Se puede estar de acuerdo con Ottón Solís

Cuando el para muchos incómodo fundador del Partido Acción Ciudadana, Otón Solís, inicio su paciente labor de denuncia acerca de lo que estaba sucediendo en Costa Rica, de la corrupción que se había entronizado en Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, de las nefastas consecuencias de la aplicación de la políticas neoliberales tomadas por ambos partidos cuando fueron gobierno, y de una campaña de adecentamiento de la cosa pública, me entreviste con él y le ofrecí mi colaboración en el campo de la Reforma del Estado. Hacía poco había publicado la UCR una obrita mía con las consideraciones y experiencias en ese campo, que se agoto rápidamente.

Muy amablemente me agradeció la oferta y no volví a saber de él nunca más. Y aclaro que la oferta había sido a título gratuito y sin el compromiso de incorporarme a las filas de su nuevo partido político. Ello, porque no necesito favores ni apoyos de político alguno para cumplir mi labor como ciudadano, y porque me es más cómodo realizarla no vinculándome a ninguna agrupación de este tipo. Ello me concede libertad, que lo que más aprecio. En eso se parecía en esos años a los políticos de la agrupación de donde provenía, en donde no se hace nada si no hay compensación o beneficio personal. La patria es lo último que importa, los ciudadanos menos.

He seguido su desafortunada carrera a través de estos años, sobre todo cuando sus propios correligionarios le dieron la espalda, traicionaron los principios fundacionales del partido político, y , muy a la tica, se aprovecharon de la estructura creada para obtener cargos y beneficios. Pero me ha resultado interesante el que haya mantenido su posición siempre, no se le haya comprendido del todo, se le acusara de fundamentalista moral (como si existieran diversas modalidades de moral aceptables, cuando es solamente una) y se le haya marginado en las decisiones del gobierno de su propio partido.

Así es la vida, diríamos, pues está compuesta de incomprensiones e ingratitudes diversas, de puñaladas por la espalda, de traiciones variadas y de olvidos intencionados. Y meterse en política es aceptar que el homo politicus criollo es hipócrita, traicionero y algo que me gusta mucho reconocer: gavetero.

El 15 de Enero de este año, en el periódico La Nación, aparece un artículo suscrito por él que me ha causado una gran impresión. Y no soy persona que se impresione fácilmente con nada, aclaro. Y expreso que estoy de acuerdo con sus opiniones, e incluso con su propuesta, pues hace muchos años, desde la catedra universitaria como en otros ámbitos, he abogado por la simplificación racional de la conformación organizativa del Estado (bien entendida, no como la reducción de su papel conforme lo expresan los neoliberales) y el incremente de sus niveles de eficiencia, eficacia y productividad social.

Señala en el artículo que ha presentado un proyecto de ley (CERRAR) con el fin de mejorar los resultados de la inversión social y reducir los gastos administrativos derivados de la ejecución de esa inversión. Y luego explica en su largo artículo los elementos y detalles de la propuesta, llena de razones y fundamentada en el menos común de los sentidos; el sentido común. Y por ello recomiendo su lectura.

Algo parecido proponía hace ya bastantes años en la catedra de investigación y análisis administrativo a mis alumnos, exponiendo con casos concretos la duplicidad de funciones y en consecuencia la duplicidad de costos en las funciones estatales. Y el contrasentido de los neoliberales que, por un lado debilitaban la estructura administrativa del Estado, y por el otro hacían proliferar instituciones y organismos diversos, para que realizaran las funciones que les correspondía a los que ya existían y ellos mismos se había dedicado a destruir, como el MOPT.

Dice el señor Solís en su artículo que ciertos preceptos constitucionales relacionados con la eficiencia de la administración y que estos principios y el sentido común en materia de buen uso de los recursos públicos fueron totalmente ignorados por las reformas estructurales impulsadas por el neoliberalismo nacional y los organismos financieros internacionales.

