Como siempre, la realidad golpea sin misericordia

Siempre se ha afirmado que la ignorancia ciudadana es el alimento que nutre a los políticos corruptos, por cuanto el ignorante es más susceptible al efecto de la demagogia, instrumento común y corriente de los políticos de cualquier orientación filosófico política. Esta es la razón por la que hemos llegado al punto de que ya no se trata de votar por centro, derecha o izquierda, porque todas son un solo partido que por años nos han tenido engañados haciéndonos creer que trabajaban por separado, cuando en verdad trabajan para los mismos empresarios y hacían leyes al acomodo de éstos.

Lo anteriormente mencionado demuestra el desprecio por la verdad de una legión de serviles y aduladores que viven postrados frente al becerro de oro, cuyo único interés radica en mantener su status de poder. Despreciar la verdad en la relación del político con los ciudadanos es despreciar a los que queremos saber cuál es la real situación del país,  para poder actuar en consecuencia. Pero en nada deberíamos sorprendernos, ya que desde el primer momento en cada periodo de gobierno vimos que la realidad iba a transcurrir en paralelo a las promesas de campaña, ganara quien ganara en la contienda por los cargos públicos de elección popular. Y luego llama la atención cómo los periodistas y medios de comunicación se prestan para seguirles el juego.

El político costarricense tiene, desde hace más de 50 años, la oportunidad de gozar de una impunidad increíble, sus acciones incorrectas nunca son juzgadas, salvo algunas excepciones muy sonadas, quedando tan solo sus actuaciones como comentarios en los círculos sociales y políticos, comentarios que tienen que ver con lograron implementar una red de tráfico de influencias, alabando sus habilidades para enriquecerse y permanecer alejados de acusaciones y castigo por esos procederes.

Hasta ahora, salvo algunas excepciones que se utilizan como estandarte para hacernos creer que el mal se ha erradicado de nuestra administración pública, asamblea legislativa, poder judicial y tribunal supremo de elecciones, no se han tomado en firme acciones judiciales contra el sector político corrupto, donde todos se protegen y se cuidan las espaldas. Hoy por ti, mañana por mí, es la consigna que parece acordar todos ellos para cuidarse. No se le toma ninguna acción judicial para exigirle un castigo por haber abusado de la confianza de la ciudadanía y a la cual defraudaron con sus engaños y en algunos casos con robos descarados.

Tampoco se ha procedido contra grupos delictivos como la Conferencia Episcopal, dedicada a actividades financieras ilícitas, por ejemplo, o contra exdiputados acusados de peculados, tráfico de influencias, conductas indecorosas y cosas así, porque la Fiscalía General de la República es una institución que está al servicio de quien sabe que obscuro interés, haciéndose cómplice del enorme manto de impunidad que cubre a los políticos criollos.

Nunca la impunidad ha sido tan evidente, y la ciudadanía se conforma con contemplarla, no se asombra al ver una justicia también corrupta, y de cómo los políticos se valen de mil artimañas legales para impedir los juicios e investigaciones, si se llegara a ese caso, a sabiendas de que también tienen su participación en ese mercado de conciencias, en donde todo se vende o se compra.

Pocas autoridades asumen las diligencias de castigar a quienes abusan del erario mientras el disfrute de fortunas mal habidas golpea a toda la ciudadanía, en un abierto desafío y descarado comportamiento, permitiendo que hasta se celebren sus hazañas de cómo se apropiaron cuantiosos recursos para exhibirlos en una pomposa ostentación, desde una disipada vida de diversiones hasta disfrutar de las mejores residencias y vehículos adquiridos por la habilidad del político de desviar recursos públicos para su beneficio o de aquellos a los que favoreció con, por ejemplo, contratos de obra, como sucedió con la construcción de la trocha fronteriza.

