sábado 4, febrero 2023
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Regulación del empleo público

Debemos tener cuidado con las propuestas que tratan de desconocer los derechos laborales de los trabajadores del sector público.

Como funcionario del sector público me es preocupante observar por diferentes medios de comunicación y redes sociales, el ataque de desprestigio a los que laboramos para las diferentes instituciones del Estado, tratando de deslegitimar nuestro trabajo, dándonos calificativos de “vagos”, “chupasangre del Estado”.

Este ataque mediático se ha venido tejiendo de diferentes maneras, desprestigiando a diferentes representantes de organizaciones sindicales, que no necesariamente representan al gran sector de empleados que laboramos para la función pública; siendo que ahora es más impórtate para los noticiarios divulgar la noticia de un dirigente sindical que en paraciencia infringe una ley, por “transportar una pantalla de televisor”, que fue adquirida en el Depósito Libre de Golfito por otra persona, sin entrar a analizar los posibles roces de inconstitucionalidad que presenta el tipo penal. Pero parece que las defraudaciones de importantes empresas nacionales al fisco o los patronos morosos que retienen indebidamente los aportes obrero-patronales que contribuyen a la Seguridad Social, no requieren de atención, ¿para qué? ¡Si ya estamos acostumbrados!

Este desprestigio mediático no es gratis, están tratando de hacerle creer a la población que la ineficiencia del Estado es culpa de los funcionarios públicos y por lo tanto es mejor privatizar los servicios públicos que presta el Estado, no es de casualidad que se ataquen a los trabajadores de las empresas de Estado que son rentables para hacer negocios, tales como por ejemplo RECOPE y JAPDEVA.

En la corriente legislativa se han presentado varios proyectos de ley con el afán de regular el Empleo Público, además muchas voces se han unido a la discusión de que la regulación debe ser de acuerdo con la Constitución Política, que en su numeral 191 indica: “Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”, realizando una interpretación restrictiva de dicho numeral, pero solo que su conveniencia; indicando que la propuesta nefasta de implementar el salario único para toda la administración pública se sustenta en dicho numeral constitucional.
Los medios de comunicación nos informan que varias instituciones han implementado el “salario único” para los nuevos trabajadores, eliminándoles derechos laborales de que gozan los otros trabajadores más antiguos, resaltando el impacto que ha tenido en el “ahorro” a las finanzas de la institución. Pero omiten informar sobre el real propósito de que constitucionalmente se regule el Empleo Público, el cuál es el de “garantizar la eficiencia de la administración”, según reza el numeral.

Al implementar el salario único se están garantizando que trabajar para el Estado, ya no sea atractivo y las personas opten por pasarse al ámbito privado una vez que han adquirido la experiencia en la Administración Pública y a la vez no tienen que competir con los salarios del sector público porque estos dejaron de ser competitivos.

Esta fuga de trabajadores el ámbito privado, posiblemente va a traer consecuencias graves para las instituciones del Estado en la calidad de los servicios que presta; porque lejos de preocuparse por un regulación del Empleo Público para garantizar su eficiencia; implementando requisitos de idoneidad comprobada para el nombramiento con base a la idoneidad, o establecer evaluaciones del desempeño del funcionario, así como crear un procedimiento administrativo especial que garantice el Debido Proceso para su remoción en caso de no cumplir bien sus labores, o una jurisdicción especial para resolver su controversias en vía judicial, siendo que a la fecha si se impugna el acto administrativo corresponde la vía contenciosa y si la controversia versa sobre extremos laborales le corresponde a los juzgados laborales; creando inseguridad jurídica a que vía acudir, siendo que en las pretensiones se debe también indemnizar esos extremos por lo que no es de extrañar que en la mayoría de estos procesos primero se tiene que resolver el conflicto de competencia, que atrasa aún más el proceso, ya que lo único que importa es el “ahorro” sin cuestionar la eficiencia y calidad del servicio.

Es evidente que las propuestas de regulaciones del Empleo Público no van encaminadas para tener un Estado más eficiente, que garantice la calidad de los servicios públicos que presta, parece que solo les interesa la regulación del “salario único” y desconocer los derechos laborares ya consagrados, eliminando lo que ellos llaman “privilegios”, pero poco importa el tema de eficiencia y calidad, toda vez que entre peor servicio se preste, mejores oportunidades de negocios para unos pocos van a haber; no es de extrañar que cerca de todos los Hospitales y Clínicas de la CCSS, se encuentre consultorios privados ofreciendo los mismos servicios, inclusive con el mismo personal que labora también para la CCSS en otro horario.

Debemos prestar atención a los intereses que realmente defienden esas personas que salen a defender al “pueblo”, con un discurso en contra de los empleados públicos, haciéndoles creer que somos los culpables de la ineficiencia con la cual la clase política maneja nuestras instituciones. No es desconociendo los derechos laborales de los trabajadores en proyectos de Ley, como lograremos que el Estado garantice la eficiencia y calidad de los servicios públicos que presta.

Lic. Jairo Francisco Monge Argüello, Estudiante de la Maestría en Justicia Constitucional UCR.

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