martes 31, enero 2023
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Nuevo estudio deja pendiente resolución del caso Ayotzinapa

México, 1 abr (EFE).- Seis expertos concluyeron este viernes que al menos 17 personas fueron incineradas en un basurero en el sur de México y anunciaron más pruebas para corroborar si los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 pudieron ser quemados allí, dejando en suspenso la resolución de un caso que ha mantenido al país en vilo.

Ricardo Torres, portavoz del grupo que realizó un nuevo peritaje del lugar, señaló hoy que hay «evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones» en el basurero del municipio de Cocula, en el sureño estado de Guerrero.

Asimismo, añadió, la recolección de restos óseos «permite determinar que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar».

En un mensaje a la prensa, Torres destacó que el grupo puede establecer si hubo «una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos», solo a través de «una prueba a gran escala».

Por ello, el grupo acordó «realizar más pruebas las próximas semanas con el propósito de corroborar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos adultos». Los resultados de estas pruebas, informó, «serán dados a conocer en su momento».

El grupo está integrado por seis expertos en fuego de diferentes países, entre ellos el peruano José Torero, quien hizo un peritaje previo a solicitud del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asistir en las pesquisas del caso.

En ese estudio previo, Torero concluyó que es imposible que los 43 jóvenes fueran incinerados en el basurero, contradiciendo la versión oficial presentada por el Gobierno a principios de 2015.

Según dicha versión, rechazada por los familiares de los desaparecidos, los jóvenes fueron detenidos por policías en el municipio de Iguala y entregados la noche del 26 de septiembre de 2014 a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en el basurero de la localidad vecina de Cocula.

Otro estudio realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que participa en las investigaciones a petición de los padres de las víctimas, reveló en febrero pasado la falta de consistencia «entre la evidencia científica y testimonial».

En Cocula no se rescató ninguna evidencia «biológica ni no biológica» que demostrara que hubiera una incineración en masa de la magnitud y la duración requeridas, afirmó entonces el equipo argentino.

El nuevo peritaje internacional fue realizado en cumplimiento de los acuerdos alcanzados por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) y el GIEI el 20 de octubre de 2015 durante la audiencia pública del caso efectuada en la sede de la CIDH, en Washington, y se esperaba que zanjara definitivamente las discrepancias.

Sin embargo, las conclusiones divulgadas hoy, que refuerzan la cuestionada versión original de la PGR, y la necesidad de realizar más pruebas mantienen la incertidumbre respecto a lo ocurrido en septiembre de 2014 a los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa.

En declaraciones a Efe, el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, consideró hoy «irresponsable» fijar de inmediato una postura sobre un «tema sumamente delicado» sin hacer un análisis «exhaustivo y minucioso» del nuevo dictamen.

Estimó que el lunes próximo estarán en condiciones de «revisar el expediente» para emitir una posición.

Rosales lamentó que se anunciara públicamente el resultado del nuevo peritaje, que es de un «gran impacto» para los padres de las víctimas, «vulnerando» el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de informarles previamente de surgir datos sensibles en torno al caso.

«Nosotros no supimos nada», declaró el letrado, quien comentó que los familiares se enteraron de que la fiscalía recibió la noche de este jueves un sobre cerrado con el resultado del nuevo peritaje por un comunicado emitido por esa institución.

Dicho sobre fue abierto hoy en una reunión a la que asistió el GIEI, tras la cual el portavoz del grupo que hizo el nuevo estudio leyó sus conclusiones en un mensaje a la prensa convocado por la PGR.

El GIEI va a «estudiar el dictamen» porque hay cosas que «un poco no cuadran con los que ellos tienen», puntualizó Rosales.

Poco después el GIEI, cuyo mandato termina a fines de abril, emitió un comunicado en que denunció la violación por parte de la fiscalía de los acuerdos sobre la forma de divulgar el resultado de un nuevo peritaje.

Por ello, el GIEI indicó que reconsiderará su trabajo en función de las acciones de la PGR, «y llevará a cabo las acciones que considera necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso». EFE

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