Es la ´primera vez que escucho de boca de un político una aseveración como la anterior, aunque sea una verdad incuestionable, y se hayan escrito innumerables obras, serias y bien documentadas, a nivel internacional, acerca del nefasto legado de los organismos internacionales en América Latina, cuando impulsaron con fuerza inusitada la destrucción del Estado a fuerza de condicionarlos a aceptar las políticas neoliberales.  Acá, en Costa Rica, unos por ignorancia, otros por complicidad, jamás lo han mencionado.

Lamento, eso sí, que el proyecto propuesto por el señor Solís, morirá en la corriente legislativa de inanición, como otros muchos otros que fueron ignorados o adversados por los bien identificados políticos de carrera que componen nuestra Asamblea Legislativa y la integraron en el pasado, y los nuevos sin experiencia en los retorcimientos políticos que allí se estilan.

Detrás de esta propuesta, no se puede negar, se encuentra un ataque frontal a la corrupción que medra en la administración pública costarricense. Pero esta vez se hace de forma racional, con una propuesta razonada y razonable, pues en el pasado los llamados a levantarse en contra de ella y pedir la cárcel para los corruptos (no había suficientes espacios en las cárceles) quedaban en nada, ya que quienes tienen que actuar están embarrados de la podredumbre que conocemos.

Debo señalar que la corrupción, y la duplicidad de funciones estatales es una de sus manifestaciones, se puede entender como un fenómeno nocivo, vasto, diverso y global cuyos agentes pertenecen tanto al sector público cuanto a las empresas privadas. Sin embargo, el concepto abarca otro tipo de organizaciones como las religiosas, deportivas, científicas y de investigación, educativas, etc.

Así pues, no se refiere al simple saqueo de patrimonio del Estado. La corrupción incluye el ofrecimiento y la recepción de sobornos, coimas; la malversación y la negligente asignación de fondos y gastos públicos; la subvaluación o la hipervaluación de precios; los escándalos políticos o financieros; el fraude electoral; la paga a periodistas, la compra de información en medios de comunicación masivos o la infiltración de agentes para obtener información y beneficios concomitantes; el tráfico de influencias y otras transgresiones; el financiamiento ilegal de partidos políticos; el uso de la fuerza pública en apoyo de dudosas decisiones judiciales; las sentencias parcializadas de los jueces; favores indebidos o sueldos exagerados de amistades, a pesar de su incapacidad. Los concursos amañados sobre obras materiales, la indebida o sesgada supervisión o calificación de las mismas; la compra de instrumentos, de armas de mala calidad, la manipulación y la ocultación de información por los medios de comunicación masiva, etc., etc.

Y dentro de ese etcétera se incluyen las mentiras de las empresas farmacéuticas con respecto de sus productos, el ocultamiento que realizan los centros científicos de investigación sobre descubrimientos que se mantienen en secreto, para no afectar intereses económicos, la manipulación de las conciencias de los individuos por medio de las distintas religiones existentes, el sostenimiento intencionado de niveles educativos bajos, a fin de poder mantener a la ciudadanía susceptible a creerse las mentiras de la demagogia política, y lo más sutil de todo, el culto a la mediocridad y la farándula, instrumentos estos de estupidización de las masas.

El fenómeno de la corrupción en cualquiera de sus formas constituye una vulneración de los derechos humanos por cuanto que generalmente entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, y en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen. Por añadidura, el fenómeno de la corrupción lleva aparejado un elevado coste social y económico.

En esta oportunidad, la propuesta del señor Solís, creo yo, no ha de prosperar, pues para que prospere debería existir intención política concertada dentro de su propio partido y con los otros que componen el variopinto paisaje nacional, y eso no existe ni existirá jamás. Y si hay algo que temen los políticos tradicionales es tener que tomar medidas contundentes. Les encanta, eso si, los paños tibios y aquellas medidas que no implique riesgo alguno para su partido político.

Y no creo, sinceramente, después de observar durante casi dos años el comportamiento del actual gobierno, que se comprometerían a unas medidas tan fuertes, por más razonables que fueran, porque lo que han demostrado hasta ahora es debilidad, bastante debilidad.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría