Bogotá, 19 dic (dpa) – El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reiteró el compromiso de su Gobierno con las Fuerzas Armadas para poner en marcha un mecanismo especial de justicia para quienes han cometido delitos en el marco del conflicto armado.
Santos se refirió al tema al encabezar en la Escuela Militar de Cadetes, en Bogotá, una ceremonia de ascenso de oficiales del Ejército, en la cual el comandante de esa arma, Alberto Mejía, ascendió del grado de mayor general al de teniente general.
El mandatario presentó ante los oficiales un documento firmado por los ministros de Justicia, Yesid Reyes, y de Defensa, Luis Carlos Villegas, que garantiza la creación de una jurisdicción especial para los miembros de la fuerza pública.
Santos dijo que ese mecanismo de justicia es necesario en vista de que durante el proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se cumple desde hace tres años en Cuba, ya se acordó la creación de una jurisdicción para el caso de los guerrilleros desmovilizados.
El documento suscrito por Reyes y Villegas reconoce la violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario por parte de algunos agentes de la fuerza pública, para quienes habrá «un régimen especial diferenciado, simultáneo, equilibrado y equitativo».
«La razón fundamental de este trato diferencial es que los agentes del Estado, en particular los miembros de la fuerza pública, ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales», consideró el Gobierno.
Los agentes estatales que se acojan al sistema integral de la Jurisdicción Especial para la Paz serán juzgados por el Tribunal para la Paz, instancia máxima de cierre de dicho mecanismo, cuyas decisiones «harán tránsito a cosa juzgada».
Santos aseguró que ese sistema especial de justicia para la fuerza pública, que entre sus atribuciones podrá revisar las sentencias ya proferidas por los tribunales ordinarios, fue adoptado de forma autónoma por el gobierno y no ha formado parte de la agenda de negociaciones con las FARC.
Quienes se acojan al mecanismo deben «contribuir al esclarecimiento de la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición (del hecho)», en tanto que quien no diga la verdad perderá los beneficios del tratamiento especial de justicia.
Los negociadores del gobierno y las FARC llegaron en septiembre pasado a un acuerdo en el punto de justicia transicional, que prevé la creación de una jurisdicción con salas de justicia y un tribunal especial para la paz para investigar y condenar a los guerrilleros con penas de entre cinco y ocho años.
Las partes acordaron la imposibilidad de decretar amnistías a responsables de delitos de lesa humanidad, de genocidio y crímenes de guerra como la toma de rehenes, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.
La ceremonia en la que se anunció ese acuerdo estuvo encabezada por Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido con los alias de «Timochenko» y «Timoleón Jiménez», quienes se comprometieron a firmar el acuerdo definitivo de paz a más tardar el 23 de marzo de 2016.
