martes 29, noviembre 2022
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Desalojo de familias en Chánguena se suspende temporalmente

San José, 23 Dic (ElPaís.cr) – A raíz de varias intervenciones, el desalojo que se iba efectuar este 25 de diciembre a 84 familias en la Zona Sur, específicamente en Finca 3 en Chánguina fue suspendido temporalmente aunque el riesgo de que estas personas queden sin hogar aún está en pie.

Mientras unos pretenden abrir regalos y disfrutar de sus sueños de navidad y año nuevo, un grupo de familias está viviendo un cierre de año que se podría convertir en una pesadilla, esto debido a que la Jueza Lorena Montes de Oca emitió una orden hace varias semanas de desalojar a 84 familias campesinas que viven y trabajan en Finca Chánguina y a las que viven en el Cuadrante 3 (otro sector de la finca).

Esta decisión se sustenta en el resultado de un caso en el que la ley falló a favor del empresario Óscar Echeverría Heigold, aunque para algunos diputados, abogados y ciudadanos molestos con la situación el acuerdo al que llegó Luis Diego Flores abogado del Estado con el empresario es cuestionable.

 Según lo dictado se ordena que los terrenos sean entregados libres de cultivos y construcciones y la ejecución debe realizarse antes del viernes 25 de diciembre, esto a pesar de que Heigold es deudor millonario del Estado por dineros no pagados a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) e inclusive al antiguo Banco Anglo. Es decir, el Estado podría adjudicarle las fincas morosas y repartirlas en las familias, sin embargo esa no fue la decisión del Gobierno.

Ante esta situación, el legislador frenteamplista Edgardo Araya presnetó una solicitud ante el Tribunal Contencioso Administrativa para suspender el desalojo como medida cautelar, la cual aún se está tramitando y mientras no se resuelva se debe entender que el desalojo de este 25 de diciembre estará suspendido.

Según el diputado Edgardo Araya Sibaja “la medida cautelar está pendiente de resolverse; el Estado fue notificado para que se pronunciara y le dieron 3 días de plazo, los que no están corriendo pues los Tribunales están de vacaciones; por eso los Tribunales no podrían resolver la medida hasta principios de enero, cuando vuelvan del descanso. Eso a nuestro juicio suspende temporalmente el acto del desalojo, pues ¿qué pasa si lo hacen y en enero nos dan la razón? Ya el daño estaría hecho”.

Además, en la misma linea la Defensoría de los Habitantes acudió a la Sala Constitucional con un Recurso de ámparo en mano para frenar el desalojo de estas familias que viven en Palmar Sur de Puntarenas hace aproximadamente 14 años.

Cabe recordar que el 31 de julio se ejecutó un primer desalojo que tuvo como resultado una manifestación masiva en el puente sobre el río Grande de Térraba durante una semana y posteriormente los campesinos volvieron a la finca. Ahora Heigold acudió al Contencioso para resolver de forma definitiva esta situación, pero para la Defensora Montserrat Solano Carboni se debe considerar que al principio fue con la tolerancia de los mismos propietarios que los campesinos se asentaron en la finca.

Solano Carboni fue enfática que a pesar de todo lo que se desenvolvió alrededor de este caso, el Estado debe tomar en cuenta las disposiciones que se han desarrollado en materia de Derechos Humanos con relación a los desalojos, entendiendo que muchas de estas personas se vieron obligados a ocupar terrenos ajenos ya que no tenían donde vivir.

El recurso presentado ante la Sala IV, también reclama que el Ministerio de la Presidencia ha tenido una completa ausencia en términos concretos, ya que nunca propuso respuestas ni soluciones al caso.

«En este momento el gobierno de Luis Guillermo Solís y el Ministro de Seguridad deberían suspender el desalojo programado para el 25 de diciembre, hasta tanto no se solucione lo de la medida cautelar que solicitamos. Así la gente de Chánguina podrá pasar una navidad tranquila, al menos mientras se busca una mejor solución”, indicó el diputado Edgardo Araya del FA.

El FA también presentó una solicitud cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo suspender el acto, sin embargo según reclaman los congresistas han percibido muy poca voluntad en el Poder Judicial, en la Procuraduría General de la República y en Casa Presidencial.

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