sábado 8, febrero 2025
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Volviendo sobre temas ya tratados

Durante los últimos años, de forma recurrente y no sin causar una creciente angustia en quienes miramos cómo se descompone el país que amamos, se exponen ante la ciudadanía noticias e informes diversos sobre la lamentable situación en que se encuentran las más importantes organizaciones del Estado Costarricense, al punto de hacernos temblar ante el peligro real de que las mismas colapsen y lleguen incluso a desaparecer. (Y una forma de desaparecer es su privatización, sobre lo que hablaremos un poco más a continuación.)

Es por ello que la propuesta de Ottón Solís, causó espanto a muchos políticos acostumbrados a disponer de instituciones públicas para ubicar en ellas a sus correligionarios después de las elecciones, aunque no tengan ni idea de las funciones que en ellas se desarrollan como tampoco las cualidades y capacidades indispensables para realizarlas.

En los gobiernos anteriores y en parte, y en este también, aunque muchísimo menos, hemos visto déficits escandalosos, desvío de fondos públicos, pérdidas descomunales en proyectos impulsados sin haber reflexionado adecuadamente en sus costos y efectos, burocratización excesiva, descontroles inmorales de sus gestión administrativa y financiera, apoderamiento de algunas por parte de mafias políticas del partido gobernante o por sindicatos y agrupaciones laborales que se creen dueñas de la organización, olvidándose ambos que las mismas son propiedad de todos los ciudadanos, y no cotos cerrados de privilegios odiosos.

Luego de largas reflexiones sobre la problemática existente y que por lo visto tenderá a agravarse en el futuro, traté de encontrarle algunas causas identificables, que nos llevaran al origen de las causas, y por ende la presentación de soluciones sensatas –por más difíciles que resultaran- con el propósito de superar la desastrosa situación en que se encuentran algunas de ellas. Mis consideraciones, basadas en al menos tres elementos: la formación académica, la experiencia profesional, y la especialización en administración pública, me llevaron a las siguientes conclusiones, y aunque reconozco de antemano que puedo estar equivocado de medio a medio, todas las señales parecen indicar que no estamos tan desorientados.

Primera causa: la ignorancia del personal administrativo de las más básicas prácticas de buena administración pública, a todo nivel, ya que muchas veces la contratación del personal en esos “cotos cerrados” de privilegios, se realiza porque el nuevo funcionario o empleado es impuesto por el partido político en el poder (no importando las calidades o cualidades requeridas) o porque las “mafias laborales” internas controlan los puestos para entregarlos a las amistades y familiares, a los cuales abren las puertas, cerrándolas a muchos que de seguro tendrían más calificaciones. Es decir, en otras palabras, si usted no tiene “patas” mejor ni haga una solicitud de trabajo.

Con ello las organizaciones públicas se han llenado de mediocres, patanes, ignorantes y hasta delincuentes, causando gravísimos daños a su funcionamiento.

¿O es que cree Usted del descalabro de la CCSS y la situación financiera del ICE, para poder dos ejemplos notables, son provocados por sortilegios de algún aquelarre de brujas malévolas? No, es provocado por el desconocimiento, la impericia, la ausencia de formación técnica, y en algunos casos la mala fe agregada a la mala administración. Y lo que es peor: como se comprueba en el caso del ICE, el ocultamiento de información o el retorcimiento delictivo de cifras que reflejan sus resultados financieros, por ejemplo. Pues lo que es lo relacionado a la CCSS ha quedado demostrado palmariamente la mezcla de estupidez y delincuencia.

Y así podríamos agregarle a estas consideraciones otras “hermosuras” encontradas en organizaciones como RACSA, AyA, INS, CNE, CONAVI, MEP, MAG, y un larguísimo etcétera sobre los cuales los medios de comunicación nos informan cotidianamente. Es, pues, la causa que llamaríamos apropiadamente la “corrupción burocrática”; prácticas perversas nacidas de la ignorancia, la estupidez, la mala fe y en algunos casos hasta de prácticas poco éticas, por no llamarlas delictivas.

Y algo sumamente grave, la actitud asombrosa del Servicio Civil, que desde hace años, me consta personalmente, propende a que la formación en administración pública se detenga a nivel de técnicos y no de profesionales, para lo cual se prestó la Escuela de Administración Pública de la UCR, degradando seriamente el Curriculum académico (en su contenido, claro está), y en la incorporación de personal docente sin suficientes conocimientos ni experiencia, todo ello con el fin de ajustar la formación académica a la mediocridad rampante en la administración del Estado.

Y lo peor de todo: cuando se nos informa por los medios de comunicación que los candidatos a jueces, no logran aprobar el examen de conocimientos jurídicos básicos. ¡Así debe estar la formación en Derecho en nuestro país! Pero no se nos informa si los “fracasados” son nombrados de todas formas, cosa perfectamente factible, dado la alegre forma de administrar el Poder Judicial.

Por cierto, este tema es poco mencionado en los medios de comunicación masiva, por el temor que tienen de que las mafias enquistadas allí tomen acciones de retaliación en su contra, cosa fácil ya que son los que manejan los hilos de la administración de justicia.

