lunes 26, septiembre 2022
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En Guatemala la gente es el freno a la violencia, discriminación e impunidad

Guatemala, 30 mar (EFE).- En un escenario en el que Guatemala desacata decisiones judiciales es «la ciudadanía la que tiene que exigir el fin del ciclo de violencia, impunidad y discriminación» que lastra el desarrollo del país, dice a Efe una experta del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Es la sociedad la que tiene que «alzar» su voz contra esta lacra, igual que lo hizo en los últimos meses contra la corrupción del Gobierno de Otto Pérez Molina, señala en entrevista con Efe la directora del Cejil para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz.

Solo así, el país podrá romper el círculo violento que lo desangra: 16 personas son asesinadas cada día en Guatemala, una de las naciones más violentas del mundo.

Este mismo mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluyó a Guatemala en la «lista negra» de países donde las violaciones de derechos humanos requieren una «atención especial».

Un «llamado de atención muy fuerte», en palabras de Aguiluz, ante los problemas estructurales «en materia de justicia, seguridad ciudadana, marginación y discriminación que afectan seriamente el disfrute de los derechos humanos».

En su informe sobre Guatemala, la CIDH denunció que los pueblos indígenas aún padecen «formas contemporáneas de esclavitud», cuyo fin es la explotación económica: un conflicto entre multinacionales y el Estado con las minorías indígenas por los recursos naturales que se ha traducido en una militarización de estas zonas.

Casos como el asesinato de la defensora de derechos humanos y dirigente indígena hondureña Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo, han sido leídos en la región como una ‘amenaza’ para todos los que se oponen a un «determinado modelo de desarrollo» impulsado por los grandes grupos de poder político y económico con la connivencia del Gobierno, denuncia Aguiluz.

Para solventarlo, arguye la responsable de la Cejil, las autoridades deberían respetar el «principio de autodeterminación» de las comunidades indígenas y acatar las resoluciones de la CIDH, algo que hasta la fecha no está ocurriendo.

El cambio de Gobierno, apunta Aguiluz, abre la «esperanza» a un cambio de actitud, aunque hasta la fecha las «señales» enviadas, como la vuelta al discurso de la pena de muerte para frenar la violencia de las maras, son observadas por la Cejil con «preocupación».

Las políticas de «represión» contra estas bandas no han funcionado; la pregunta, señala la experta, es «¿por qué los jóvenes prefieren unirse a las pandillas y no acudir a la escuela? y la respuesta pasa por la prevención, por la educación y el rescate de «espacios públicos» para la sociedad.

Son estas medidas preventivas, junto con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 1996 y el respeto a la memoria de las víctimas, las prioridades para que Guatemala pueda dejar tras de sí el ciclo de «violencia, discriminación e impunidad» en el que se está ahogando.

«Se necesita Justicia», subraya Aguiluz en alusión a los casos que recientemente se están juzgando en el país centroamericano por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Uno de ellos es el de Sepur Zarco, que condenó a dos militares retirados por someter a esclavitud sexual a once mujeres indígenas durante la guerra.

Dos décadas después de los Acuerdos de Paz, muchos de estos pactos no han sido cumplidos y las minorías étnicas siguen siendo «oprimidas» y «discriminadas»: las cifras de desnutrición, que rondan el 46 %, se disparan en las zonas indígenas al 65 o 70 %, llegando incluso al 90 % en departamentos como el de Huehuetenango.

Las autoridades, afirma la responsable de la Cejil, tienen una «responsabilidad» en esta situación: «Si el Gobierno no replantea verdaderas políticas públicas para abordar causas estructurales el país no va a poder salir de la crisis en la que se encuentra». EFE

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