martes 27, septiembre 2022
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Delito, castigo, impunidad y eso que llaman seguridad ciudadana

«Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley por el hecho de ser justa»

Montesquieu (1689-1755) Filósofo francés.

«No tengo ninguna duda sobre el tema de la Naturaleza de la Sala Constitucional, sino de la escogencia de los magistrados en general, porque es un asunto de naturaleza política. A veces nos incomoda que esto se diga pero es el sistema que escogimos en nuestro país (…) Los partidos políticos deben ponerse de acuerdo para ver a quién escogen como magistrado, a partir de eso tenemos una escogencia política»
Boris Molina, abogado defensor de la FIV.

Por sus orígenes, la palabra delito proviene del verbo latino «delinquere» que se traduce como «apartarse del buen camino, esto es alejarse del camino señalado por la ley». Eugenio Cuello Calón define al delito como una «acción antijurídica, típica, culpable y sancionada con una pena».

Creo que sin meternos a hacer teoría del delito, pues no es el propósito de este artículo, queda clara la definición por lo que, quien incumple consciente y comprobadamente una ley, comete un delito y debe cumplir un castigo entendido como la privación que sufre, proporcional a la gravedad del delito, de los Derechos Humanos que la ley punitiva disponga.

Al Poder Judicial le corresponde la tarea administrar la justicia, conforme a la legislación vigente, en la resolución de conflictos.

Todo este proceso parece, a primera vista, muy sencillo y efectivo: dada la existencia de un sistema jurídico, de convivencia social democráticamente establecido, si alguien lo viola, quien resultare afectado presenta la demanda respectiva ante el Poder Judicial y este, conforme lo dictan las normas que para el caso prescribe ese sistema jurídico vigente, resuelve el conflicto restaurando los derechos a la víctima e imponiendo el castigo adecuado al culpable. Pero en la realidad, este proceso que, reiteramos, parece tan mecánicamente simple y efectivo, resulta tan complicado que muchas y muchos ciudadanos victimizados, prefieren no presentar las demandas a que tienen derecho y, por desgracia, de las presentadas muy pocas van a juicio y solo tres de cada diez de estas terminan convirtiéndose en sentencias finales. Muchos son los factores que entraban hasta la ineficiencia este proceso y que, consecuentemente, generan la existencia de una cada vez más vigorosa impunidad que, indudablemente complota en contra de la seguridad ciudadana, la que todas y todos los habitantes de este país tenemos derecho a disfrutar.

Brevemente señalaré algunos de estos factores que considero más importantes:

Empezando por la génesis misma de nuestro ordenamiento jurídico hemos de recordar que quien lo produce constantemente es, por mandato de nuestra Carta Magna -artículo 105- el Poder Legislativo al que, conforme a ese mismo artículo se lo delega, como facultad de legislar, el Pueblo costarricense, que sólo lo recobra, de manera particularmente restrictiva, cuando logra, mediante un proceso altamente complicado, ejercer su derecho a poner en práctica el referendum «para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución.»  Pero este derecho «no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos y actos de materia administrativa» y, además, «Este instituto será regulado por ley, aprobada por las dos terceras partes de la totalidad de de los miembros de la Asamblea Legislativa»

Esta ley es la 8492, del 9 de marzo de 2006, titulada «Ley sobre la regulación del Referendum», mediante la cual, un referendum convertirá al fin en ley de la República una legítima pretensión de nuestro Pueblo, solamente si esta voluntad popular pasa por un detallado y complicado proceso y «cuando participe por lo menos un treinta por ciento (30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para la legislación ordinaria y un cuarenta por ciento (40%), como mínimo, en los asuntos que requieran la aprobación legislativa por mayoría calificada» (Artículo 4 de esta ley 8492).
Como resalta a la vista, con el timo de la «democracia representativa» que, realmente solo representa a los ricos y poderosos, irónicamente al soberano de toda democracia, el Pueblo, lo excluyen por completo del gobierno y la toma de decisiones realmente importantes.

A lo anterior se agrega que es el Poder Legislativo quien nombra a las supremas autoridades del Poder de la República, que le corresponde aplicar las leyes según lo determina el Artículo 153 de nuestra Carta Magna que plantea: «Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo, y contencioso-administrativas así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario,» Así que, no por casualidad -pues la clase dominante económica, política e ideológicamente en toda «democracia» capitalista debe garantizarse su hegemonía- el artículo 158 de nuestra misma Constitución Política determina que: «Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (órgano absolutamente superior en jerarquía en ese Poder) serán elegidos por un período de ocho años, por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones deberán actuar con eficiencia y se consideraran reelegidos por períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas par períodos completos de ocho años» (Los paréntesis son del autor).

Al Ministerio de Justicia y Paz, órgano absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo, que ya sabemos en qué manos queda, le corresponde, como es conocido, el manejo de las fuerzas de policía acorde a lo que establece la ley 7410 -Ley General de Policía- mediante la cual se garantizará la seguridad pública.

He querido destacar el hecho muy relevante  por cierto, para explicar lo que hoy sucede con nuestra justicia y seguridad, de que ambas están, en sus más importantes cúspides jerárquicas en manos de nuestro Gobierno de la República y que este está, por obra y gracia de la amañada «democracia representativa» que hoy soportamos, en manos, en última instancia de los más rico y poderosos, que son los que, poco menos que a su a su antojo, quitan y ponen a los funcionarios que yacen dominando desde la cima nuestros tres Poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Defensoría de lo Habitantes vía Asamblea Legislativa y a los Aparatos Ideológicos como prensa, radio, televisión, educación, religión, etc, que les sirven, salvo contadas excepciones, como apoyos bien retribuídos por cierto. Esto explica como los grandes delitos económicos como especulación con precios, con intereses y financieros en general, evasión y elusión impositiva, grandes estafas de todo tipo, lavado de grandes capitales, despojo violento de tierras, y un larguísimo etcétera, que, por cierto, generalmente están en la base de tanta injusticia, desigualdad y pobreza en nuestra patria, quedan en su apabullante mayoría ocultos  o impunes por completo pues, además de que las leyes, como vimos, son hechas a su antojo por las y los diputados que, en su mayoría son fichas de los «ricos y poderosos», lo que garantiza que la legislación que producen proteja, en última instancia -y con los portillos que adrede se dejan- los intereses de esa plutocracia gobernante, el Poder Judicial y todos sus órganos encargados de aplicar esa legislación también están, en sus estratos superiores, en manos de los cómplices de la argolla hegemónica que, por otra parte, tiene acceso a contratar sin problemas, las oficinas de abogados que cuentan con más recursos humanos y técnicos para defenderse, en caso de que alguien ose retar jurídicamente su poder. He de destacar, eso sí, el esfuerzo que hacen los empleados de base de este Poder y gente honesta que yace sirviendo a nuestro Pueblo dentro del resto de nuestro Gobierno Nacional pero que no poseen el músculo legal suficiente para que, en efecto, se pueda dar una justicia realmente pronta y cumplida.

Por otro lado tenemos a la gran mayoría de nuestro Pueblo que, en medio de una sociedad de clases signada, como hemos visto, por profundas desigualdades e injusticias de todo tipo y, a pesar de que también mayoritariamente procura con su trabajo -cada día más escaso y peor remunerado- ganarse al menos los recursos que le permitan sobrevivir con su familia dignamente, padece crecientemente de todo tipo de limitaciones reales a las que se agregan las artificiales creadas por la cada día más sofisticada y eficiente propaganda que lo incita constante y obsecadamente a  satisfacer, cueste lo que cueste, el consumismo que le imponen, para esclavizarlo al «libre» mercado vigente. A estas presiones se le agregan la evidente indemnidad ante las leyes de que gozan los grandes ricos nacionales y transnacionales «demasiado grandes para caer» como cínicamente lo predican sus voceros oficiales y, bajo el lema consciente o inconsciente de «si ese lo hizo y nada le pasó ¿por qué no voy a intentarlo?», un número aún pequeño pero peligrosamente creciente de ciudadanos delinquen saliendo algunas veces bien  librados, otras con algún tipo de sanción menor y pocas veces con rigurosas penas a cumplir.

