San José, 4 Feb (ElPaís.cr) – Un informe de la Contraloría General de la República (CGR), sobre realidades que se viven a lo interno del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), dio paso a un debate reglado en el plenario legislativo, donde el denominador común de las diferentes bancadas fue que se debe cerrar esta institución.
El Área de Infraestructura de la CGR realizó una auditoría operativa en el CONAVI, cuyo objetivo fue evaluar la eficiencia y economía en el desempeño del proceso contractual y de gestión de calidad así como el costo y plazo en la ejecución de los proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras de la Red Vial Nacional.
Lastimosamente, los datos solo reafirmaron una tesis legislativa sostenida desde hace varios meses por diputados de casi todas las fracciones y de jerarcas de Gobierno, de que la entidad debería cerrarse ya que en 18 años de existir no ha demostrado la capacidad de competencia.
Según el último informe de la CGR sobre Conavi, presentado en enero de este año, se determinó que de cinco proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras, cuatro presentan un bajo nivel de eficiencia y uno presenta un nivel de eficiencia medio.
“Además, en cuatro proyectos la orden de inicio se dio de forma inoportuna y se firmó bajo protesta por parte del contratista por cuanto no se cumplía con todas o algunas condiciones precedentes responsabilidad de la Administración”, indica el informe.
La Contraloría reviso un total de 14 proyectos (finiquitados y no finiquitados a julio del 2015) y en todos se incorporó una cláusula de “trabajos no contemplados”. En esta misma línea se comprobó que un 36% de los proyectos contaba con los diseños de las obras desactualizadas al momento de licitar su expediente para la fase constructiva, y únicamente un 28% de los diseños estaban actualizados.
El diputado cristiano Fabricio Alvarado comentó ante el pleno legislativo que,” esta institución es un mastodonte burocrático. El Conavi simplemente no sirve, lo testifican las obras medio hechas y todo lo que evidenciamos cada día porque nosotros somos los que pagamos los platos rotos. Lo cierto es que los resultados asombran a cualquiera”.
Por otra parte, de siete proyectos, solo en uno se evaluaron todos los ensayos requeridos para el control de calidad, además según lo notificado por la CGR, en ningún caso de los proyectos analizados se contrató la verificación de la calidad.
“En relación con el proceso contractual de proyectos, se determinó que de la revisión de 49 diseños de proyectos contratados en el periodo 2000-2014, ninguno estuvo basado en estudios de pre-inversión, con el agravante que un 65% de esos diseños aún no han sido licitados para la fase constructiva, siendo un gasto para el CONAVI de 3.040 millones de colones”, señala el informe.
A partir de este texto publicado por la Contraloría, el cual corresponde al quinto informe desde el año 2015 que publica la entidad sobre el tema, se concretó que el CONAVI no cuenta con un sistema que garantice la confiabilidad, oportunidad y utilidad de la información para elaborar los presupuestos para evaluación de las ofertas.
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“Desde el 2006 la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes, el Grupo Consenso y Lanamme han sido enfáticos al señalar con lo que ha sucedido en el sistema de infraestructura vial de este país. Ahora, Carlos Villalta tiene que tener claro que el mandato que le dio el Presidente de la República es cerrar el CONAVI”, manifestó la diputada oficialista Marcela Guerrero.
El diputado socialcristiano Luis Vásquez destacó que con base en el informe se suman 32 obras que no se sacaron a licitación.
“Además de esto, todas las obras tardan más del doble de tiempo de lo previsto, entre diseño y licitación se tardan más de 7 años para solo una obra”.
Cabe recordar que durante la administración socialcristiana de Miguel Ángel Rodríguez fue desmantelado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt), para crear el CONAVI.
“Estamos esperando que el Gobierno del cambio cierre al Conavi, ya que desde un inicio nos hicieron creer que lo iban a hacer aunque no fue así”, resaltó durante el debate reglado el legislador de Renovación Costarricense (PRC), Gonzalo Ramírez.
Javier Cambronero quién al igual que Guerrero pertenece a la fracción de Acción Ciudadana (PAC), denunció que por años el Consejo de vialidad ha estado monopolizado por seis empresas, a las cuales presuntamente se les transferido recursos públicos.
“Una especie de caja registradora al final de la fila del supermercado, que recauda dinero, mucho dinero para repartirlo entre seis empresas: Hernán Solís, Sánchez Carvajal, CONASA, Quebradores del SUR, MECO, Grupo Orosí-Siglo XXI”, aseveró Cambronero Arguedas.
El oficialista cuestionó que muchos de los dueños y socios de estas empresas figuran como donadores a las campañas políticas del PUSC y el PLN.
El frenteamplista Edgardo Araya se sumó a la crítica que hicieron los congresistas al Consejo de Vialidad, y fue claro en que al Gobierno le ha faltado firmeza para ordenar o bien, cerrar dicha institución.
«El CONAVI que se prometió cerrar está colocando el Ministro de Obras Públicas y Transportes y lo cierto que cada vez está más lejos esa promesa de cerrar dicha entidad. Este informe de la Contraloría deja en evidencia que lo hay en el CONAVI más allá de un completo desorden, es nada más y nada menos que corrupción», expresó Araya Sibaja.
Araya también reclamó que durante administraciób y media (seis años) y dos del Partido Liberación Nacional, a lo que se le suma el actual Gobierno, profundizaron los problemas en el Conavi, y principalmente liberacionistas y socialcristianos no hicieron nada para mejorar la insitución.
Cabe mencionar que con base en datos gubernamentales, un uso indebido de la figura de imprevisibilidad, falta de planificación, caos e incumplimientos reiterativos le ha costado al país 288 millones de colones, esto únicamente en nueve puentes del proyecto Cañas-Liberia.
La mayoría de congresistas que fueron partícipes del debate legislativo coincidieron en que lo mejor para el país es cerrar el CONAVI.
Además de «CONAVI», también «ARESEP», «SUTEL», para empezar; pero la lista de instituciones ineficientes e innecesarias, es mayor.