El sueño del poder ciudadano

El concepto de poder ciudadano es uno tomado de la ciencia política, relativamente actual, que hace referencia a la concepción de que todos los ciudadanos que forman parte de una nación deben ver cumplidos sus derechos, sobre la base de que el poder radica en el pueblo. El concepto se utiliza usualmente en relación a los derechos de tipo político que deberían permitirles a los ciudadanos no sólo elegir a sus representantes, sino también controlarlos y llevar a cabo los diferentes procesos para enjuiciarlos y destituirlos en el caso de que sea necesario. Sin embargo, esto queda a nivel de los sueños teóricos.

La concepción del poder ciudadano se opone a la realidad de que los políticos, elegidos para un  cargo público, y que llegan a él representando a un sector de la población,  luego en el poder solamente se preocupan de cumplir sus deseos personales o gremiales, aun cuando si estos traicionan las promesas que hicieron en época de campaña. Y siendo que en la mayoría de los países es esto lo que sucede, la ilusoria noción del poder ciudadano, que es la que establece que es el pueblo el que puede ejercer el derecho a controlar y cambiar a sus gobernantes si así lo considera necesario, queda solamente en los libros de texto.

El problema que impide hacer realidad este derecho radica en que la legislación electoral elaborada a través de los años por esos mismos políticos elegidos, pone trabas de toda índole al ejercicio del poder ciudadano tal y como se le concibe en la teoría.

Pongo un ejemplo. Supongamos que un diputado comete un delito, en cualquiera de sus dos niveles, el que está consignado y penado en los códigos, o el que atenta contra los principios básicos de la moral y la ética, como sería el de violencia doméstica. Una vez comprobado el hecho el pueblo no posee mecanismo alguno para despojarlo de su cargo como legislador. Solamente en el caso de que el diputado renunciara a la inmunidad, que es un invento creado especialmente para ello, podría seguirse el curso legal para sancionar la falta, pero no la destitución del cargo.

Este es una de las múltiples manifestaciones de la deformación del poder ciudadano inferida por los mismos políticos a un derecho básico y fundamental, a través de los alambicados procedimientos se  establecen en la legislación electoral.

En algunos pasajes de “El príncipe” de Maquiavelo, se veía que el príncipe tenía el poder y tenía la autonomía suficiente para gobernar a sus súbditos, produciéndose una dependencia de los súbditos al poder. Produciéndose de esa forma una distancia cada vez mayor entre la participación política de los ciudadanos y los gobernantes. La nueva idea de libertad tiene entre otros objetivos liberar al hombre de la fuerza del poder, siendo éste independiente del mismo.

La democracia indirecta (que es la que tenemos en Costa Rica) es un sistema de gobierno muy joven, ya que cuenta con no más de doscientos años en las sociedades occidentales y menos incluso en algunas sociedades orientales. La democracia indirecta se basa en la idea de que los ciudadanos eligen a sus representantes, quienes deberán gobernar por su elección llevando a cabo los proyectos, modelos y programas prometidos. Esto hace que la relación sea indirecta ya que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Es decir, no existe un poder ciudadano directo en ejercicio.

La idea del poder ciudadano surge en el mismo momento en que surge la democracia y es entendido como la prerrogativa que tienen los ciudadanos para elegir a alguien pero también para quitarlo del poder. Así, es el pueblo el que entrega su poder a uno o varios representantes y por lo cual también debería estar habilitado para quitárselo si esa persona no cumple con lo prometido o utiliza la función pública para beneficio propio. Hay diversas medidas y acciones que constan dentro de la noción de poder ciudadano y lo que se busca resignificar no es sólo el momento del voto o sufragio si no entender que el poder ciudadano recae sobre el pueblo de manera permanente.

Pero el proceso está viciado desde el principio, porque, por ejemplo, en el caso de los legisladores,  no es el ciudadano quien lo elige, sino que viene impuesto en una lista elaborada por el partido político, y no tienen los ciudadanos manera alguna para oponerse a la designación de uno o varios de ellos, aunque sean unos pillos redomados o unos delincuentes ya acusados en el pasado. Esto le hemos podido constatar en varias legislaturas seguidas.

Este concepto incorpora otro, cual es el de ciudadanía. Se denomina ciudadanía a la pertenencia a una determinada comunidad política. Es decir, la ciudadanía es lo que expresa la pertenencia de un individuo en una sociedad dada en la que por supuesto participa activamente en todos sus niveles. En occidente por ejemplo el ciudadano dispone de una serie de atributos legales y al mismo tiempo integra la comunidad política de la nación en la cual participa.

El ser un ciudadano de tal o cual territorio implica tener desarrollado el sentimiento de pertenencia y de identidad de ese lugar geográfico y en el cual, claro, se interactuará socialmente con responsabilidad y disponiendo de derechos y respetando las obligaciones pertinentes que surjan de ese status.

