viernes 30, septiembre 2022
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Mandato de grupo de CIDH en caso de 43 jóvenes acaba en abril, reitera México

México, 29 mar (EFE).- El Gobierno mexicano reiteró que el mandato de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace 18 meses concluye a finales de abril.

En declaraciones a Radio Fórmula, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, descartó una nueva prórroga como han demandado los padres de las víctimas y pidió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) «acelerar el trabajo que vienen realizando» en el mes que les queda.

El ministro destacó la importancia de llegar a conclusiones respecto de «los nuevos caminos» en la investigación que el grupo de expertos planteó desde septiembre pasado.

El Gobierno les «ha dado todas las facilidades, (…) absolutamente todo lo que han solicitado para seguir adelante con la investigación de este hecho tan lamentable» y «conocer la verdad respecto de lo sucedido», afirmó Osorio.

De acuerdo con la versión oficial, los 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.

Sin embargo, el GIEI concluyó en septiembre pasado que no hay evidencias que apoyen esta hipótesis, y pidieron la apertura de nuevas líneas de investigación.

En múltiples ocasiones los expertos han demandado entrevistar personalmente a un grupo de militares del Batallón 27 con sede en Iguala que presenciaron los hechos, pero el Gobierno respondió que dicho interrogatorio debe ser realizado por el Ministerio Público en el marco del proceso penal.

Al cumplirse 18 meses de la tragedia, el vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz, pidió al Gobierno que, al no haberse producido los avances deseados en el caso, se prorrogue el mandato del GIEI.

El grupo comenzó a trabajar en el caso en marzo de 2015 en virtud de un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el Gobierno mexicano y los familiares de las víctimas.

Tras vencer el periodo de seis meses otorgado a los expertos, las partes acordaron ampliar el mandato hasta abril y transferir la investigación de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido) a la de Derechos Humanos. EFE

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