O sea, del cambio, ¡Nada!

Como ha venido sucediendo en los EEUU desde hace ya bastantes años, en este pequeño país llamado Costa Rica, que por falta de una entidad propia tiende a copiar todo lo malo del imperio, se viene privatizando la política y se tiende hacia la privatización del Estado.

Debe quedar claro que no de la forma vulgar y descarada que se hace allá, en donde las grandes empresas, por ejemplo, llegaron a gastar desde el 2006 hasta ahora más de 5.000 millones de dólares en la compra de influencia política. Y los ricos están usando su dinero para asegurarse medidas fiscales que les permitan hacerse aún más ricos. En lugar de invertir en tecnología o en investigación, obtienen mayores rendimientos invirtiendo en Washington.

Así pues, las mañas y triquiñuelas inventadas allá se han aplicado acá al punto de despertarnos con la noticia de que los grandes contribuyentes locales no pagan impuestos en proporción a sus ganancias. Y ningún gobierno hace nada, incluyendo al actual.

Resulta entonces revelador el entusiasmo que los políticos criollos demuestran al patrocinar proyectos que, por una parte, no eliminan los beneficios desproporcionados que gozan los grandes capitales y fortunas, es decir, los más ricos, y sin embargo se muestran proclives a aumentarle los impuestos a los más pobres y a la ahora menguada clase media. Y no caen en cuenta que con ello lo que han provocado es el hecho de que dejan al Estado sin recursos para gobernar.

Es un contrasentido absurdo, como lo es el de la concentración de la riqueza, pues cuando sucede, el empobrecimiento de las masas de ciudadanos ya no les permite consumir lo que se produce, y el resultado es el aumento de precios para obtener las ganancias proyectas, convirtiéndose ello en una espiral de estupidez e irracionalidad. Pero ¡qué le vamos a hacer! Es la lógica del mercado.

Las políticas de austeridad, que se justifican a partir de la preocupación por el déficit y la deuda, no tienen como único objetivo recortar el gasto social, sino también el favorecer el debilitamientos de las organizaciones estatales que producen bienes o servicios para los ciudadanos, a fin de justificar la privatización de esos servicios de los que los ciudadanos no pueden prescindir. Como dice Krugman, con relación  a los EEUU, el movimiento de lucha contra el déficit nunca tiene en realidad el déficit como objetivo.

Y el debilitamiento de las organizaciones publica productoras de bienes o servicios, que vale la pena recordad que son en sí mismos rentables, es parte de la megaestrategia neoliberal.

Recientemente hemos visto la batalla campal en contra de los sindicatos en las organizaciones públicas, por causa de los ciertamente beneficios desproporcionados que obtuvieron durante los gobiernos anteriores, especialmente de Liberación Nacional. Tomaron un elemento y lo convirtieron en un caballo de batalla, como distractor de la mirada hacia la verdadera causa del déficit fiscal, cual es la evasión y la elusión de los impuestos, y la exenciones impositivas injustificables hoy, que no les permiten a Estado recaudar lo que le es indispensable para funcionar.

Pero ya habían invertido las grandes empresas y las grandes fortunas ingentes sumas de dinero en financiar las campañas políticas de aquellos que, una vez en el poder, les mantendría o hasta les concederían estos beneficios, pues les salía más barato eso que pagar los impuestos.  Al igual que en los EEUU están usando el déficit fiscal para destrozar la red social de protección a los más pobres y menos favorecidos de nuestro país.

El actual gobierno, del Partido Acción Ciudadana, no se está diferenciando mucho de los anteriores  gobiernos corruptos de Liberación Nacional y los socialcristianos, en este sentido. Y hoy nos despertamos con la noticia de que aumentan los impuestos a los automóviles y el seguro obligatorio, pero nada dicen de cobrarle los impuestos  aquellos que debería estar pagando y no lo hacen. Con lo cual dan la impresión de que continuamos en este país con las mismas triquiñuelas de siempre. O sea, del cambio, ¡nada!

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría.