jueves 29, septiembre 2022
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Jefe negociador dice que verificación de ONU es garantía para los colombianos

Bogotá, 25 ene (EFE).- El jefe negociador del Gobierno colombiano en los diálogos de paz con las FARC, Humberto de la Calle, dijo hoy que la verificación y monitoreo por parte de Naciones Unidas al alto el fuego bilateral y definitivo con esa guerrilla supone una garantía para la sociedad colombiana.

«Lo que está claro es que no habrá armas en manos de las FARC y lo que está claro es que el garante de eso frente a la comunidad internacional y nacional son las Naciones Unidas, que la dejación de armas se hará ante Naciones Unidas y me parece que ese es un hito fundamental para lo que sigue», declaró De la Calle en Bogotá.

Al intervenir en el «Gran Foro Colombia 2016 ¿Para dónde va el país?», organizado por medios como las revistas Semana y Dinero y Red Más Noticias, De la Calle aseguró que «el cese de la guerra implica en manos de ese componente internacional garantías para la FARC, pero también naturalmente para la sociedad colombiana».

El pasado 19 enero, el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acordaron solicitar a la ONU la creación de una misión de observadores internacionales para verificar el alto el fuego bilateral definitivo y la dejación de armas por parte de esa guerrilla.

La misión forma parte de un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del futuro alto el fuego, que también estará integrado por representantes elegidos por el Gobierno y por la guerrilla.

De dicha misión internacional harán parte expertos civiles no armados de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Al respecto, el negociador del Gobierno explicó que se trata de «una misión política», sin armas ni cascos azules como los de las misiones de la ONU en otros lugares del mundo.

«Es una misión que implica un enorme despliegue humano en Colombia, con unos costos elevados que (…) serán asumidos por Naciones Unidas», agregó.

De la Calle destacó que la verificación internacional supondrá «un impulso enorme no solo a la eficacia de las conversaciones» y «un golpe enorme también de realismo».

«De aquí en adelante ya cesa la retórica. Este es un problema en el que las potencialidades y capacidades concretas de Naciones Unidas en el terreno dictarán la última palabra», agregó.

El funcionario apuntó igualmente que el siguiente paso serán las discusiones en torno a la refrendación de los acuerdos que se alcancen en la mesa de negociaciones que desde hace tres años mantienen el Gobierno y las FARC.

Admitió, sin embargo, que las partes «tienen una discusión enorme» que describió como «inocultable» sobre el mecanismo para la refrendación.

«El Gobierno tomó la decisión de convocar a un plebiscito y de establecer a través de un acto legislativo un sistema de ‘fast track’ en el Congreso que permita dictar leyes con enorme eficacia, y un cúmulo de facultades, en cabeza del presidente, fundamentalmente para la implementación precoz de los acuerdos», afirmó.

Las FARC «insisten en el mecanismo de la Asamblea Constituyente» apuntó el negociador, y valoró que «más allá de la discusión jurídica que existe» lo importante es que las partes hayan convenido «que no se trata de un acuerdo en una mesa de conversaciones únicamente sino que son los colombianos los que dirán una última palabra».

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, está de visita en Nueva York para promover el pedido formulado por Bogotá ante ese organismo para conformar la misión de verificación.

Holguín se ha reunido con el presidente el Consejo de Seguridad de la ONU, el uruguayo Elbio Rosselli, y se entrevistará este lunes con el secretario general de la organización, Ban Ki-moon.

Luego de la reunión, el máximo órgano de decisión de la ONU aprobó hoy la creación de una misión política que ayude a supervisar un alto el fuego definitivo.

Por unanimidad, los quince miembros del organismo adoptaron una resolución en la que encargan al secretario general que inicie «inmediatamente» los preparativos para poner en marcha ese operativo, que tendrá un mandato inicial de 12 meses. EFE

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