Managua, 6 mar (EFE).- Los derechos humanos en Nicaragua viven uno de sus «momentos más difíciles», situación que comenzó «contradictoriamente» en el 2007, cuando el actual mandatario del país, Daniel Ortega, regresó al poder.
Así lo afirma la activista y antigua militante del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Vilma Núñez, en una entrevista con Efe en la que valora la situación de los derechos humanos, cuya defensa ha asumido a través del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).
A juicio de Núñez, de 77 años, desde 2007 Ortega comenzó «a lanzar mensajes de centralización de todas las funciones de los órganos del Estado y a buscar cómo darle color político» al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional.
Ortega ha «desinstitucionalizado» el país «partidizado» el Poder Electoral y ha convertido «en un órgano inoperante» a la Contraloría General de la República (fiscalía de cuentas), alerta la activista, quien tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979 fue nombrada magistrada y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
«Lo peor ha sido la destrucción de la institucionalidad de la Policía, que (Ortega) la ha convertido prácticamente en un instrumento de la represión del pueblo», remarcó.
Además, la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, «está únicamente cumpliendo o haciendo las leyes que Daniel Ortega propone» y no existe el balance de poderes, anotó.
Aseguró que el Cenidh tenía mayores posibilidades de encontrar respuestas para las quejas en materia de los derechos humanos con los gobiernos de Violeta Chamorro (1990-1997), Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007), que con el de Ortega.
«Antes se podía dialogar, había respuesta, no teníamos los niveles (actuales) de persecución como defensores de derechos humanos», apuntó Núñez, quien tras la derrota electoral de los sandinistas en 1990 fundó el Cenidh junto con el sacerdote jesuita César Jerez.
El Cenidh «se ha posicionado, dentro de la población nicaragüense, como el organismo con mayor presencia y con mayor compromiso» para defender los derechos humanos, muy deteriorados en Nicaragua ahora, insistió.
Recordó que varios organismos internacionales han calificado a su país «como una nación violadora de los derechos humanos y donde se ha perdido prácticamente la democracia».
A inicios de febrero pasado, el Cenidh repudió la expulsión del país del director para los programas de América Latina de la organización promotora de los derechos humanos Freedom House, Carlos Ponce.
El Cenidh denunció entonces que ese hecho, antecedido por otros, «evidencia que se ha impuesto una política del actual Gobierno de Nicaragua en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que en ejercicio de su labor visitan el país».
Según ese organismo, el Gobierno ha expulsado del país a la fotógrafa belga Michele Sennesael; a los defensores de derechos humanos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, los costarricenses Luis Carlos Buob y Martha González; a Liz Morales e Irumaki Cárdenas, del Colectivo Boliviano TransformArte, y retuvo los equipos de la periodista Irene Selser, directora de la sección internacional del diario mexicano Milenio.
El Centro también ha concluido que la participación ciudadana de los nicaragüenses ha sufrido un «deterioro importante» debido a las políticas del Gobierno.
En su último informe, denunció «un grave deterioro de la situación de los derechos humanos en el país», principalmente sobre el estado de la libertad de expresión y la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Asimismo, señaló un deterioro de los derechos civiles y políticos, «el cual está directamente vinculado al afán del FSLN de mantenerse en el poder mediante la violación de los estándares mínimos de la democracia».
En ese sentido mencionaron las irregularidades de los procesos electorales de 2008, 2011 y 2012; la negativa de las autoridades de autorizar la observación a organismos independientes y el reprimir a la ciudadanía que protesta, entre otros. EFE
