San José, 23 Feb (ElPaís.cr) – La Comisión de Seguridad y Narcotráfico llamó a rendir cuentas al Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, al Comisario José Andrade y a Mariano Figueres, Director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) para ahondar en detalles sobre la situación vivida hace pocos días en la Zona Sur (Chánguina).
Los tres detallaron sobre el actuar de la Fuerza Pública durante los bloqueos realizados por los afectados por desalojos en Finca Chánguina, en la zona sur del país.
Cabe recordar que hace pocos días un grupo de aproximadamente 50 vecinos de la zona se manifestaron en el puente sobre el río Térraba ante la medida gubernamental basada en un criterio de la Sala IV para efectuar una serie de desalojos, sin embargo la Fuerza Pública puso fin a la protesta social antes de que esta se hiciera aun más grande.
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Ante dicha situación, donde algunas personas resultaron heridas e inclusive detenidas, fueron varios los legisladores que repudiaron lo sucedido.
Tal fue el caso de los congresistas del Frente Amplio, quienes afirman que los vecinos se encontraban en constante movimiento por lo que no podría calificarse como un bloqueo.
Ante los cuestionamientos legislativos, el jerarca de seguridad Gustavo Mata aclaró que la manera de actuar de las autoridades está amparado en la legislación costarricense.
“Este servidor es creyente que el asunto de tierras aquí en Costa Rica, es un problema que se ha dado desde hace muchos años y existen una serie de procedimientos y desalojos en el que el Ministerio de Seguridad Pública se ve involucrado, todos amparados a principios de legalidad, no es que a este servidor se le haya ocurrido hoy o mañana a ir a desalojar a campesinos, a gente honesta que trabajan porque se le ocurrió, aquí el asunto es un tema de legalidad”, dijo el Ministro.
Mata señaló que en el caso concreto de la Finca Chánguina, es un desalojo que ha venido posponiendo desde hace muchos años, en algunos casos por orden del Poder Ejecutivo y en otras por la Sala Constitucional, pero según dijo en esta última ocasión la detención se dio por orden externa al Ministerio.
El primero fue aplicado el 31 de julio del 2015, pero la finca fue re invadida por lo cual el segundo se tenía programado para el 19 de febrero del 2016. Cabe resaltar que durante el último operativo se detuvo a 7 manifestantes.
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“Lo que nosotros hacemos es hablar con el fiscal, de ahí en adelante todas las labores y funciones que se desarrollan, por parte de estos servidores está amparada a derecho, porque es bajo dirección funcional, cuando se va a dibujar que se está cometiendo un delito, en este caso que es la vía de tránsito, pues nosotros hablamos con el fiscal y se decide por parte del fiscal a detener a las personas que están interrumpiendo el paso”, indicó Mata.
Algunos diputados alegan que los manifestantes solo estaban ocupando una vía y además estaban en continuo movimiento, también señalaron que la violencia a la que se llegó no era necesaria, ante lo que el jerarca de seguridad dijo que fue la una medida de último momento para controlar la situación.
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