Existen ciertas acciones gubernamentales sobre las cuales el gobierno actual, como los anteriores, ocultan información a la ciudadanía, sobre todo aquellas que tiene que ver con acuerdos internacionales, impidiendo que los ciudadanos se enteren de los temas y consecuencias que podrían derivarse de ellos. Y peor aún, que puedan opinar abiertamente o mostrar oposición alguna. La lógica detrás de esta actitud es que le corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar o improbar los acuerdos internaciones que firme el Ejecutivo, previo estudio y análisis de los mismos, pues para ello fueron elegidos por el pueblo. Ilusión vana cuando todos sabemos la bajísima calidad intelectual de la mayoría de los diputados colocados allí por los partidos políticos.
La experiencia del combo del ICE de años anteriores dejó una lección muy positiva a los ciudadanos y una advertencia a los políticos. Recuerdo por ello la veracidad de una frase del personaje principal de la película V, que dice: el pueblo no debe temer a su gobierno, sino que el gobierno debe temer al pueblo.
Les voy a poner un ejemplo. La política norteamericana relacionada con su papel en el Pacifico tiene una dimensión económica, en relación con la negociación que impulsan del acuerdo conocido como TRANS PACIFIC PARTNERSHIP (TPP). Un acuerdo al que este gobierno del PAC ha declarado que tiene interés en participar, y en el que ahora participan Australia, Brunei, Chile Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Viet Nam y los Estados Unidos, con la esperanza que en el futuro se unan Canadá, México, y sobre todo, Japón. En cuyo caso consolidaría en las próximas décadas el compromiso político, financiero y militar de Washington en el área del Pacifico, pero que en realidad tiene poco que ver con el comercio, dado que las barreras arancelarias entre esos países es muy baja.
Por el momento, el secretismo con que se negocia el TPP en los mismos Estados Unidos, a cuyo borrador se ha negado acceso incluso a altos miembros del Congreso norteamericano, ha producido inquietud en muchos sectores, por el descubrimiento de que solo dos de los 26 capítulos del proyecto se refieren al comercio, mientras el resto, siguiendo el modelo NAFTA, se ocupa de los derechos y privilegios de las empresas (las norteamericanas, claro está), que podrían llevar a los Estados firmantes a los tribunales (los norteamericanos, claro está también), con el objetivo de desmantelar las protecciones ambientales, del consumo o laborales que consideren que afectan negativamente sus márgenes de ganancia.
Sabemos de sobra que los Estados Unidos no van a renunciar a intervenir donde les convenga, de acuerdo con lo que Margot Light, profesora emérita de la London School of Economics, define como la doctrina del internacionalismo liberal, la cual sostiene que los estados liberales deben intervenir en otros estados soberanos para la realización de los objetivos liberales. Tal intervención puede incluir tanto la invasión militar como la ayuda humanitaria e implica con frecuencia un cambio de régimen en el país intervenido. El problema es que la definición de estos objetivos liberales depende de la particular e interesada visión de los propios dirigentes del occidente, lo que crea un conflicto con el realismo geopolítico de Rusia, que sostiene que los mas importante es el mantenimiento de la soberanía, la integridad territorial y la independencia de todos los países, y se opone por ello a las actividades de intervención destinadas a un cambio de régimen.
Otro ejemplo es el rasero con que el internacionalismo liberal propulsado por los Estadios Unidos mide los actos de los otros, calificándolos de terroristas o genocidio y de crímenes contra la humanidad, mientras la violencia y las matanzas propias se excusan como daños colaterales ocurridos en la búsqueda de una causa justa, garantizan al mundo un futuro envenenado de guerra y violencia, como le hemos estado experimentando en el Oriente Medio.
Todo lo anterior es de suma importancia y requiere de mentes ilustradas para enfrentar los costos y beneficios que traería, por ejemplo, la suscripción por parte de Costa Rica del TPP. Algo de tan graves consecuencias para las empresas costarricenses debería ser analizado inteligentemente por los mismos empresarios y los partidos políticos. Pero, ¿sería ello posible? ¿No es cierto que detrás de estas cosas se encuentra siempre el cáncer de la corrupción?
Detrás, sin duda, se encuentra el hecho de que la corrupción se está convirtiendo en cáncer que afecta a la economía, hiere la credibilidad de las empresas y de los emprendedores, desalienta la atracción de inversión y talento y debilita todo intento de proyectar internacionalmente la imagen del país. Hay que tomar conciencia de la importancia de crear una cultura de tolerancia cero con la corrupción y de su complejidad, de sus raíces sociales.
Soy muy consciente de que la corrupción en Costa Rica es un fenómeno muy complejo. Es mucho más que un problema político. Tiene raíces sociales relevantes que se han ido fraguando durante los más de treinta años que se ha desarrollado la mentalidad neoliberal, el despilfarro presupuestario y el propio respaldo electoral a políticos permisivos y tolerantes. La lucha contra la corrupción pasa por educación, mucha educación, y la creación de una cultura ciudadana de tolerancia cero con la corrupción.
Tenemos la suerte de que Internet y el acceso digital representan una revolución para el acceso a la información pública por parte de todos los ciudadanos (no sólo prensa u oposición política). Internet puede desempeñar un papel fundamental contra la corrupción. Eso sí, los formatos y las herramientas digitales deben ser claras y fáciles, compresibles para cualquier ciudadano.
