El acuerdo entre Japón y Corea del Sur con relación a las “mujeres de confort”: breve puesta en perspectiva

En estos días, la prensa ha reportado gestiones entre las autoridades de Japón y de Corea del Sur para lograr que Japón reconozca públicamente su responsabilidad y proceda a indemnizar a las denominadas «mujeres de confort», reclutadas por el Ejército nipón durante la II Guerra Mundial para servir de esclavas sexuales (ver  nota  del Japan Times). Por parte del jefe de la diplomacia japonesa, se ha leído que: «We have been trying to realise the agreement … to accelerate talks and seek an early settlement. This is part of this effort«, según reporta una nota  del Times of India. En otra  nota  de Europa Press, se lee que Japón está dispuesto a hacer su «máximo esfuerzo» para lograr un acuerdo con Corea del Sur. Un miembro del equipo negociador coreano citado por la prensa de su país ha dejado a entender que las negociaciones están por llegar a feliz término (ver  nota  de The Telegraph): «In a diplomatic negotiation, there can never be a 100-0 win,” a South Korean government official told the Joonang Daily newspaper. “The goal is keeping the score 51-49, but making each side think it has won 51”. En un artículo publicado en Corea del Sur (ver  nota  del Korean Joongang Daily), se lee que: «A historical record of a Japanese state leader’s apology is needed,” said a Foreign Ministry official. “If Japan agrees to this, we can negotiate on the format and specific wordings”.

Este Lunes 28 de Diciembre, cables internacionales han confirmado el acuerdo alcanzado entre ambos Estados, anunciado por ambos cancilleres en Seúl (ver  nota  de DW): este anuncio fue seguido unas horas más tarde de una conversación telefónica entre los mandatarios de ambos Estados (ver  nota  de Asia Times). A la hora de redactar estas líneas no se ha tenido acceso al acuerdo como tal. En un comunicado de prensa conjunto con fecha del 28 de diciembre del 2015, ambos cancilleres refieren al proceso de negociación de doce intensas rondas, y al significado del acuerdo únicamente (ver texto del comunicado conjunto).

Breves antecedentes

En julio de 1992, Japón oficialmente reconoció haber procedido a establecer una amplia red conformada por mujeres asiáticas para satisfacer las necesidades sexuales de los miembros de su Ejército durante la II Guerra Mundial: en aquel momento indicó no obstante no contar con elementos que permitieran probar que este reclutamiento fuese forzado, y refirió a un rango indeterminado de entre 150 y 200.000 mujeres. En esta  nota  de El País (España) se lee que: «Japón reconoció ayer oficialmente que el Gobierno establecido durante la II Guerra Mundial participó en la organización de una amplia red de prostitución con mujeres asiáticas, pero que no se han encontrado pruebas de que en el reclutamiento se hubiera empleado la fuerza. Koichi Kato, jefe de gabinete del primer ministro Kiichi Miyazawa, declaró que ésta es la conclusión fundamental de las investigaciones hechas por varios departamentos sobre un episodio histórico, que dificulta la normalización en las relaciones con Corea, China y otros países del continente«.

En agosto de 1993, en un  documento oficial,  Japón se manifestó sobre el tema en los siguientes términos: ”Undeniably, this was an act, with the involvement of the military authorities of the day, that severely injured the honor and dignity of many women. The Government of Japan would like to take this opportunity once again to extend its sincere apologies and remorse to all those, irrespective of place of origin, who suffered immeasurable pain and incurable physical and psychological wounds as comfort women. It is incumbent upon us, the Government of Japan, to continue to consider seriously, while listening to the views of learned circles, how best we can express this sentiment. We shall face squarely the historical facts as described above instead of evading them, and take them to heart as lessons of history. We hereby reiterate our firm determination never to repeat the same mistake by forever engraving such issues in our memories through the study and teaching of history. As actions have been brought to court in Japan and interests have been shown in this issue outside Japan, the Government of Japan shall continue to pay full attention to this matter, including private researched related thereto”. Una carta enviada al Primer Ministro de los Países Bajos en Julio de 1998 contiene las mismas muestras de las autoridades niponas (ver texto), al indicar que: ” By the Statement of Prime Minister in 1995, the Government of Japan renewed the feelings of deep remorse and the heartfelt apology for tremendous damage and suffering caused by Japan to the people of many countries including the Netherlands during a certain period in the past. My cabinet has not modified this position at all, and I myself laid a wreath to the Indisch Monument with these feelings on the occasion of my visit to the Netherlands in June last year. In view of further promoting mutual understanding between our two countries, the Government of Japan is extending, support for historical research, and expanding exchanges, as two pillars, under the Peace, Friendship and Exchange Initiative which has a purpose to build a relationship toward the future between Japan and neighboring countries. We must not evade the weight of the past, nor should we evade our responsibilities for the future. Japan, facing up squarely to its past history and accurately conveying it to future generations, is determined to do its utmost to further promote the friendly relationship with the Netherlands which will celebrate the 400th anniversary in the year 2000”.

