Con la llegada del actual gobierno panameño, por disposiciones de la ley, no se inicia de inmediato, las funciones del Contralor General de la República y del procurador General de la nación, sino que las mismas inician seis meses después, es decir al inicio del siguiente año. Este desfase administrativo, no deja de ser sospechoso, porque, durante ese tiempo, se pueden desaparecer documentos, y borrar archivos digitales de los sistemas informáticos de las instituciones públicas, y aunque esto es un delito, parece, que es una práctica acostumbrada.
Cuando el actual Contralor General de la República, inicio sus funciones, se encontró el desgreño administrativo y fiscal al erario, más grande la historia republicana, porque al parecer la antigua contralora, era complaciente del atraco perpetuado al Estado, no sabemos, si por ignorancia o por dolo. Lo cierto que ante semejante corrupción, el actual Contralor ordena hacer auditorias forenses, de los casos de alto perfil, y de mayor relevancia, y en el menor tiempo posible, aunque últimamente no se escucha mucho los resultados de dichas auditorías. El pueblo está esperando.
Pero como la corrupción no camina sola, más bien lo hace acompañada, y al inicio del actual gobierno, se escuchaba de una lista de 15 bancos locales, y no se descarta algunos bancos internacionales, que participaron de las transacciones financieras, que de manera sospechosa realizaba el gobierno de 2009- 2014, a sabienda, que muchas de las cuales eran ilegales,
Es sorprendente la actitud cómplice, por no decir otra cosa, de las instituciones del gobierno, que tenían la responsabilidad de cuidar como buen padre de familia de los bienes del Estado, y nos estamos refiriendo a la superintendencia de Bancos, La superintendencia de Mercado de valores, y la Unidad de análisis financiero, que a pesar de lo delicado de este sector, sucumbieron ante las presiones de la presidencia de la República, poniendo en riesgo todo el centro bancario de Panamá.
Pues a bien, a pesar, que se sabe que la lista es grande, es poco lo que se conoce de las investigaciones, que se le hacen a estos bancos, que participaron del festín. A la fecha solo le han echado el guante a Financial Pacific (FP), y me imagino, por los graves escándalos conocidos, con la Minera, y hasta la fecha se desconoce, el paradero de Vernon Ramos, quién precisamente investigaba las irregularidades de FP. Esperemos que las autoridades esclarezcan ese doloroso hecho, que tiene desgarrada a su familia.
El otro caso conocido, es el del Banco Universal, que fue cerrado, por la superintendencia de Bancos, por transacciones dudosas, como la ocurrida con el proyecto de riego de Tonosí, y que el mismo dueño del banco, confeso y devolvió parte del dinero del fallido proyecto, y por lo que se deduce, falta parte del mismo, porque solo de devolvieron 5 millones de dólares. Pero hay más bancos, que están pasando desapercibidos de sus acciones ilegales, y que las autoridades deben hacer los correctivos del caso.
Por la salud del centro financiero de Panamá, le conviene al gobierno nacional aclarar e investigar a todos los bancos, que participaron en transacciones ilegales, y devolverle la confianza a inversionista nacionales, y extranjeros, porque este centro es pilar de la economía panameña. El Centro Bancario de Panamá, se empezó a consolidar, por la década de los 70, y fue creciendo y ganando prestigio, a pesar, que lo han acusado de ser un paraíso fiscal, el gobierno se ha sacudido de tales aseveraciones, y logrado salir de toda clases de listas, donde lo han colocado. Es menester entonces que las autoridades competentes terminen su trabajo, y garanticen, que tales desgreños, no vuelvan a ocurrir.
(*) Diego Espinosa G. es Docente universitario – Escritor