San José, 5 Feb (Elpaís.cr) – La dificultad que atraviesa el país para una efectiva aplicación de la normativa internacional de derechos humanos relacionada, entre otras, con la igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda digna; y a la educación; fue expuesta por la Defensoría de los Habitantes, en un informe independiente presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
La Defensoría de los Habitantes se refirió a los temas incorporados en el Informe oficial presentado por el Estado Costarricense ante dicho Comité, así como otras temáticas a partir de la experiencia de este ente defensor.
El próximo mes de marzo dicho Comité verificará el cumplimiento del país a sus recomendaciones.
En materia de libre determinación, igualdad y no discriminación, la Defensoría expone al Comité algunas de sus preocupaciones relacionadas con la población migrante, afrodescendiente, indígenas, personas con VIH, y la población sexualmente diversa.
Entre los señalamientos de la Defensoría destaca la demora en la ejecución de la Política Nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenobia 2014-2025 y su Plan de Acción 2015-2018, que empezaron a regir desde el 1 de enero de 2014.
La Defensoría consideró que el proceso de ejecución no se ha llevado a cabo dentro de los plazos establecidos y no existe una verdadera apropiación institucional de ambos instrumentos.
La Defensoría presentó ante la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley marco para Combatir toda forma de Discriminación, en el que se incluyeron algunas reformas al Código Penal, entre éstas, el artículo 380 que tipifica el delito de “discriminación racial” que busca prevenir y sancionar la discriminación en centros de trabajo, salud, educativos y en prestación de bienes y servicios.
Sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, la Defensoría destaca que uno de los sectores de la población más sensibles lo constituyen las personas migrantes, las mujeres con discapacidad, las personas afrodescendientes; y las trabajadoras domésticas extranjeras.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos aproximadamente el 60% de las trabajadoras domésticas del país son extranjeras. El criterio de la Defensoría sobre este tema señala que «urge propiciar que las personas empleadoras cumplan con la normativa vigente».
Sobre el derecho a la seguridad social, la Defensoría expone su preocupación debido a la negativa que sostuvo el Estado en brindar servicios médicos en la atención prenatal y la prohibición del acceso al seguro indirecto o beneficio familiar a las mujeres migrantes.
Si bien se logró dejar sin efecto las disposiciones sobre el particular, la institución sigue preocupada de que se incurra nuevamente en esta práctica.
Asimismo, a pesar del reconocimiento expreso y formal del derecho al aseguramiento en distintos instrumentos internacionales de los Derechos Humanos en general y de la niñez y adolescencia en particular, el tema no ha estado exento de dificultades en su aplicación práctica. Existen disposiciones internas de la CCSS que limitan o condicionan ilegítimamente su pleno disfrute.
La Defensoría consideró que las gestiones realizadas por las instituciones para prevenir y lograr una crianza positiva a padres y madres son insuficientes o no tienen el impacto esperado.
Según datos del Hospital Nacional de Niños, del año 2006 al 2014, se registraron 12.875 casos confirmados de violencia contra personas menores de edad.
El ente también expuso que persisten las debilidades en cuanto a la igualdad de acceso a los servicios de suministro de agua potable, lo cual opera en contra de las zonas rurales, poblaciones indígenas y sectores marginales del país.
Datos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados señalan que si bien la cobertura de agua alcanza un 100% de la población del país, un 7% de esa población no recibe agua potable.
En materia de acceso a la vivienda, sostuvo el ente defensor que no se ha implementado una verdadera coordinación institucional que garantice procesos claros y expeditos para la población.
«Es una necesidad que las entidades autorizadas cuenten con un sistema unificado de información en vivienda. Asimismo, la Defensoría llama la atención sobre la ausencia en el país de legislación y protocolos adecuados sobre desalojos que incorporen los estándares internacionales en la materia», aseguró la institución.
Sobre los retos educativos del país, la Defensoría señala como prioritaria la atención de la expulsión o deserción escolar.
En el caso de la secundaria, según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP) durante el 2014, 32.113 colegiales dejaron las aulas. Insiste la Defensoría en la necesidad de valorar el efectivo cumplimiento del programa AVANCEMOS, como una medida del Estado para atender la problemática de la deserción colegial.