En diciembre del año 2001, un tribunal internacional ficticio compuesto por juristas y expertos de renombre mundial dictaminó en una sentencia de 265 páginas (ver  texto ) que Japón debía no solamente pedir disculpas, sino también indemnizar a cada una de las víctimas pertenecientes a la red de «mujeres de confort» (ver  nota  de prensa del New York Times): el tribunal ficticio estuvo conformado por  reconocidas juristas como Carmen Argibay, Christine Chinkin, Gabrielle Kirk MacDonald (Presidenta) y Willy Mutunga. Para la jueza argentina Carmen Argibay (ver su artículo) se trató de uno de los momentos más emotivos en su larga trayectoria como jueza: “Cuando Gabrielle leyó el párrafo en el que declaramos responsable al emperador por el sistema de esclavitud sexual instituido, la reacción de las sobrevivientes y del público en general fue casi como una ovación. Evidentemente, era lo que estaban esperando y los jueces les habíamos dado esa satisfacción. Fue algo impactante. Dos horas y media tomó la lectura de la resolución. Cuando terminamos, todas las sobrevivientes presentes subieron al escenario agitando pañuelos blancos, tomadas de la mano, cantando juntas, Corea del Norte con Corea del Sur, Taiwan con China, Indonesia con Holanda y Timor Oriental, Filipinas con Japón, Malasia con todas las demás. No es posible describir en palabras el alto grado de emoción que se sentía en ese momento” (Nota 1).

En marzo del 2014, la alocución del jefe de la diplomacia surcoreana ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue inusualmente contundente: “Hace 20 años, una coreana víctima de la esclavitud sexual militar japonesa tuvo el coraje de romper el silencio y relatar su propio e indescriptible calvario. Su valiente acción inspiró a muchas otras víctimas a hacer lo mismo, convirtiendo a las hasta entonces desconocidas mujeres de confort en una cuestión viviente de derechos humanos. Hoy me gustaría recordar a este Consejo el valiente testimonio de la señora Ruff-O’Hearn, una señora holandesa-australiana, ex mujer de confort. En 2007 ella compareció ante la Cámara de Representantes de EEUU. Cito sus palabras: «durante cincuenta años las mujeres de confort permanecieron calladas… Yo rompí el silencio y revelé uno de los peores abusos contra los derechos humanos en la II Guerra Mundial, el holocausto olvidado”. Fin de la cita. Ella llegó a la conclusión, cito de nuevo, de que «Japón debe reconciliarse con su historia… ellos deben enseñar correctamente la historia de sus errores cometidos en el pasado». Fin de la cita. En los últimos tiempos los líderes políticos de Japón están ignorando descaradamente este crudo episodio e intentan revisar el contexto de la declaración oficial del portavoz del gabinete en la que el Gobierno de Tokio reconoció la implicación y la coerción por parte de las Fuerzas Armadas Imperiales japonesas y expresó sinceras disculpas y remordimiento. Además, hace solo dos días un funcionario de alto rango del Gobierno japonés responsable de la educación de las próximas generaciones calificó como una historia inventada el episodio de las mujeres de confort. Esto es un insulto más a la honra y la dignidad de las víctimas que han soportado en su aciaga memoria durante toda la vida los dolores físicos y psicológicos” (ver  texto completo  de su intervención)

Un mes después de este discurso pronunciado en Ginebra, en abril del 2014, se anunció un primer acercamiento entre los mandatarios de ambos Estados para negociar un acuerdo sobre este preciso tema (ver  nota  del Wall Street Journal). En agosto del 2014, un grupo de «mujeres de confort» se reunieron en Seúl con el Papa Francisco en visita oficial (ver  nota  de El Economista). Desde entonces, se han realizado 11 rondas de negociaciones entre ambos equipos diplomáticos, según la nota del Korean Joongang Daily precitada.