La ciudadanía otorga una serie de derechos y obligaciones que deben ser respetados. Entre los derechos puede citarse el derecho a votar y elegir a las autoridades que se consideren pertinentes, como asimismo participar de cualquier bien que se derive de la participación comunitaria. Entre las obligaciones puede citarse, a modo de ejemplo, la obligación de pagar impuestos; puede resumirse este aspecto en el cumplimiento de la ley en general. Es decir, la libertad es un concepto que se presenta bajo ciertas restricciones en la realidad.

Pero el ciudadano existe, desde este ángulo, cuando existe la libertad. Y si lo que importa es el reconocimiento de la libertad, la sociedad tiene que garantizar el ejercicio de esa libertad. Según Rousseau la pérdida de la libertad natural suponía la ganancia de un tipo concreto de libertad, la llamada libertad convencional que reconocía el derecho de todo individuo a ejercer su libertad dentro de los marcos legales. Lagaz Lacambra dice en su obra “Filosofía del derecho” que la libertad que se gana en la sociedad es el reconocimiento jurídico de mis derechos como sujeto dejando un margen lo que este autor llama libertad existencial. Concretando la libertad existencial en libertad jurídica. Por consiguiente se produce una equiparación entre los derechos y las libertades siendo el ejercicio del derecho el disfrute de mis libertades. La consecuencia de esta libertad jurídica es que al individuo no se le puede impedir nada que no esté ya prohibido en la ley.

Algunas personas confunden ciertos términos en sus expresiones cotidianas, y muchas veces utilizan el concepto de masa de forma equivocada, confundiéndola con ciudadanía cuando la idea de masa es la idea de algo indeterminado, es decir, de una realidad donde se da una ausencia de forma si aplicamos este concepto a la realidad. Si nos damos cuenta de que existe una dicotomía en toda sociedad cuyo fundamento es el pensamiento moderno, por un lado están los individuos, únicos sujetos capaces de libertad y de derechos y por otro está el colectivo que se entiende en sí mismo a su vez como un sujeto único.

De esta forma en la sociedad se va a dar la existencia de grupos o colectivos cuya identidad viene determinada por aquello que de suyo pretenden tener en común. Estos colectivos se convierten en masa cuando no se dan principios claros y evidentes que lo configuren o cuando se produce una manipulación de la identidad.

La necesidad de ordenar la sociedad para hacer posible la vida real del hombre es lo que genera el conflicto más evidente entre la libertad y la sociedad. Como muy bien la señalado Burke si la libertad se entiende en abstracto no existen problemas, es más, todos la amamos. Ahora bien la necesidad de concretar cómo se ejerce la libertad en la sociedad es que va a originar los problemas entre el individuo y la sociedad.

En este sentido la realidad que más sufre este conflicto son las costumbres y la tradición características siempre propias de una sociedad. Si la solución a este conflicto es la ley y la necesidad de todos seamos iguales la única posibilidad es reducir la vida de los individuos a dos ámbitos.

Por un lado están libertades públicas que tienen dos casos: mis deberes como ciudadano y la libertad que se tiene para participar si se quiere en las deliberaciones públicas (políticas). El segundo ámbito de libertad es el ámbito de mi ser, de lo que quiero hacer, donde cada uno decide cómo van a realizarse. Es el ámbito de lo privado o de la intimidad del sujeto, donde solo existen una norma: lo que yo quiera. ¿Cómo logramos estructurar de una forma ordenada de los dos ámbitos? A mi juicio en la libertad moderna no es posible una estructuración, sino que existirán ámbitos donde el conflicto se van a dar.

Conflictos entre lo privado y lo público, entre el yo individual y el yo colectivo. El concepto clásico se sitúa en un hábitat que hace posible la libertad mientras que en el segundo la libertad no tiene que situarse en ningún lugar sino que es la característica fundamental del sujeto. La libertad negativa se diferencia a la libertad de sentido positivo en que fundamentalmente contrapone voluntades entre los distintos sujetos. Por un lado está la voluntad de un individuo que choca con la voluntad de otro.

Las contraposiciones individuales y que luego se convierten en grupales cuando los ciudadanos se adhieren a una forma de pensar o de otra, es en el fondo lo que impide el ejercicio del poder ciudadano, tal y como es concebido teóricamente. Y esta debilidad es la que está inmersa en los trucos que impiden el ejercicio de este derecho por parte del ciudadano y que se esconden la legislación electoral de muchos países.

Así pues, si analizamos el ejercicio del poder ciudadano en nuestro país, concluiríamos que el mismo es absolutamente simbólico. Es un sueño teórico que nunca llega a plasmarse en una realidad observable, pues aun las elecciones que realizamos para la escogencia de gobernantes y legisladores están plagadas de vicios y engaños a los mismos ciudadanos, teóricos depositarios del poder. Decenios de tramafulas jurídicas impulsadas por los partidos políticos para coartar el poder ciudadano, y que esta plasmadas en la legislación vigente, han convertido en un sueño el poder ciudadano.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría