San José, 3 Feb (ElPaís.cr) – El Frente Amplio (FA) presentó una propuesta legislativa que desde su perspectiva podría convertir a Costa Rica en un país no solo con visión, sino también con un mecanismo para dotar de financiamiento a la Educación Pública Nacional.
El proyecto presentado busca solventar la deuda que el país tiene con la educación pública, ya que de acuerdo con el artículo #7 de la Constitución Pública la inversión anual debe ser al menos del 8% del Producto Interno Bruto (PIB); sin embargo, no todos los años alcanza la cifra.
“Con el anterior método de medición del PIB, la inversión en educación al 2015 fue solo del 7,86%, es decir que faltaron unos 42 mil millones de colones. Con la nueva metodología de cálculo, este incumplimiento se agrava, pues al estimar un PIB mayor, aumenta también el incumplimiento. Para este año la inversión en educación apenas estaría alcanzando el 7,60% del PIB”, explicó el diputado Gerardo Vargas Varela, Jefe de FA.
La iniciativa pretende que las entidades bancarias públicas y privadas que se encuentran dentro del Sistema Financiero Nacional aporten solidariamente una contribución obligatoria temporal para invertir en educación; esto mientras se desarrolla una solución definitiva a la complicación fiscal que atraviesa el país.
Con base en el texto, esta contribución sería del 5% de las utilidades netas, después de impuestos, durante 3 años. Con esto se recaudaría, aproximadamente, 13 mil millones de colones por año que se destinarían a fortalecer la educación prescolar y la secundaria en zonas rurales.
“Enfrentamos una situación fiscal que “estruja” la posibilidad de aumentar la inversión social, pero tenemos sectores que están en condiciones de colaborar para no tener que sacrificar la inversión en educación por la situación fiscal”, dijo el legislador José Ramírez Aguilar.
Ramírez destacó que las cifras de desigualdad educativa delatan que alrededor del país existen realidades muy distintas. Además, dijo que uno de los principales problemas, es la baja cobertura en cuanto a educación preescolar y secundaria en zonas rurales de difícil acceso.
En el FA argumentan que una contribución obligatoria semejante, pagada por los bancos, fue la que alimentó el Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuarios para Pequeños y Medianos Productores (Ley No. 8147, Artículo 6), entre los años 2002 y 2003. Esta contribución fue declarada constitucional en el Voto 7675, del 7 de agosto del 2002, por la Sala Constitucional. En dicho Voto se indica que la medida no infringía el principio de igualdad, servía a un fin público, no generaba doble imposición y no era confiscatoria.