En el 2011, el juez constitucional surcoreano había indicado en una sentencia histórica para las víctimas y sus familiares que: «the South Korean government’s failure to seek a solution with Japan on compensating the former comfort women «constitutes infringement on the basic human rights of the victims and a violation of the Constitution» (ver  nota  de prensa).

Recientes episodios ante jueces surcoreanos y norteamericanos

El anuncio reciente sobre nuevas gestiones entre ambos Estados se dio unos días después que la Corte de Constitucionalidad de Corea del Sur rechazara examinar, el pasado 23 de diciembre, la constitucionalidad del acuerdo suscrito entre Japón y Corea del Sur en el año 1965 sobre reclamos entre ciudadanos de ambos Estados (ver  nota  del Japan Times). Coincidente (o no tan coincidente…), el 15 de diciembre un juez federal norteamericano desestimó acciones presentadas bajo la figura de “class actions” contra las empresas japonesas  Hitachi, Mitsubishi, Nissan, Toyota, entre otras, por su presunta colaboración con las autoridades niponas en este tema (ver nota de Law360).

Sobre la decisión del juez constitucional  surcoreano del pasado 23 de diciembre del 2015, se dejó entrever cierta reserva por parte de Japón: durante una conferencia de prensa en la que participó el jefe de su diplomacia, realizada el 22 de diciembre (ver  texto ) se lee lo siguiente: «Fukai, TBS: Tomorrow the constitutional court of the ROK will issue its verdict in a trial challenging the constitutionality of the Japan-ROK Claims Settlement Agreement. Could you once again explain the Government of Japan’s position, and what your views are on the impact this will have on the Japan-ROK relationship in the future? Mr. Fumio Kishida, Minister for Foreign Affairs: Firstly, I am aware of the matter that you raise, and since it involves a ruling by the court, I intend to keep a close eye on the judgment. In any event, issues of property and claim rights between Japan and the ROK have been settled completely and finally by the Claims Settlement and Economic Co-operation Agreement between Japan and the ROK. That is the Government of Japan’s position«.  Esta posición recuerda la externada por Japón ante el Consejo de Derechos Humanos al afirmar en el 2013 que “The issue of reparations, property and claims concerning the Second World War has been legally settled with the countries that are parties to the San Francisco Peace Treaty, bilateral treaties, agreements and instruments” (ver respuesta  de Japón a la recomendación 147.145 contenida en el  Addendum  al Universal Periodic Review).

Como se recordará, el acuerdo sobre las relaciones entre Corea del Sur y Japón suscrito en 1965 cumplió 50 años, siendo objeto de varios actos protocolarios, reseñados con precisión por parte de Corea del Sur en un reciente  comunicado de prensa  de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Este acuerdo de 1965 (ver  texto ) no incluye ninguna disposición sobre el tema de las víctimas o de las reparaciones de guerra. En cuanto al acuerdo bilateral más específico sobre bienes, reclamaciones y cooperación económica, firmado en junio de 1965 (ver  texto ), fue objeto de una acción ante el juez constitucional coreano. No incluye ninguna disposición relativa a las víctimas de la guerra. Su artículo II considera todo reclamo pendiente resuelto con las compensaciones de Japón, y se lee como sigue: “Article II. 1) The High Contracting Parties confirm that the problems concerning property, rights, and interests of the two High Contracting Parties and their peoples (including juridical persons) and the claims between the High Contracting Parties and between their peoples, including those stipulated in Article IV(a) of the Peace Treaty with Japan signed at the city of San Francisco on September 8, 1951, have been settled completely and finally”.

