Déficit fiscal y lucha contra la evasión tributaria

Una coyuntura sumamente importante se vive  en la Asamblea Legislativa: se discuten  proyectos de ley que tienen que ver con asuntos fiscales, se confrontan varias tesis, se está realizando un pulso político extremadamente importante, no solo desde las diversas bancadas y sus posiciones ideológicas y ETICAS, sino también sectores empresariales, los dioses del Olimpo, UCCAEP hacen lobby, y ni qué decir de los medios de desinformación.

Un tema que está sacando roncha es el del registro de accionistas, vital elemento contra el fraude fiscal, ahí se está centrando el mayor pulso, ahí es donde se están tocando las mil y una formas de ROBO, PILLAJE, DEFRAUDACION, EVASION histórica de los grandes empresarios de este país.

El sector empresarial-patronal, encabezado por la UCCAEP reclama con vehemencia su derecho a que estén a su disposición para cualquier efecto los datos sobre salarios de los asegurados, particularmente los empleados públicos. Alegan que así lo dispuso la Sala cuarta y hasta La Nación publicó ya su editorial de apoyo. Sin embargo, se oponen férreamente a que la información sobre la identificación de los beneficiarios finales de todas las entidades jurídicas, específicamente, las sociedades anónimas, sea igualmente pública. Es el clásico doble discurso.

Se aduce que un proyecto de Ley para combatir el fraude fiscal es innecesario, pues en el Ministerio de Hacienda tienen las suficientes herramientas para cumplir su trabajo. Como fuerte desmentido a esta afirmación, está el hecho de que varios funcionarios del Ministerio de Hacienda están siendo procesados por cuanto fueron ellos quienes destaparon las irregularidades cometidas por el ex ministro Herrero que le costaron  el puesto. Los diputados, los cajeros de los bancos, los sindicalistas gozan de algún tipo de fuero protector en el desempeño de sus delicadas funciones. ¿Por qué razón estos funcionarios están inermes? ¿Es posible así combatir el contrabando, la elusión y evasión fiscales y el lavado de dólares?

El caso es que hay portillos que es necesario cerrar pues se escapan de la acción de las autoridades. Los mismos contadores públicos y privados están pidiendo sanciones para los profesionales que se presten a utilizar la ley (elusión)para evadir los tributos, como una manera de poder decirle a quienes les piden violar la ley:- no señor, no puedo-  mis principios no me lo permiten y la ley establece serias consecuencias.

Es absolutamente lógico establecer controles, el art. 18 de la Constitución Política establece la obligación tributaria. El texto dice: “Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos”. La oligarquía permanentemente pisotea estos principios. En nombre de sus negocios comprometen la soberanía, venden la patria, entregan sus riquezas y, además, se niegan a tributar en relación con sus ingresos. Los negocios de los grandes ricos están cubiertos por un manto de secretividad en tanto pretenden hurgar en los salarios de los trabajadores. Esta es una de las situaciones que en Costa Rica debemos cambiar para merecer el título de país democrático. La democracia está en los bolsillos de los oligarcas y de los corruptos. Primero sus intereses y nada más.

Según lo publica el Diario extra del 28 de enero de 2015: “Un total de 34 grandes contribuyentes llevarían hasta cinco años reportando pérdidas constantes al fisco, por lo que podrían ser sometidos a un proceso tributario. Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, dijo que se trata del 7% del total de las empresas, que suman 490”. La evasión fiscal ronda el 8% del PIB. El déficit fiscal está entre un 5 % y un 6% del PIB. Si se redujera a cero la evasión fiscal, pretensión que no es el caso, pero sí que se reduzca sustancialmente, se resolvería el déficit fiscal y sobraría dinero.

El proyecto de ley contra la evasión fiscal en la corriente legislativa, solo aspira a reducir la evasión en un 0.3%.El principal obstáculo   para aprobarlo es que el diputado Otto Guevara amenaza con 1000 mociones para evitar que este contenga la disposición de crear un registro de accionistas en el Ministerio de Hacienda.

Las preguntas que nos asaltan son las siguientes:

1- ¿Por qué tanto empeño del diputado Guevara Guth en obstruir el trámite de este proyecto?
2- ¿Vale la pena apoyar este proyecto (u oponerse) si el mismo es tan pusilánime en sus aspiraciones de reducir la evasión fiscal?

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) que ha suscrito el país han significado una pérdida de ingresos para el Estado por un 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual representa casi la mitad del 5,7% en el que se encuentra actualmente el déficit fiscal.

Así lo dio a conocer el ministro de Hacienda y primer vicepresidente, Helio Fallas, quien criticó el hecho de que la apertura comercial no haya sido acompañada de una estrategia para sustituir los ingresos que se dejarían de percibir por aranceles.

“Los ingresos tributarios por comercio internacional representaban casi el 3,5% en 1974, y han venido bajando, en caída libre. Esta reducción de 2,5% es resultado de los Tratados de Libre Comercio, cuyos ingresos no fueron recuperados”, sentenció Fallas.

Ante las reiteradas consultas de los diputados del por qué UCCAEP se opone al registro de accionistas, más allá de que este no es un requisito tácito para entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la respuesta fue la misma: El ministerio de Hacienda no puede garantizar la confidencialidad de la información.

El problema radica en que, según Hacienda, para una empresa que evade miles de millones en impuestos, es fácil negarse a suministrar la información y pagar la multa que ronda los 80 mil dólares, unos 40 millones de colones.

Asimismo, la limitante del actual registro llevado por las empresas es que dificulta las investigaciones sobre evasión y lavado de dinero, en vista de que el libro de la empresa podría decir que las beneficiadas son otras sociedades anónimas, a las que Tributación tendría que hacer la misma solicitud para intentar dar con el nombre, cédula y rostro de los beneficiaros finales.

Los sindicatos, asociaciones de desarrollo, gobiernos estudiantiles y demás movimientos sociales, deben valorar en su cabal dimensión su actitud frente al proyecto contra la evasión fiscal que se discute en el parlamento. Si bien en importantes aspectos la presión empresarial ha hecho tambalear la voluntad del gobierno, también es cierto que por alguna razón ellos se oponen al intento de que la lista de accionistas finales sea conocida y lo más seguro es que ahí está la clave de la evasión. Sin ser este proyecto lo óptimo, merece un fuerte apoyo popular.

(*) Documento del Frente de Acción Unitaria.

Firma responsable: Juan Félix Montero Aguilar.

Febrero 2016.