Segunda causa: la intervención política en la designación de jefaturas y cargos representativos. Lo primero que podemos decir es que el pertenecer al partido político en el poder no garantiza absolutamente nada, todo lo contrario, más bien es motivo para sospechar “ad portas” de la idoneidad profesional, técnica, moral y ética de dichos personajes, que conocemos muy bien.

A ello habría que agregar las intencionalidades políticas de estratagemas como las utilizadas por el Partido Liberación Nacional en el Congreso, como sucedió en el gobierno pasado colocando –por ejemplo- a un enfermo mental y un delincuente en la Comisión de Derechos Humanos, a un ex convicto en la Presidencia del Congreso, y a personas cuestionadas en otras comisiones de vital importancia. Fruto de esa negociación que llevaron a cabo para arrebatarle el control a la oposición.

La intervención política en la designación de jueces de los supremos poderes, incluyendo la Sala Constitucional, con lo cual aseguran bastante bien la impunidad de funcionarios políticos, lo cual se lleva por delante hasta la Fiscalía General de la República, que no es precisamente ejemplo de eficiencia y transpafrencia, pues se convierten en custodios y protectores de las altas cúpulas partidarias. De la misma forma que en la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, y otras más, a fin de proteger en el presente y más a futuro los involucrados en prácticas perversas.

La política en sí misma no es mala, más bien es una actividad noble y enaltecedora de los mejores intereses colectivos. Pero cuando maleantes auténticos disfrazados de pensadores se apoderan de los partidos políticos y de los gobiernos, a cualquier nivel, corrompen absoluta y totalmente su naturaleza, convirtiéndola en una vil transacción entre empresarios y comerciantes, a costa del pueblo que, engañado como siempre, se deja embaucar con falsas promesas y vota por ellos.

Tercera Causa: la ideológica, la que se asienta debajo de las políticas públicas. Es de todos conocido y aceptado cómo, desde hace de treinta años, aproximadamente, como señala acertadamente una de las mentes más preclaras de este país, don Alvaro Montero Mejía, la imposición del proyecto neoliberal no es el resultado de algunas ocurrencias de última hora o la conjura de unas mentes malévolas deseosas de liquidar las conquistas sociales y económicas de muchos pueblos a lo largo y ancho del continente.

El neoliberalismo (que es la ideología imperante en este momento) es el resultado de las leyes objetivas que rigen el desarrollo del sistema capitalista central y aparece en el momento en que confluyen, en un punto nodular de la historia moderna, esos elementos a que hemos hecho referencia antes: la derrota del llamado socialismo real junto a la desintegración de la Unión Soviética; la emergencia de una nueva revolución científica y tecnológica y en primer lugar la revolución informática; la aparición de las corporaciones transnacionales y la conformación del mundo unipolar.

Es así como el mundo capitalista desarrollado prescinde de lo que podríamos llamar “un control externo” del Tercer Mundo y pasa a la ofensiva, al control directo de las economías nacionales, del mercado interno incluida la producción alimentaria, las bellezas naturales y sobre todo, a la apropiación de las empresas públicas locales: ferrocarriles, siderúrgicas, astilleros, puertos y aeropuertos, empresas eléctricas, el gran comercio local junto al comercio internacional y claro, la intermediación financiera.

En otras palabras, las conquistas sociales obtenidas a través de enormes y largos esfuerzos por nuestro pueblo, caen en manos de unos auténticos mercaderes, a quienes no les importa nada más que su beneficio económico. Todo ello a través de la privatización directa o a medias de las empresas lucrativas del Estado, que fueron concebidas para brindar los servicios que los empresarios privados no estaban dispuestos a ofrecer, y que ahora, luego de años de consolidación, ven que son rentables, que tienen mercados cautivos, y las codician descaradamente, para lo cual colocan políticos venales en los gobiernos (mediante su financiamiento) a fin de que ellos les entreguen dichas organizaciones a precios irrisorios.

Cuarta causa: las estrategias neoliberales impulsadas para desprestigiar las organizaciones del Estado, su destrucción desde dentro a través de políticas administrativas erradas, y el llevarlas hasta la disfuncionalidad evidente, para así justificar su traslado o venta (“privatización”) a intereses económicos nacionales o transnacionales. En algunos casos que conocemos y ya hemos experimentado en carne propia; la apertura del mercado de las comunicaciones, la pretendida ampliación de la generación privada de electricidad; el financiamiento sin control de entidades educativas privadas en detrimento de la educación pública, que necesita urgentemente su remozamiento en infraestructura y capacidad técnica; la privatización onerosísima y progresiva de servicios médicos de la CCSS hacia grupos profesionales de la medicina, con la intención de justificar finalmente la privatización absoluta de esta organización pública; los intentos de pasar leyes para entregar la producción y distribución de agua potable a empresas privadas, la protección de monopolios privados a quienes se les ha entregado la prestación de servicios públicos.