Breves datos sobre las “mujeres de confort” o “mujeres de solaz”

Corea del Sur no es el único Estado concernido por esta red de mujeres asiáticas forzadas por el Ejército japonés a servir como esclavas sexuales, y en realidad, son varios Estados los afectados por esta práctica. En una investigación del año 2007 (ver  tésis  titulada: Comfort Women: Human Rights of Women from Then to Present» se precisa cuáles son las características de esta peculiar práctica del Ejército imperial, en términos que nos ha parecido oportuno reproducir textualmente: «From 1931 to 1945, comfort stations were established in many places where the Japanese army combated or occupied, including China, Taiwan, Borneo, the Philippines, the pacific islands, Singapore, Malaya, Burma, Indonesia as well as Japan. Due to the concealment of the relevant documents by the Japanese government and a long lapse of time after World War II, it is impossible to estimate the exact number of the comfort women. In accordance with “the Japanese military plan devised in July 1941, 20,000 comfort women were required for every 700,000 Japanese soldiers, or 1 woman for every 35 soldiers.” As approximately 3.5 million soldiers were mainly sent to the pacific islands, the estimated number of the comfort women becomes 100,000. Nearly 80% of these women were the Korean women, and others were taken from China, Taiwan, Malaysia, Burma, the Philippines and the Dutch East Indies. Most of the comfort women were also young. According to interviews of surviving women, many of the women were teenagers, even including an 11-year-old child. Regrettably, it seemed that the younger women were preferred«.
En un  informe  de 1998 de una Relatora Especial de Naciones Unidas titulado «La violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto armado» (Documento E/CN.4/Sub.2/1998/13 de junio de 1998), se precisa una cifra de 200.000 mujeres (Apéndice 1, p. 44) al señalarse que: » «1. Entre 1932 y el final de la segunda guerra mundial, el Gobierno del Japón y el ejército imperial del Japón forzaron a más de 200.000 mujeres a someterse a la esclavitud sexual en centros de violación en buena parte de Asia. A estos centros de violación se ha solido aludir con el eufemismo inaceptable de «centros de solaz». La mayoría de esas «mujeres de solaz» procedían de Corea, pero también las hubo de China, Indonesia, Filipinas y otros países de Asia dominados por el Japón. A lo largo del último decenio, cada vez más mujeres supervivientes de esas atrocidades se han manifestado en público, tratando de obtener la reparación de esos delitos. El presente apéndice se ha redactado a partir exclusivamente de los hechos comprobados en el examen realizado por el propio Gobierno del Japón de la participación de oficiales del ejército japonés en el establecimiento, la supervisión y el mantenimiento de centros de violación durante la segunda guerra mundial. Sobre la base de lo admitido por el Gobierno del Japón, en el apéndice se trata de evaluar la responsabilidad jurídica de dicho Gobierno por la esclavitud y violación de las mujeres en los «centros de solaz» durante la segunda guerra mundial. Aunque las responsabilidades pueden ser de muy diversa índole, en el presente informe se trata específicamente de la responsabilidad por los crímenes internacionales más notorios de esclavitud, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra«. En el 2010, la Corte Suprema de Filipinas desestimó una petición de más de 70 mujeres filipinas que exigían a su  gobierno apoyar la demanda en búsqueda de una disculpa por parte del gobierno japonés (ver  nota  de Exordio).

Remitimos al lector a  esta exposición  de fotografías puesta en línea por El País (España) en agosto del 2014 que describe el sufrimiento de estas mujeres, muchas de ellas nonagenarias, sobre las que se sabe muy poco, recogiendo parcelas de sus vivencias cotidianas en China, en Corea del Sur, en Filipinas, con la intención de mantener viva la memoria de las víctimas de este drama.  En el precitado artículo de El País de julio de 1992, se indicaba que Corea del Sur había logrado identificar a 390 sobrevivientes: es posible que esta cifra se haya ido reduciendo desde entonces, debido a la edad avanzada de muchas de ellas.