Como dije al principio, admito de la corrupción es compleja en sus raíces, desarrollo y componentes culturales. Pero si hay voluntad política real de combatirla su presencia acabará siendo testimonial. Será entonces cuando valores como democracia, convivencia y cohesión social -incluso territorial- adquieran la entidad y dimensión correcta en nuestro país.
No dudo, en consecuencia, que detrás de los secretismos se encuentran las gárgolas de la corrupción. Y si queremos un gobierno que hable claramente al pueblo, debemos exigirlo con fuerza. Demostrando el poder de los ciudadanos.
Un documento de la UNESCO señala lo siguiente. La corrupción es una de las cuestiones más difíciles que deben enfrentar los Estados en el proceso de gobernanza. Las prácticas corruptas privan a los gobiernos de los medios de garantizar la mejor calidad de vida posible a la población, mientras que muchos miembros del gobierno sienten que sacar a la luz los actos de corrupción socava su legitimidad. Con frecuencia los periodistas que investigan actos de corrupción son víctimas de graves represalias, ya que los agentes corruptos amenazan sus puestos de trabajo, sus familias y su reputación. Es importante que los gobiernos tengan una posición firme contra la corrupción y que protejan a los informantes y a los medios de comunicación que denuncian prácticas corruptas en su seno. Sólo se puede promover la legitimidad mediante una estrategia de gobernanza que considere a los medios de comunicación de investigación independientes sus aliados, y no una amenaza.
Una cuestión que se plantea actualmente en muchos procesos de reforma gubernamental es la de la transparencia. (Y aquí recuerdo que fue una de los promesas del PAC en nuestro país). A medida que las burocracias estatales se han convertido en entidades de gran tamaño, a menudo opacas, el secreto suele encubrir las luchas e intereses ocultos de sectores particulares y funcionarios públicos, que rebasan sus cometidos. En algunos casos, las redes sociales que vinculan a los funcionarios públicos con la sociedad en general provocan conflictos de interés en las prácticas de la gobernanza, encubiertos por el secreto de la administración. Una mayor transparencia de la administración pública permite controlar los posibles conflictos de interés y brinda al gobierno mayor legitimidad.
Los medios de comunicación independientes (que en nuestro país son pocos, muy pocos), a los que se garantiza acceso a documentos públicos y a los procesos de toma de decisiones, pueden sacar a la luz posibles conflictos de interés y ayudar al gobierno a mantener la claridad en la aplicación de sus directivas. Entre las características positivas de una relación abierta entre los medios de comunicación y los gobiernos democráticos se encuentran las garantías procesales de los medios, la instauración de respeto de la libertad de expresión y del acceso a la información, el apoyo a las emisoras nacionales independientes y las agencias de noticias de servicio público, así como la reducción de las restricciones punitivas de las actividades periodísticas.
La rendición de cuentas (otra promesa del partido político que gobierna actualmente a Costa Rica) está estrechamente relacionada con la cuestión de la transparencia. Mientras que esta última se centra en las prácticas de la administración pública, la rendición de cuentas se refiere a la responsabilidad que tienen diversas entidades, incluido el público, de juzgar dichas prácticas y su eficacia.
La rendición de cuentas abarca una rendición de cuentas moral ante el público, lo que comprende varios tipos de sanciones, garantizadas por el estado de derecho. Mientras que la mayor parte de formas de gobierno del Estado incluye regímenes internos de rendición de cuentas, la rendición de cuentas ante el público es fundamental para la legitimación de una sociedad democrática. El público, en un entorno en el que tiene la libertad de examinar las acciones del gobierno y de hacer que sus representantes respondan por sus actos, asume simultáneamente la responsabilidad del funcionamiento de su gobierno mediante esta forma de participación.
Y no informar a los ciudadanos (como en el caso del TPP) atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas. Y a la larga podría considerarse una manifestación más de corrupción gubernamental.
(*) Alfonso J. Palacios Echeverría
De acuerdo en casi todo. No, por ejemplo, en que la corrupción “desalienta la atracción de inversión y talento y debilita todo intento de proyectar internacionalmente la imagen del país”.
En realidad, en asuntos como el reseñado es claro que la corrupción “atrae” lo que dan en llamar “inversión extranjera” (“inversiones” golondrina, diría yo) y ayuda a “proyectar internacionalmente la imagen del país”, porque parte de toda esta orquesta socioeconómica internacional consiste precisamente en que empresas cuyos dueños son extranjeros y se van a llevar sus ganancias para su país migran las operaciones desde su país original hacia otros países donde los costos se abaratan, y ese abaratamiento de costos tiene siempre mucho, pero mucho que ver con salarios más bajos (aquí los extranjeros dan salarios ya vergonzosos que contrastan con el conjunto de requisitos mínimos de sus POCOS puestos).
Como si fuera poco —y por eso las llamo “golondrina”— todo el tiempo que están asentados aquí se mantienen atentos a la posibilidad de trasladarse a mediano plazo a otro país donde los costos (salarios especialmente, de nuevo) puedan bajar todavía más, y así se van por ej. —según la operación— a países orientales que cuenten con sectores de trabajadores emergentes, o a otros países latinoamericanos donde el desempleo venga creando un escenario atractivo para contar con mano de obra calificada suficientemente necesitada como para recibir una miseria de salario.
Un país así dañado es lo que resulta atractivo a los “inversionistas” extranjeros.
Ese es el gran único problema que veo a esta opinión: que parece asumir que los buenos países para “invertir” son “buenos” en el sentido de que están muy bien a los ojos de sus propios ciudadanos.