jueves 29, septiembre 2022
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Comisión de Hacendarios dictamina proyecto de Caja única del Estado

San José, 15 Mar (ElPaís.cr) – A pesar de los roces y los choques entre el Gobierno, la bancada oficialista y algunos diputados de oposición, los proyectos de la agenda fiscal comenzaron a caminar en la Asamblea Legislativa, tal es el caso de la Comisión de Asuntos Hacendarios que dictaminó el expediente N° 19.555 «Ley de eficiencia en la administración de los recursos públicos», más conocido como «Caja Única del Estado».

La iniciativa propone que si existiera un superávit libre, porque la totalidad del presupuesto no se ejecutó o no fue comprometido, las entidades contempladas dentro del texto, contarían con dos años, máximo, para utilizar ese dinero o devolverlo al Presupuesto Nacional, lo que se destinará a amortización de deuda interna y externa.

Entre las metas de la propuesta está promover la eficiencia, eficacia y economía, en la  ejecución de recursos financieros, estableciendo regulaciones para las entidades públicas estatales o no estatales, órganos, entes públicos y/o privados, que reflejen superávits libres.

Según el diputado Henry Mora Jiménez, miembro de dicha Comisión, «en este momento la caja única cuenta con un aproximado de 710 mil millones de colones, que se encuentran flotando sin ser ejecutados (que implican la tercera parte del déficit fiscal); con este proyecto una parte de ese dinero podría ser utilizado en acciones concretas y se reflejaría en el presupuesto estimado para el siguiente año».

El liberacionista Rolando González Ulloa mencionó que, «la comisión ha aprobado un texto sustitutivo de caja única, el cual construimos participativamente durante las últimas semanas y que con su aprobación pasará a cumplir con el trámite de publicación. Esperamos que resuelto el término de publicación se convierta en un dictamen afirmativo unánime que pasaría al plenario legislativo».

Para los congresistas que votaron de forma unánime el texto, es importante ya que el proyecto viene a dotar de cualidades de rectoría al Ministerio de Hacienda para fiscalizar el uso de los dineros públicos que gira, ya sea por transferencias directas o indirectas.

El diputado del Partido Renovación Costarricense (PRC), Abelino Esquivel Quesada, dijo que los jerarcas de los últimos gobiernos han sido deficitarios y los “números en rojo son producto de los problemas administrativos”.

Según establece el texto, «los destinatarios de los recursos provenientes de las transferencias asociadas a los destinos a los que se hace referencia en el párrafo anterior, presentarán ante la Dirección General de Presupuesto y ante la Tesorería Nacional como encargada de la Coordinación de la Secretaria Técnica, al final de cada ejercicio presupuestario, un informe de rendición de cuentas donde se detalle de manera precisa los beneficios que para la población objetivo han tenido los recursos otorgados a cada institución”.

Las instituciones a las que aplica la ley serían:

  1. a) La Administración Central entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos Ministerios; el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares.
  2. b) Los entes públicos o privados en cuanto a los recursos que reciban por concepto de transferencias por parte de la Administración Central.
  3. c) Los entes públicos no estatales, las sociedades con participación minoritaria del sector público y las entidades privadas que administran recursos públicos, en relación con los recursos financieros que administren o dispongan, por cualquier título, para conseguir sus fines y que hayan sido transferidos o puestos a su disposición, mediante partida presupuestaria.

Cabe señalar que dichas entidades deberán garantizar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos recibidos, conforme al Plan Nacional de Desarrollo establecido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

Mientras tanto, el diputado Víctor Morales indicó que «efectivamente hay capacidad de diálogo y acuerdos, esto fue dictaminado de forma unánime y eso obedece al ejercicio que pone de manifiesto a la voluntad política de las y los diputados con un enorme trabajo de las y los asesores y, lo segundo es que viene a incentivar el uso de recursos públicos y su buena ejecución… Es una señal de que podemos seguir avanzando en el tema de una buena administración financiera a nivel público y fiscal».

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