La posición de Japón a la luz del derecho internacional

El precitado informe de Naciones Unidas de 1998, en las conclusiones del apéndice 1, indica (página 64) que: «En el presente informe se llega a la conclusión de que el Gobierno del Japón sigue siendo responsable por graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, que en conjunto constituyen crímenes de lesa humanidad. Los argumentos de descargo del Gobierno del Japón, incluidos los argumentos contra el fundamento jurídico, la norma del derecho humanitario que prohíbe la esclavitud y la violación, siguen siendo tan poco convincentes hoy en día como lo fueron cuando se invocaron por primera vez ante el tribunal de los crímenes de guerra de Nüremberg, hace más de 50 años. Tampoco es convincente el argumento del Gobierno japonés de que el Japón ya ha liquidado todas las reclamaciones por la segunda guerra mundial mediante los tratados de paz y acuerdos de reparaciones posteriores a la guerra«.

El detalle del monto exacto del fondo de indemnización objeto de negociaciones entre Japón y Corea del Sur quedó fijado en 1 billión de yenes japoneses (unos 8,3 millones de US$) según el cable precitado de DW.  Aún quedan por determinarse  las modalidades de atención a las sobrevivientes y a sus familiares (ver nota del South China Morning Post). Se trata de un álgido tema que ha afectado gravemente (y desde largos años) las relaciones entre Japón y Corea del Sur, debido a la negativa de Japón de asumir plenamente sus responsabilidades. En septiembre del 2013, nuevos documentos liberados provenientes de los archivos de Tokyo señalaron que 35 mujeres holandesas encarceladas en Indonesia fueron enviadas a formar parte de esta red implementada por el Ejército Imperial (ver  nota  de prensa de The Hankyoreh).

Pese al tiempo transcurrido, el ejercicio al que se están librando los equipos negociadores de Corea del Sur y de Japón en estos últimos días del año 2015 bien podría culminar en un valioso precedente para muchas víctimas de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en el pasado, y que se mantienen impunes. Desde el punto de vista de la doctrina de los derechos humanos, reviste especial interés saber cuál será la recepción entre dos Estados de Asia de conceptos tales como “derecho a la verdad”, “reconocimiento público”, “garantía de no repetición”, “verdad histórica”, “violación continua”, “monto indemnizatorio por proyecto de vida”, “satisfacción”. Estas y otras figuras jurídicas fueron desarrolladas por órganos en materia de derechos humanos al conocer de casos sobre violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el pasado (en particular por la Corte Interamericana de Derechos Humanos), dando pié a experiencias muy valiosas en América Latina.

En el 2014, la diplomacia de Japón sorprendió a algunos, al solicitar que un informe de una relatora de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de 1996 fuera objeto de una revisión por parte de su autora (ver  nota  del New York Times). Rechazada esta inusual petición japonesa, Corea del Sur manifestó que: «However hard the Japanese government tries to distort the true nature of the comfort women issue and play down or hide the past wrongdoings, it will never be able to whitewash history» (ver  nota  publicada en The Diplomat). Este tipo de solicitudes, además de ser usualmente desestimadas, constituyen una clara evidencia del temor de un Estado ante cuestionamientos hechos por expertos internacionales en materia de derechos humanos. Los recientes informes de Naciones Unidas sobre la base de Guantánamo o sobre la últimas ofensivas israelíes en la franja de Gaza del 2009 y del 2014 (Nota 2) han dado pié para solicitudes similares, que buscan desacreditar parte de su contenido (cuando no obtienen desacreditar a los mismos autores).

Varias ONG han hecho ver, desde el punto de vista jurídico, la inconsistencia de la posición de Japón en años recientes con relación a las obligaciones internacionales contenidas en un sin número de tratados de derechos humanos ratificados por Japón (ver  nota  titulada «Japan The “Comfort Women” Issue» del 2009).  En su sesión de agosto del 2009, el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (más conocido por sus siglas en inglés de Comité de la CEDAW) indicaba (ver  observaciones  al informe japonés) que: “37. The Committee notes that some steps were taken by the State party to address the situation of “comfort women” but regrets the State party’s failure to find a lasting solution for the situation of “comfort women” victimized during the Second World War and expresses concern at the deletion of references to this issue in school textbooks”.