Podríamos mencionar muchos más, pero los anteriores son los más evidentes. Lo que está claro es que el neoliberalismo tiene como estrategia recurrente el ir destruyendo las organizaciones estatales, con apreturas sin control ni protección de los intereses ciudadanos, dueños de las organizaciones públicas, o mediante la corrosión interna de dichas organizaciones, para producir el descontento general de la población y “lavarles el cerebro” de forma que acepten la privatización como la única solución posible.

De allí que todo gobierno neoliberal evite, por todos los medios, que se mencione siquiera el proceso de Reforma del Estado, pues éste –bien entendido- abriría las puertas al cuestionamiento de políticas públicas, cosa que nos les conviene desde ningún punto de vista. Pero, eso sí, recurrentemente lanzan la idea de una modificación constitucional integral, pues la idea es redactar una nueva constitución con todos los elementos neoliberales que convertirían a los estados en esclavos de los mercados.

Podríamos seguir señalando más causas. Como la permisividad de injerencia extranjera en las orientaciones políticas, las perversas intromisiones de las confesiones religiosas en asuntos álgidos para la ciudadanía, y la mezcla de corrupción y mediocridad que se observa en los personajes que ocupan los cargos de elección popular y las altas esferas designadas por el ejecutivo. La descomposición de los otros poderes de la República y la injerencia malévola del partido político gobernante en la designación de los jerarcas de las organizaciones obligadas a velar por la integridad e idoneidad del desempeño de los políticos.

¿Cuál podría ser, entonces la solución? No existe, discúlpenme. Son muchos los flancos y muchos los problemas por atender y muchas la soluciones que habría que aplicar, dependiendo del tópico. Lo que sí es cierto es que la solución está en manos de los ciudadanos, y ello puede suceder de dos formas: mediante el levantamiento cívico, la protesta y el ejercicio de la fuerza ciudadana en contra de la corrupción rampante, o mediante la reacción electoral que limpie la inmundicia reinante. Pero esta última opción requeriría el surgimiento de una opción diferente y confiable, cosa que no vemos cerca, pues la mediocridad hizo metástasis.

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5 COMENTARIOS

  1. La «propuesta de Ottón Solís» es tema de campaña del PAC desde siempre. No está inventando el agua tibia, y parte del camino trazado por el Gobierno actual es ir eliminando duplicidades y oficinas inútiles

  2. Don Alfonso claramente nos justifica la razones de sobra conocidadas por el mundo entero,y es que el tener un estado pequeno,eficiente dedicado a los servicios publicos es lo mejor y mas eficiente para una sociedad.
    Los ciudadanos deben dedicarse a crear riqueza y el estado a apoyarlos con toda sus capacidades para luego poder distribuir riqueza a los menos afortunados.

  3. A redumidas cuentas en ingrato recuerdo de Oscar Arias y su Títere Eduardo Dorian, La Caja de Pandora, ver documental de la UCR.

  4. Es cosa mía, pero cada vez me parece más raro leer artículos abstractos donde el concepto de Estado se use, incluso si se llega a adjetivar como bueno, malo, eficiente, ineficiente, etc. Pero pensándolo bien, Estado como sustantivo es abstracto y concreto a la vez, porque cualquiera sabe que detrás de todo Estado hay miles de rostros, y tal cual, si el todo es la suma de las partes, adjetivar ese sustantivo se hace mucho más fácil: corruptos, ineficientes, serviles, etc.

    Y es que, bien que mal, también todos esos rostros detrás del concepto son ciudadanos, quienes por trabajar para el Estado, no pierden su calidad como tales. El verdadero problema es esperar que actúen neutralmente, siguiendo (supongo) las buenas prácticas que supone la administración, pero, ¿qué pasa cuando esas buenas prácticas no son eficientes? O más bien, ¿en qué momento y quién decidió que esas buenas prácticas debían de dejar de ser ejecutadas? Y tal vez, la pregunta más importante: ¿cómo se toman las decisiones y se ejecutan? Porque, creo, que respondiendo a esta pregunta, se puede influir en algo en la toma de decisiones, no únicamente lanzándose a protestar y levantarse cívicamente. Porque, ¿levantarse cívicamente cuándo? ¿Cada vez que un acto corrupto ocurra? Los ciudadanos se cansarían de dejar de hacer lo que la libertad les permite, para intentar ejercer coacción sobre otros ciudadanos que se defienden con el artículo 309 del Código Penal.

  5. La propuesta de Otton es populismo puro, aprovechando el clima «Anti-Empleado Público» de hoy en día, propone cerrar solamente un puñado de instituciones públicas y solamente anuncia esa parte del plan, pero, la otra mitad del plan crea un nuevo ministerio para tomar las responsabilidades de al menos 2 de las instituciones “Cerradas” y le pasa las “Responsabilidades” de los otros ministerios cerrados a otros ya existentes los cuales necesitaran contratar más personal (porque de eficiencia y gobierno no se llevan).
    En otras palabras, cambia las flores de maseta esperando a ver si florecen sin darse cuenta (o haciéndose el que no se da) que no son flores lo que hay sembrado ahí, solo hiedra.

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