en nalga de Leopoldo López y su familia,(según lo relata en la entrevista en CNN) en especial de sus hijas que eran compañeras en el colegio,¿Por qué no se inhibió del caso?Pero yo me pregunto, si Leopoldo no fue culpable de nada y ahora resulta que es una santa paloma, quién concibió el plan «La salida» para derrocar el gobierno de Maduro por la violencia. Quién es el responsable entonces de los centros de salud destruidos , de las instalaciones universitarias quemadas, de los autobuses y carros particulares incendiados, pero sobre todo, de la muerte de 34 venezolanos? Sería Corina?Ahora bien, este fiscal se fue a EEUU, lugar donde buscan refugio todos los delincuentes que huyen de su país y necesitan protección. (Bueno, la mayoría, muchos de ellos están refugiados en Escazuela).Por lo menos yo no escribiria un artículo, (como el señor Palacios en El País. Cr), como decía el Che,” ni un tantito así”dándole espacios a quien sabemos vienen desde hace tiempo implementando planes para destruir la revolución bolivariana. De mi modesta pluma, les aseguro, jamás saldría.

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