A modo de conclusión: un reconocimiento público anhelado por las víctimas y sus familiares

Desde el 14 de diciembre del 2011, una estatua de bronce de una niña coreana, con su vestido tradicional, colocada frente a la Embajada de Japón en Seúl espera pacientemente sentada en una banca (ver  nota  con foto de la misma publicada en EuroWon). Su mirada es fija e impasible. Es a menudo acompañada por niñas de su edad, mujeres adultas y mujeres de avanzada edad que la vienen a consolar en su soledad. Los recurrentes intentos de Japón para desplazar esta estatua de bronce, cuya mirada interpela cada mañana a los funcionarios de su Embajada, no han tenido éxito hasta la fecha (ver  nota  del Time).

En el 2012, una exposición fotográfica a realizarse en Tokyo fue sorpresivamente suspendida por la empresa patrocinadora Nikon: en días recientes, el fotógrafo surcoreano obtuvo una sentencia a su favor en los tribunales de Japón, condenando al fabricante Nikon (ver  nota  de Japan Today). Estas y muchas otras vejaciones son las que han tenido que enfrentar las víctimas, sus familiares y las organizaciones que las apoyan desde muchos años. En una entrevista a una de las sobrevivientes, Lee Hok-sun, de 88 años de edad, publicada en La Tercera de Chile (ver  nota ), se lee que: «Los soldados insisten en que las mujeres lo hicieron voluntariamente para ganar dinero. Si fuera por ello no pediríamos que Japón pida perdón”, explica. Pero Lee aclara el foco de su lucha. “No pienso que todo el pueblo japonés es culpable, sólo el gobierno”, señala«. En otra  entrevista  realizada en Francia por Radio France Internationale (RFI) en el 2013 a otra sobreviviente, de 87 años de edad, Kim Bok-dong pone el acento en la importancia que reviste para ella (y para todas las víctimas) el hecho que Japón ofrezca sus disculpas públicas, proceda a indemnizar a las víctimas y salde una deuda con la verdad histórica que mantiene: «C’est très simple : il faut que le gouvernement japonais présente ses excuses officielles, mais aussi accorde des indemnisations juridiques. Les Japonais doivent reconnaître leurs crimes historiques. Je ne ressens aucune haine envers les Japonais, je veux juste cette reconnaissance de la vérité historique«.

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Nota 1: Uno de los pocos estudios que analiza desde la perspectiva del derecho penal internacional el caso de las « mujeres de confort » fue precisamente escrito por esta jurista argentina. Véase ARGIBAY C.M., “Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II”, Vol. 21, Berkeley Journal of International Law (2003), pp. 375-389. Artículo disponible  aquí. Sobre la jurisprudencia internacional de la Corte Penal Internacional, de los Tribunales Penales Internacionales para la Ex Yugoslavia, para Ruanda y otras jurisdicciones en materia de violencia sexual, véase un análisis más reciente: FRANCH V.B. “Los crímenes sexuales en la jurisprudencia internacional”,  Número 24, Revista Electrónica de Estudios Internacionales (2012). Artículo disponible aquí. Sobre la CPI específicamente, véase ZORILLA M., La Corte Penal Internacional ante el crimen de violencia sexual, Universidad de Deusto, Instituto de Derechos Humanos, 2005. Texto disponible aquí.

Nota 2: Sobre este último episodio, nos permitimos remitir al lector a las conclusiones de una breve nota publicada en la que afirmábamos: “El informe de la Comisión de Investigación sobre la ofensiva israelí del 2014 que cumplió en estos días un año, fue presentado el pasado 22 de junio del 2015 en Ginebra por los integrantes de dicha Comisión, provocando las habituales gesticulaciones del aparato estatal israelí: estas últimas tendieron, como ya viene siendo costumbre, a desacreditar el contenido de este informe, a restarle validez, antecediendo incluso su publicación con la de un voluminoso informe oficial con una semana de antelación el pasado 14 de junio”. Véase BOEGLIN N., “A un año del inicio de la operación “Margen Protector”: breves apuntes desde la perspectiva del derecho internacional“, Reportes del Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte / CEMOAN, Número 21 (agosto del 2015), (Universidad Nacional). Artículo disponible aquí.

(*) Nicolas Boeglin es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)