San José, 23 Nov (Elpaís.cr) – La Defensoría de los Habitantes se pronunció en contra de la solicitud del Instituto Costarricense de Electricidad ICE a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), para un aumento tarifario que incrementarían el costo de la factura eléctrica al usuario final en un 8,27% por mes.
“El ajuste, en general, afectaría a los usuarios de electricidad del país, independientemente de la empresa distribuidora”, aseguró el ente defensor, que señaló que aunque las tarifas de los servicios públicos deben ajustarse periódicamente para mantener la calidad y continuidad de los mismos, “los aumentos solicitados por el ICE no están acorde con la coyuntura económica actual y la esperada para el año 2016”.
En el documento de oposición presentado por la Defensoría ante la Autoridad Reguladora se abordan los aspectos de oposición en cada una de las solicitudes en detalle.
Entre ellos, destaca que las solicitudes de aumento están basada en proyecciones económicas que no se ajustan a la realidad del país.
“La proyección que realiza el ICE de la estructura de costos para cada sistema se basa en pronósticos de inflación y devaluación muy por encima de los resultados observados a la fecha”, sostuvo la Defensoría.
Además, la necesidad de recursos adicionales para alcanzar el nivel de rentabilidad pretendido por el ICE no están debidamente justificados.
“El ICE solicita parte del ajuste tarifario para alcanzar en el año 2016 ciertos valores para el rédito del desarrollo en cada sistema. Sin embargo, la Defensoría observó que después de aislar el efecto de los costos propios de las solicitudes, los réditos para el desarrollo proyectados resultantes, a tarifas actuales, están dentro del rango de valores aprobados por la ARESEP en los últimos años a la Institución”, aseguró la Defensoría.
Consideraron también que la necesidad de revisar los programas de inversiones planteados por el ICE para todos los sistemas para los años 2016 y 2017.
“La realización de dichos programas de inversiones se sustentarían en parte por los mayores ingresos adicionales que se obtendrían con el incremento tarifario solicitado”, concluyeron.
La Defensoría advirtió que según los datos disponibles en los estudios tarifarios del ICE, la institución no ha mantenido un nivel estable de ejecución de las inversiones autorizadas por la Autoridad Reguladora, de manera que si el ICE subejecuta parte de las inversiones autorizadas por la ARESEP para los años 2016 y 2017, se le estarían reconociendo ingresos para estos propósitos por encima de lo realmente utilizable, con la correspondiente carga tarifaria innecesaria sobre el usuario final de la energía.
Debido a lo anterior, la Defensoría de los Habitantes solicitó a la Autoridad Reguladora, ajustar las proyecciones de inversión del ICE de acuerdo con lo que es factible desarrollar durante los años 2016 y 2017, de manera que no se recarguen las tarifas a los usuarios de todos los sistemas.