Ahora disfrutamos de unas autoridades que se cuidan mucho de asegurar su honestidad, pero no se salvan de excepcionales hechos indebidos, que ahora lo hacen con más cuidado para lograr ese beneficio extra, que con tanto desparpajo se obtenían en administraciones anteriores. Son tantas las fortunas que se conformaron en esos entornos gubernamentales que produjeron escándalos, llevándonos en las elecciones pasadas para llegar ahora a un estado de sobriedad que mantiene calmada a la opinión pública. Se cree en la seriedad de quienes están al frente de los ministerios o direcciones más importantes.

No obstante se sabe que muchos de esos cargos lo han recibido los políticos y empresarios que aportaron cuantiosos recursos para la campaña del presidente del partido triunfador y su retribución es ubicarlo en posiciones claves, donde casi nunca irá ningún político solo por sus méritos partidistas, lealtad al partido, ni tampoco ningún ciudadano que se distinga por su dedicación de trabajar por la comunidad.

Hay dos formas exageradas de considerar los vínculos entre ética y política: decir que ambas son la misma cosa o sostener que no tienen nada que ver la una con la otra. Ni tanto ni tan calvo: entre ética y política hay zonas de superposición y continuidad, porque son sistemas distintos. Simplificando, la ética trata del gobierno personal de la vida de cada uno (en contra de la extendida opinión de que sobre sólo sirve para juzgar la conducta de los demás), y la política del gobierno de las cosas públicas que importan a todos (incluyendo a los que dicen que no les importan nada). Pero hay un tema particular donde ética y política establecen un vínculo de retroalimentación donde cada una de ellas ilumina a la otra: la obligación de decir la verdad o no mentir, que es tanto ética como política. Es cierto que decir la verdad y no mentir no son exactamente lo mismo, pero creo que la equivalencia sirve para el caso que nos ocupa: la acción política.

Una peculiaridad de la acción política es que consiste, en la mayoría de los casos, en una acción indisolublemente ligada al uso de la palabra: hacer política es decir ciertas cosas, adquirir ciertos compromisos, elegir las palabras y expresiones que van en las leyes, normas y decretos de gobierno. Abreviando, diríamos que hacer política es lo mismo que dar la palabra o comprometerse con la palabra dada. O debería serlo. Y cuidado, no sólo por el imperativo ético de que debemos evitar el engaño y rehuir la mentira, sino por pura eficacia: cuando no se mantiene la palabra dada la política deja de ser eficiente porque nadie puede creer en ella.

Faltar a la palabra dada, engañar y mentir, es la vía más rápida para que crezca el escepticismo e incluso la hostilidad a la política. Todos sabemos que en los ataques a los “políticos” (y entrecomillo esta palabra porque en democracia todos somos políticos, como tantas veces ha explicado Savater) está siempre presente la acusación de que éstos son mentirosos, hipócritas o inmorales porque engañan a la gente. Aunque se debe añadir que si bien la primera vez que nos engañan la culpa es del mentiroso, la segunda vez ya es nuestra, por dejarle.

Todos los seres humanos sabemos lo que es mentir o engañar y lo hacemos a menudo, empezando por engañarnos a nosotros mismos. Esperar otra cosa de los semejantes metidos en la acción política –o en la empresa, que en esto se parecen mucho- sería demasiado ingenuo. Pero si la democracia funciona con instituciones, leyes y valores políticos es precisamente porque es necesario poner cortafuegos y sanciones a nuestras humanas debilidades. De manera que en una democracia es muy probable que los “políticos” mientan o engañen, pero la democracia tiene recursos para hacer pagar caro el abuso de esos vicios (el primero, no volver a votar a mentirosos ni corruptos, pero en eso la ciudadanía también falla a menudo repitiendo el mal conocido).

Así pues, el problema no es si la política es más o menos mentirosa que otras instituciones humanas como el periodismo, la economía o las bellas artes, sino en qué pasa cuando la democracia acaba siendo corroída por la mentira y el engaño, bien por la degeneración de las prácticas políticas, bien por la tolerancia de los ciudadanos o, como es lo habitual, por la confluencia de ambas.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría