Tercera parte y final.
Cuando todo o casi todo el panorama político y social de una nación determinada ha sido falseado o desdibujado hasta un punto en que resulta irreconocible para propios y extraños, ha llegado el momento en el que llega a ser indispensable ir a la raíz de los factores y problemas que terminaron por traducirse de esa manera, sólo así podremos acercarnos a la verdad o a un punto de vista que esté mucho más cerca de ella. Se trata entonces de intentar de establecer, de una manera honesta, los orígenes o las razones que han llevado a esta lamentable situación.
Los poderosos intereses económicos imperiales que se posaron, desde hace más de un siglo, sobre el recurso petrolero tan abundante en ese país, unidos a los de una voraz, odiosa y excluyente oligarquía se han encargado de difundir y dibujar el peor de los panoramas sobre el acontecer político social y cotidiano en la actual República Bolivariana de Venezuela. La pérdida de la secular influencia que mantenían las familias del patriciado caraqueño dentro de los círculos del poder político y en las dinámicas de una serie de áreas esenciales de la actividad económica, los ha llevado a tal grado de desesperación e irracionalidad que perdieron casi todo contacto con la realidad, algo que se ha hecho cada vez más evidente a lo largo de los dieciséis años transcurridos desde el inicio de la llamada revolución bolivariana. Desde entonces, no sólo han querido derrocar e incluso asesinar a los líderes del proceso bolivariano, sino que han intentado dañar gravemente la economía nacional, con tal de alcanzar sus propósitos restauradores, tal y como sucedió con el llamado paro petrolero que duró un poco más de dos meses, entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, cuando casi lograron desmantelar la industria petrolera del país, causando graves daños a las instalaciones de PDVSA e innumerables pérdidas, calculadas en muchos millones de dólares, impactando sobre el ritmo de crecimiento de la economía nacional durante todo el año 2003. El gobierno Bolivariano recuperó el control de los ingresos petroleros y de ahí en adelante se produjo una importante redistribución de esos recursos en beneficio de las mayorías populares, conformadas por millones de gentes que hasta entonces nunca habían podido tenerlos a su alcance.
El surgimiento de otros sectores burgueses y el ascenso de la influencia de las clases populares, obreras y campesinas, resultó ser algo que nunca estuvo contemplado dentro del guión que debía ser representado, por parte de los empresarios y líderes políticos de la IV República puntofijista(1958-1998). Se trataba del accionar característico de todo un pequeño grupo de gentes que estaban acostumbradas a ver al conjunto del país como un exclusivo dominio suyo y del que podían disponer a su arbitrio. La llegada de un nuevo ciclo político y social de la nación venezolana, con el inicio de la revolución bolivariana y la V República significó, ni más ni menos, el hecho incontrastable de que ellos habían perdido el poder político, mediante los procedimientos de la democracia formal, una situación que los ha sumido en una seria crisis de legitimidad e impotencia política durante estos quince años transcurridos desde el inicio de un nuevo siglo, un período donde sólo han podido ganar una consulta electoral, con carácter de referéndum sobre algunas reformas constitucionales, en el mes de diciembre de 2007, un veredicto popular que el presidente Hugo Chávez Frías respetó a cabalidad, una vez conocidos los resultados de la decisión del pueblo venezolano.
A partir del mes de diciembre de 2001, cuando el gobierno del presidente Chávez planteó una serie de leyes habilitantes que modificaban graves injusticias, en el orden de lo económico y lo social, todos los actos de la oposición se han dirigido hacia el derrocamiento del gobierno y de los poderes legítimamente constituidos, tal y como sucedió con el golpe de estado del mes de abril de 2002, cuando desconocieron a todos los poderes legítimos existentes en la nación venezolana como producto de la voluntad popular, tanto en el plano nacional como en el de las regiones o estados que conforman la República Bolivariana de Venezuela. En ese momento, declararon nulos los mandatos de todos los integrantes de la Asamblea Nacional, los de los gobernadores de los estados, los alcaldes y también los de los funcionarios del poder judicial. Afortunadamente, gracias a la determinación popular y de un gran sector de los mandos de las fuerzas armas se revirtió esa situación tan dramática, en el término de 48 horas, devolviéndole el poder a los gobernantes legítimos e instalando, de nuevo, en el Palacio de Miraflores, al presidente Hugo Chávez Frías y a su gabinete, con sus ministros de educación y trabajo que se habían puesto al frente de la gran movilización popular del sábado 13 de abril de 2002, en la ciudad de Caracas, para exigir el retorno al orden constitucional.
Desde entonces, todas las consultas electorales han tenido siempre el propósito, no siempre declarado por la dirigencia política y empresarial de la oposición, de derrocar al gobierno bolivariano por esa vía, además de eliminar la constitución de 1999 y toda la institucionalidad construida por la Revolución Bolivariana, incluidas las conquistas sociales más importantes del período. Es por eso que los comicios parlamentarios de este domingo 6 de diciembre de 2015, no tienen sólo el propósito manifiesto de elegir a los 162 integrantes de la Asamblea Nacional, ya que para la Mesa de la Unidad Democrática(MUD) que aglutina a los partidos y fuerzas sociales de la oposición es, ante todo, una consulta al electorado dentro de los términos de la democracia formal, en procura de concretar los propósitos no siempre evidenciados que persiguen en realidad, pues será a partir de sus resultados numéricos, que habrán de formular sus acciones, en el corto y el mediano plazo, para derrocar al gobierno y disolver las instituciones más importantes.
En un primer escenario, los líderes opositores se plantean en el caso de obtener una mayoría parlamentaria significativa, acatar los resultados de la elección e inmediatamente procurar el derrocamiento del gobierno bolivariano, empleando procedimientos o artimañas parlamentarias semejantes a las que se usaron en Honduras, en el mes de junio de 2009, para destituir al presidente Manuel Zelaya Rosales y en Paraguay, en junio de 2012, para apartar del poder al entonces presidente Fernando Lugo Méndez, dentro de las nuevas modalidades que asume el derrocamiento de los gobiernos legítimos en nuestra área continental, todo ello con el claro propósito de restaurar o mantener el statu quo de la dominación tradicional, aunque también enmarcado dentro de las políticas del totalitarismo neoliberal de mercado.
En un segundo escenario también posible, si las fuerzas políticas que apoyan a la revolución bolivariana revalidan la mayoría parlamentaria, estamos convencidos de que la oposición entonces sí alegará fraude, como un paso previo para desatar la violencia, a lo largo y a lo ancho del territorio de Venezuela, contando con la resonancia del aparato de la dictadura mediática internacional, siempre dispuesta a tocar la misma melodía y dentro del mismo tono.
Todo esto, se infiere a partir del hecho esencial de que, durante casi dos años, se ha pretendido derrocar, deslegitimar y hacer imposible, en todo el sentido de la palabra, los procedimientos de la gestión o el mandato recibido por el presidente Nicolás Maduro Moros, a partir del mes de abril de 2013, para profundizar el proceso de la revolución bolivariana y darle continuidad a la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez Frías.
Con esos propósitos, se ha procurado el sabotaje de la economía nacional, a través del contrabando masivo de productos subsidiados hacia la vecina Colombia y del ocultamiento de productos esenciales para la población, todo ello con el propósito de crear el caos y fomentar el descontento entre la población. Siguiendo el modelo aplicado con éxito, por parte de la CIA estadounidense y las fuerzas de la derecha fascista de Chile, para derrocar el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende Gossens, los productos básicos como la leche de consumo popular e incluso el papel higiénico, convertido en el leitmotiv del discurso contra el gobierno venezolano, han desaparecido de los anaqueles de los supermercados y tiendas, dentro de un conjunto de hechos violentos y sinuosos que son coreados hasta la saciedad, por parte de los medios de comunicación opositores hacia el interior del país y de una manera amplificada por parte del aparato comunicacional de la dictadura mediática internacional, encabezada por medios televisivos como la CNN en español y el diario El País de Madrid, entre otros, en procura de vender a la “opinión pública” la imagen de un país y una sociedad al borde del caos total e incluso del desmembramiento o desaparición como estado nacional, a semejanza de los ocurrido en Bolivia, durante los primeros meses de 2008 cuando se llegó a hablar de la secesión de los departamento de la Media Luna(Tarija, Beni, Santa Cruz y Pando), si la derecha no lograba revertir las políticas del gobierno del presidente Evo Morales Ayma e incluso su derrocamiento, sólo que la asonada fascista al interior de ese país fracasó ante el firme rechazo de los gobiernos y pueblos de la región.
A todo lo anterior, y para el completar el diseño de un cuadro o bosquejo falso de la nación y la vida cotidiana de millones de venezolanos no necesariamente chavistas ni opositores, se une la puesta en escena de una compaña totalitaria en el mejor estilo nazi, para presentar a Leopoldo López y Antonio Ledezma, líderes del sector más violento de la oposición, como víctimas de un gobierno autoritario y arbitrario, aunque olvidando convenientemente que, como resultado de la violencia promovida por la gente del Partido Voluntad Popular de Leopoldo López y María Corina Machado, se produjeron un total de 43 víctimas mortales en su gran mayoría chavistas o servidores públicos en las fuerzas del orden interior del estado venezolano. Se pretende imponer, mediante el chantaje y la más grosera falsedad, la impunidad para los autores intelectuales de esos actos nada pacíficos, al igual que sucedió con el caso de los once militantes del PSUV asesinados por pistoleros de la oposición, en el mes de abril de 2013, cuando Nicolás Maduro Moros fue electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. A partir del momento en que al adversario se le priva de la condición de humanidad la masacre, el exterminio, la tortura y la desaparición se encuentran a la vuelta de la esquina, sobre todo a partir de la violencia clasista y racista, de orden físico y simbólico, que han expresado desde ya mucho tiempo, las actuaciones de las fuerzas políticas y sociales de una oligarquía en permanente crisis e incapaz de ganar, por la vía legítima y los procedimientos de la democracia formal, unos comicios nacionales o regionales que decidan el rumbo a seguir, a partir de la voluntad expresa de la gran mayoría del pueblo venezolano. Sólo el tiempo se encargará de decirnos la verdad, si tenemos la voluntad sincera de buscarla y permitirá además, hacer aflorar en la escena internacional el verdadero y múltiple rostro de la República Bolivariana de Venezuela, durante la última parte de la segunda década del siglo XXI.
(*) Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica(UNA).