Otro sector de nuestra sociedad, que la macabra lógica segregacionista capitalista neoliberal ha condenado casi hereditariamente y de por vida a toda clase de limitaciones y miserias, que podría clasificarse, en el lenguaje marxista de lumpenproletarios -parte de la clase obrera que queda por fuera del proceso de producción y socialmente marginada-, es aquel, cada día mayor de nuestra sociedad, que por su ancestral pobreza, y su consecuente carencia de adecuada preparación y apoyos reales del resto de su entorno social, se integra fácil y participativamente al hampa que le rodea constituyéndose rápidamente en los maleantes que asaltan personas, casas de habitación establecimientos comerciales, trafican drogas. practican el sicariato y, en fin, conforman la información diaria de los espacios de sucesos que difunden sus correrías y crímenes todos los días en nuestros país. Por cierto que estos delincuentes y sus sórdidas «hazañas» son empleadas en buena medida por la plutocracia supra mencionada para, al difundirla día a día por sus medios de «comunicación», mantener a la gran mayoría de nuestra población trabajadora, honrada y cumplidora fiel de las obligaciones tributarias que nuestra legislación fiscal impone, totalmente distraída y atemorizada, lo que le impide ver a la real y poderosamente delincuencial argolla económico politiquera, robarse cotidianamente los recursos realmente valiosos de nuestro País, evadir impuestos y explotar impunemente a nuestro Pueblo.

Así las cosas, la tan cacareada seguridad ciudadana resulta tan manipulada que sirve exactamente para todo lo contrario de lo que según su título debiese servir pues, lo que realmente hace es proteger muy eficientemente a una minoría nacional e internacional que se roba tranquilamente los grandes recursos que el Pueblo genera y al que legítimamente le pertenecen, mientras que hace caer muy efectivamente por cierto, toda la represión ideológica -psicológica, «educativa», mediática, jurídica, religiosa, política, etc- y, frecuentemente física, sobre la inmensa mayoría ciudadana, compuesta entre otros por trabajadores y empresarios honestos, responsables y cumplidores de nuestras obligaciones tributarias y jurídicas en general.

En fin, creo que la convivencia humana libre de delitos, de castigos, de odiosas impunidades y en medio de una real y tranquila seguridad ciudadana, solamente se alcanzará cuando, hartos de tanto sufrimiento, cambiemos el vigente sistema económico-social capitalista neoliberal genocida y naturicida, por el «Comunismo Ecologista», caracterizado por la convivencia humana mutuamente respetuosa, organizada en base a la cooperación, la solidaridad, la fraternidad, la auténtica democracia -gobierno del, por y para el Pueblo- la verdad, la justicia y el auténtico desarrollo integral para todas y todos en dialéctica relación mutuamente respetuosa con la naturaleza. Mientras ese nivel de avance cultural se logra, mucho ayudaría el establecimiento de un sistema jurídico determinado por un Poder Judicial totalmente autónomo y cuyos magistrados supremos sean electos libremente por el Pueblo, pocas leyes, muy claras, con procedimientos para aplicarlas también muy simples y transparentes con -en el caso costarricense- un Organismo de Investigación Judicial rigurosamente científico en su quehacer, con fiscales muy bien preparados y defensores públicos probadamente eficientes y al servicio de de toda la ciudadanía, tribunales de justicia conformados por verdaderos especialistas en derecho penal y, totalmente imparciales, que emitan sentencias objetivas tendientes, por un lado, a restaurarles, aumentándolos incluso en la medida de lo posible, sus originales derechos a las víctimas para reivindicarlas plena y exaustivamente y, por otro, a los victimarios, de manera tal que las penas sean realmente justas en las que se emplee, únicamente en casos muy extremos, las cárceles, sitios en los que los privados de libertad gocen de los demás Derechos Humanos, trabajen y reciban, de las mejores fuentes, todo el restante proceso reformatorio.
La policía debe tener como única meta, respetando siempre en todas sus acciones los derechos ciudadanos, mantener la seguridad real de las y los habitantes de nuestra República sin hacer discriminaciones políticas, religiosas, étnicas ni de cualquier otra índole.
(*) Luis Ángel Salazar Oses es profesor de Filosofía Sede Occidente UCR.

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